La trama Gürtel, OHL, Luis Bárcenas o la operación Cataluña son algunos de los asuntos con los que el comisario jubilado José Manuel Villarejo mercadeó durante los años que estuvo en la prisión de Estremera. La Fiscalía Anticorrupción identificó hasta un total de 50 documentos que su emisario, el abogado Alfonso Pazos, ofreció a letrados, periodistas y políticos a cambio de dinero. Se trata de información en muchos casos protegida por la Ley de Secretos Oficiales en la que se apoyó el espía para tejer esta red de compraventa de documentos que acabó precipitando la detención de su mujer, Gemma Alcalá, el pasado mes de octubre.

Así lo acredita Anticorrupción en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y que recoge los correos que Pazos envió desde finales de 2019 hasta semanas antes del estallido de esta operación. Los fiscales de la causa atribuyen al entramado los delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de los documentos y explican que la finalidad de esta pieza vigésimo octava del caso Tándem es identificar a los receptores de todo este material que estaría clasificado como secreto oficial. Así, y medio año después de la apertura de esta línea de investigación en julio, acreditaron un total de siete encuentros de Pazos con terceras personas identificadas en estos papeles además del envío de medio centenar de documentos.

El abogado, que también está imputado en la macrocausa Tándem, compartió módulo y prisión con el comisario jubilado. Las actas de vigilancia acreditaron que este antiguo militar aprovechó sus permisos penitenciarios para contactar con sus destinatarios, aunque no consta que en las citas entregara el material ofrecido. El avance de la investigación terminó impulsando registros simultáneos en los domicilios de Pazos y su pareja, además de la casa familiar de Villarejo y la celda en la que entonces cumplía prisión provisional. Como resultado, los agentes acreditaron los vínculos de Pazos con un letrado de Sevilla al que envió ocho correos con una veintena de documentos pdf que llevaban por concepto 'Roca', Gurtel' y 'OHL'.

Entre los objetivos de la trama también se encontraban periodistas. En agosto del año pasado, cuando el procedimiento ya sumaba más de una veintena de piezas, el emisario del agente encubierto envió otros cuatro documentos más a un freelance con información sensible del Centro Nacional de Inteligencia, el Líbano y Sudamérica. De hecho, uno de los escritos remitidos llevaba por título 'Orgías Colombia y otros'. También en esas fechas remitió una decena de informaciones a otro periodista que guardaban relación con el CNI o con parte de esta macrocausa. En concreto, Pazos le hizo llegar un documento bautizado como pieza Taja. Se trata de una carpeta que Asuntos Internos identificó hace aproximadamente un año y de la que nada se había sabido en todo este tiempo de instrucción.

'Operación Fari' contra Juan Carlos I

La misma estaba relacionada con la operación Cataluña que se impulsó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y contenía información clave de colaboradores de la Policía, así como el pago en billetes de 500 euros que recibieron de los fondos reservados del Estado. El magistrado Manuel García Castellón terminó apartando toda esta documental de la causa al estar protegida por la Ley de Secretos Oficiales pese a que el propio Villarejo ha solicitado en numerosas ocasiones acceder a ella alegando que quiere cotejar si es la original porque sospecha que se manipuló tras su incautación. Pazos también trasladó a su interlocutor material con el nombre 'Sepblac-Podemos' además de notas que guardó el comisario de su etapa como funcionario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. "Las notas informativas (NI) como estas ni se firman ni se les da entrada en el registro general. Sirven para hacer inteligencia, de eso que le falta a nuestros dirigentes", apostilló el abogado.

En otra de las comunicaciones le hacía partícipe de la operación Fari. Aunque no da más detalles al respecto, Pazos se refiere a un operativo que se habría impulsado dentro de la propia Familia Real contra Juan Carlos I, tal y como informó Nius. El abogado implicó en este asunto al entonces director general del CNI, Félix Sanz Roldán, quien Villarejo identifica como su principal enemigo desde el arranque de esta causa en octubre de 2017. El comisario se amparó en las afirmaciones de Corinna Larsen, la que fuera amiga íntima del Emérito, y que apuntaban a la Casa Real. La consultora alemana también figura entre toda la documental que la red vendió en plena investigación penal. Según consta en el documento de Anticorrupción, Pazos trasladó a su confidente la declaración jurada que hizo contra Sanz Roldán y el CNI, a los que acusó de amenazas y persecuciones cuando rompió su relación con el Emérito en 2012.

"Información jugosa de PP, PSOE y Podemos"

A todo se le añade información relativa a Luis Bárcenas. Bajo el título de 'Actividades de LB', Pazos trasladó información del extesorero del Partido Popular fechada en julio de 2013. En ese año se impulsó una operación parapolicial para sustraer al también exsenador documental clave que atesoraba del PP relacionada con la trama Gürtel. Se trata de un operativo que el propio Villarejo bautizó con el nombre de Kitchen y que se investiga en otra de las piezas de esta macrocausa. Con todo, además de abogados y periodistas, la red tanteó el ámbito político. "Por cuestiones de destino comparto cárcel, módulo y muchas horas con José Manuel Villarejo. Sí, el comisario. Está un tanto harto de tanto hijo de puta como anda suelto mientras él se pudre en prisión. Te mando un adelanto para que sepáis que está dispuesto a llevarse por delante a quien sea. Díselo a tus jefes de partido. Lo que quieran. Información jugosa del PP, del PSOE o de Podemos, o si quieren darle la puntilla a Ciudadanos", escribió Pazos a su interlocutor.

Un día después le adjuntó 14 documentos que comprendían notas de la familia Pujol, declaraciones sin identificar y manifiestos de antiguos DAOs de la Policía. La Fiscalía expuso que se trata "indudablemente" de material al que accedió en el marco de sus funciones de información de inteligencia policial y que es información clasificada puesto que alude a las técnicas empleadas en la lucha contra la delincuencia organizada así como las fuentes de las que se valieron. Los agentes implicaron en el operativo a la esposa de Villarejo al considerar que actuó de enlace mientras éste estuvo en prisión. Alcalá fue una de las detenidas en el operativo de octubre tras el cual fue interrogada en la Audiencia Nacional. En los siguientes meses el magistrado llamó a declarar a los testigos implicados en el asunto y, tras ello, levantó el secreto de sumario decretado en esta pieza. A comienzos de año incluso dio traslado al CNI de audios y escritos secretos que afectaban a mandos policiales y al centro de inteligencia.