La Asociación Pro Guardia Civil, que integra principalmente a mandos del Instituto Armado, ha emitido un duro comunicado titulado "Sin vergüenza, sin cabeza", en el que acusa al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por obedecer las órdenes de la juez al frente de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid y la autorización de la manifestación del 8-M en plena pandemia del la covid-19.
"Al coronel Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la Juez. Digan lo que digan. Es más, en un alarde de despotismo, así se ha trasmitido en el entorno del Cuerpo. Quizás quiere alguien que sirva de aviso a navegantes. Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente. Ya tenemos antecedentes en una situación similar, y con otro coronel", dicen en alusión al cese en su día del máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Corbí, también por pérdida de confianza.
Según explican "se abrió una investigación judicial por los acontecimientos del 8-M, la juez designó a un equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que dirige el Coronel, con órdenes estrictas, entre ellas la más absoluta confidencialidad y objetividad". "Digan lo que digan, el cese no tiene nada que ver con la seguridad del domicilio del Vicepresidente del Gobierno. Nada. O que lo demuestren. Al ministro sólo le decimos que no todo vale en la vida", zanjan.
Por último, advierten "a los máximos responsables del Cuerpo con capacidad de interlocución con los responsables políticos, que un subordinado exige a su jefe, lealtad, al precio que sea, y esa lealtad exige la defensa del subordinado cuando no haya hecho más que cumplir con sus obligaciones. Los barcos antes que la honra. Defendemos al Coronel Pérez de los Cobos, como lo seguiremos haciendo con todos los guardias civiles que sean tratados de un modo injusto y partidista".
Las razones que alega del Ministerio del Interior son pérdida de confianza. Fuentes conocedoras de la decisión enmarcan el cese en el malestar que provocó en Interior no haber tenido conocimiento previo del juzgado del informe remitido desde la unidad orgánica de policía judicial de su Comandancia al juzgado que investiga al Delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8-M días antes de declararse el estado de alarma por la pandemia. El afectado fue informado de su cese este domingo por la noche, precisan las fuentes consultadas, que consideran inaceptable que la Guardia Civil tenga que informar de sus pesquisas judicializadas a los responsables del Ministerio
A finales de marzo, la juez que investiga las posibles responsabilidades en la organización de la manifestación de Madrid encargó una serie de diligencias a la Guardia Civil. Entre otras cosas, pedía que un atestado sobre el "curso dado" al informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades para conocer qué órgano oficial español recibió dicho documento, qué difusión se hizo del mismo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.
Ese informe, elaborado seis días antes de la manifestación del 8-M ya desaconsejaba las manifestaciones por el riesgo de propagación del virus. El director del centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, es uno de los representantes de España en ese organismo europeo. La magistrada también quiere saber si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las concentraciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna.
Por último, la juez instructora pide también una relación de todas las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno para ver si llegaron advertencias sobre las consecuencias sanitarias y si éstas fueron valoradas o analizadas. A esto añade, recabar la posible información que se pueda incorporar sobre si autoridades competentes, promotores de las manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, avisaron de los posibles riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las concentraciones, "de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro", y si suministraron medidas de prevención a los manifestantes, como guantes o mascarillas u otras.
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