Los seis indicios con los que la Guardia Civil apunta a Franco

El último informe de la Guardia Civil remitido a la juez que investiga en Madrid la autorización de manifestaciones antes del estado de alarma como la del 8-M incluye al menos seis indicios que los investigadores consideran relevantes. Apuntan al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, único investigado en la causa por un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la marcha feminista, entre otras.

Esta serie de pruebas aportadas por la Guardia Civil contradicen la versión ofrecida por el delegado, quien defiende que no tuvo conocimiento de advertencias sobre el riesgo de contagio del coronavirus hasta que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo. El capitán y el teniente de la Comandancia de Madrid que firman el informe consideran en cambio que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación tenían conocimiento de "los riesgos relacionados con la covid-19" desde "mediados de febrero".

1. Control de pasajeros

La Delegación del Gobierno conoció a principios de año los protocolos para control de pasajeros en frontera por covid-19. La directora del área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en Madrid, Teresa Azuara, reconoció en declaraciones a la Guardia Civil que, dentro de sus competencias en sanidad exterior, tuvo conocimiento "en diciembre o enero" de instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad acerca de países de riesgo por covid-19 "a fin de que pudieran realizar un control en frontera respecto de las personas que accedieran a España".

Según el análisis realizado por la Guardia Civil de las declaraciones obtenidas del personal del departamento de Sanidad de la Delegación comandada por José Manuel Franco, cabe destacar la "prontitud con la que los responsables del Ministerio de Sanidad apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados del covid-19", según reza el informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel. Puntualizan, eso sí, que el trato del personal del área de Sanidad con el Ministerio es habitual y directo y no requiere la participación de la cúpula de la Delegación del Gobierno.

Sobre los riesgos procedentes de países contagiados también habló ante la Guardia Civil Ana María Sáenz de Urruti, jefa del Área de Sanidad, señalando que se circunscribían ya en diciembre de 2019 a Wuhan (China) y que por ello en enero y febrero recibieron el protocolo de actuación del Ministerio de Sanidad que establecía "las funciones a realizar en el caso de recibir aviso de llegada de un pasajero de la mencionada región China que tuviera síntomas".

2. Llamadas por primera vez

Funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid admitieron ante la Guardia Civil que hasta este año nunca habían tenido que llamar a promotores de manifestaciones para instarles a que las desconvocaran, tal y como hicieron a partir del pasado 11 de marzo debido a la pandemia de coronavirus. Según explicaron los funcionarios, a partir del 11 de marzo empezaron a llamar a promotores de manifestaciones por la evolución de la pandemia de covid-19, todo por orden de jefe del servicio de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez Gracia.

Este cargo, a su vez  declaró que se lo había comunicado su superior, José Luis Correas, jefe del servicio de la misma unidad. Sánchez Gracia "supone" que Correas despacharía con Franco al respecto, pero no lo sabe, según destaca el informe.

3. Un protocolo desde febrero

El documento de casi 300 folios considera acreditada la existencia de recomendaciones concretas a los trabajadores de la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de la covid. Se basan en que en febrero de 2020 se distribuye de manera masiva por correo electrónico un protocolo emitido por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, así como el alojamiento del mismo en la intranet de la Delegación.

Los investigadores concluyen que esto “hace considerar el conocimiento de todos de su contenido en el que destacan medidas de higiene y distanciamiento social". Para elaborarlo, apuntan, se apoyaron en documentos emitidos por organizaciones internacionales como la OMS y el Ministerio de Sanidad.

4. Se permitió por no alarmar

Un funcionario de la Delegación del Gobierno en Madrid dice que se permitió la celebración de la manifestación del pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer para "no alarmar" a la población y para evitar tener que "parar todo lo demás", por los efectos económicos que pudiera tener.

Así se desprende de la diligencia de la comparecencia de un técnico del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Afirmó que en los días anteriores al 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria, "faltaba conocimiento sobre la tasa de hospitalización, no se informaba de ello" e indicó que "hubo una estrategia de 'no alarmar' a la población" que, en su opinión, consiguió que "no se concienciara y no se protegiera".

El testigo concretó que en esas fechas "hubo muchas notificaciones y medidas contradictorias, que crearon confusión y mayor riesgo a la población. Al final, el 'no alarmar', ha provocado justo lo contrario". Añadió que "en España se ha pecado mucho de soberbia y al final ha sido muy perjudicial".

5. Otra manifestación el 19 de marzo

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid señala que la Delegación de Gobierno "no se opuso" con fecha de 12 de marzo a la celebración de una manifestación convocada para el 19 de marzo, a pesar de que para entonces ya había conocimiento de los riesgos.

Para la Unidad de Policía Judicial era ya "una fecha tardía en la que el conocimiento de los riesgos del covid-19 eran amplios y el número de contagios en el país había sufrido un incremento exponencial". "El conocimiento de la Delegación de Gobierno en relación con los riesgos del virus y de la celebración de concentraciones masivas de personas debía ser de sobra conocido", añaden. La concentración, finalmente, no se llegó a celebrar.

6. La carta de Franco 

Por otro lado, el Instituto Armado señala que entre los correos electrónicos remitidos al personal de la Delegación se encuentra una carta firmada por Franco, con fecha del 13 de marzo -cinco días después del 8-M y uno antes de que se declarara el estado de alarma-, en la que "hace ver la preocupación por la situación, diferentes reuniones con organismo externos a la Delegación del Gobierno como en el seno de la misma, y la implementación de medidas tendentes a garantizar la seguridad de todos".

El informe vuelve a referirse al director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Cuestiona que no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el 2 de marzo y sostiene que ese mismo día los técnicos del Ministerio de Sanidad ya estudiaban la necesidad de reforzar la vigilancia por positivos en coronavirus no importados.

Tanto el capitán como el teniente de la Guardia Civil reconocen que se equivocaron en el anterior informe remitido a la magistrada en algunos apuntes como señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablaba de 'pandemia' el 30 de enero. No obstante, señalan que los errores "no modifican en absoluto" los hechos puestos de relieve en la investigación.

La juez cita a testigos de la Delegación

La filtración de las conclusiones de aquel primer trabajo derivaron en el polémico cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Comandancia de Madrid. Esa es al menos la última versión de Ministerio, después de enmarcarlo en una mera reestructuración de equipos. Desde el entorno del mando afirman, sin embargo, que le pidieron dar detalles de la investigación cuando lo vieron en prensa, algo prohibido por la juez del caso. Desde Interior creen que les ocultó deliberadamente la existencia de ese documento que dejaba en entredicho el papel del Gobierno ante la manifestación feminista del 8-M.  

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado citar a 11 testigos para la ronda de interrogatorios que se celebrará en el marco de la investigación que se sigue contra Franco por un presunto delito de prevaricación. Ocho de ellos son funcionarios de la Delegación. Cuatro forman parte del equipo a cargo de gestionar las manifestaciones y figuran en el informe de la Guardia Civil en el que se advierte a la juez de "la posible intencionalidad" del delegado de evitar que quedara registro del intento de impedir algunas concentraciones por el brote de la covid-19.