España

Los grafitis cuestan al transporte público más de 20 millones de euros al año

Estiman que en el último años se han producido más de 7.300 pintadas de este tipo

Un grafiti en un metro
Un grafiti en un metro EUROPA PRESS

Los transportes públicos de Barcelona y Madridhan sufrido durante los últimos días varios ataques por parte de grafiteros. Los 'ataques', que realmente son parar los trenes para pintarlos, suponen para los operadores y gestores un coste superior a 20 millones de euros al año. La cifra ha sido comunicada este miércoles por la Asociación del Transporte Público Urbano (ATUC).

De hecho, la asociación estima que en el último año se han producido en el transporte público más de 7.300 pintadas de este tipo, ocasionado unas pérdidas millonarias en servicios de limpieza que terminan pagando, a fin de cuentas, los contribuyentes como usuarios finales.

Pero ATUC no solo denuncia el coste económico que suponen "estas prácticas tan reprochables", también aseguran que muchas de esas acciones van "acompañadas de daños colaterales como amenazas y agresiones tanto a testigos como empleados de las empresas afectadas, en especial al personal de vigilancia", tanto que recientementen un maquinista del Metro de Madrid sufrió una crisis de ansiedad tras ser asaltado por grafiteros. Incluso hablan de que estos hechos se han convertido "en un reclamo para el turismo grafitero". 

En este contexto, ATUC relata que existe una impunidad con la que, en ocasiones, "estos actos vandálicos vienen siendo tratados por la Justicia" y, por ello, pide a la Fiscalía General del Estado "que sean considerados delito de daños y no simples deslucimiento” cuando derivan en importantes deterioros, muchas veces irrecuperables, que terminan por mermar la calidad del servicio al usuario por retrasos y “parones” innecesarios".

La trascendencia jurídica de estas pintadas actualmente no está recibiendo la respuesta penal que merecieran

ATUC explica que "la trascendencia jurídica de estas pintadas actualmente no está recibiendo la respuesta penal que merecieran, despenalizando y rebajando la gravedad de los daños ocasionados, tal y como se desprende de algunos procedimientos judiciales abiertos hasta la fecha".

Explican que "es muy frecuente que, tras la lectura del atestado o la denuncia, la causa se archive de manera casi automática, dado que el órgano instructor suele ceñirse a la pintada a la hora de valorar su gravedad, ignorando los daños y consecuencias colaterales para operadores, gestores y usuarios".

El papel de los jueces

En relación a cómo tratan los jueces estas causas, dicen que "a veces no tienen en cuenta la jurisprudencia que permite que estas pintadas sean tipificadas como un delito de daños siempre que se produzca una alteración sustancial de la apariencia del objeto damnificado –en este caso los vagones- sin necesidad de que haya una destruccióntotal o parcial del mismo".

Finalmente, según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “esta impunidad genera un efecto llamada para disfrute de unos encapuchados que buscan descargar adrenalina utilizando malas artes y pinturas cada vez más abrasivas difíciles de limpiar y que reducen la vida útil de los vagones, generando unos costes improcedentes que terminan cubriendo los usuarios mediante el pago de sus impuestos”.

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