25 presos de ETA en cárceles de vascas han logrado la semilibertad desde que el Gobierno Vasco asumió la competencia de Prisiones en octubre del año pasado. En total, hay 28 etarras que gozan del tercer grado en el País Vasco, por lo que el 89% de ellos logró este régimen penitenciario desde que se produjo ese traspaso de competencias tras el pacto entre Moncloa y Ajuria Enea.
Así se refleja en el Balance de la gestión penitenciaria de Euskadi realizado por el ejecutivo autonómico, y al que ha tenido acceso Vozpopuli. El documento, que se realizó coincidiendo con el aniversario de la absorción de competencias, refleja que, a día de hoy, hay un total de 116 presos de ETA, 17 mujeres y 99 hombres.
La cárcel con más etarras es la de Álava, con 59 presos penados (12 mujeres y 47 hombres), seguida de la de Guipúzcoa, con un preso preventivo y 28 penados (4 mujeres y 25 hombres), y Vizcaya, con 28 presos penados (una mujer y 27 hombres).
Hasta ocho etarras han conseguido la libertad condicional
Todas las progresiones de grado para presos de ETA se produjeron, además, durante este 2022 y, según las fuentes consultadas, la cifra puede incrementarse hasta final de año, ya que el informe se realizó hace ya varias semanas. También durante el presente curso se triplicaron las cifras totales de paso a tercer grado de toda la población reclusa, pasando de 103 en 2021 a 354 en 2022.
Por otra parte, y durante este mismo periodo, hasta ocho etarras han conseguido la libertad condicional, que supone la suspensión de la ejecución del resto de la pena para estos presos.
Apoyo a las juntas de tratamiento
El tercer grado, por su parte, supone que los presos de ETA beneficiados por el mismo pasan a un régimen de semilibertad, en el que pueden salir de la cárcel y volver a ingresar para dormir en días concretos. Una concesión que la Consejería de Justicia acepta después de recibir los informes de las juntas de tratamiento de las tres prisiones vascas.
La última palabra la tiene la Consejería, pero quienes recomiendan la progresión de grado son los integrantes de las juntas de tratamiento
En ese sentido, las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que, con el traspaso de competencias de Prisiones al País Vasco, "la última palabra la tiene la Consejería, pero quienes recomiendan la progresión de grado son los integrantes de las juntas de tratamiento, que siguen siendo las mismas que antes de octubre de 2021".
El traspaso de competencias, en todo caso, sí empieza a afectar en las plantillas de funcionarios de las tres cárceles vascas, que reclaman más personal. De hecho, desde el ejecutivo autonómico se está empezando a rechazar más acercamientos de presos de ETA por "falta de capacidad" en las cárceles vascas.
La situación es tal, que se ha tenido que acelerar una convocatoria de personal interino: "Con 16 años y dos semanas de curso, entras", explican las fuentes consultadas. Además, y debido a la falta de experiencia en la gestión penitenciaria, "se están copiando, de forma literal, instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".
Presos y Guardia Civil por PGE
Desde el año pasado, cuando se produjo el traspaso de competencias de Prisiones al País Vasco, el PP ha denunciado que el Gobierno "negocia Presupuestos a cambio de presos", tal y como echó en cara a Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en el cara a cara del pasado martes en el Senado.
A ese reproche se ha sumado, además, el provocado por la expulsión de la Guardia Civil de Navarra a cambio de lograr el apoyo de Bildu a las cuentas de 2023. Un acuerdo que el PP y otros partidos de la oposición echarán en cara este jueves en el debate del Congreso de los Diputados antes de la votación que permitirá la aprobación definitiva en la Cámara Baja de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.
La Audiencia Nacional, además, ha revocado el tercer grado que el Gobierno vasco había otorgado al preso de ETA Joseba Arregi Erostarbe, más conocido como Fiti, que deberá volver a prisión. Esta decisión supone el sexto pronunciamiento de la sala en este sentido en fechas recientes, y un nuevo revés para las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo dirigido por Íñigo Urkullu en materia penitenciaria. Y la cifra puede ser aún mayor, puesto que la Audiencia aún debe pronunciarse sobre una docena de casos más.
