El Gobierno vasco ha reiterado este sábado que las medidas preventivas que aprobó el pasado lunes para contener la pandemia siguen en "vigor" pese a la publicación en el BOE de la resolución con los acuerdos de la interterritorial del miércoles.

El Ejecutivo de Vitoria ha insistido en que en el País Vasco está vigente la Declaración de Emergencia Sanitaria aprobada el 17 de agosto del año pasado y el plan "Bizi Berri" que recoge las medidas en función de la situación epidemiológica.

Ha explicado que ambos elementos amparan al consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, que preside el lehendakari, Iñigo Urkullu, para adoptar las medidas preventivas mediante los correspondientes decretos.

Ha recordado que, por lo tanto, en el País Vasco, que sigue con una incidencia acumulada por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes, se mantienen los horarios y aforos en la hostelería y en las actividades socio culturales y comerciales que entraron en vigor el pasado miércoles.

Publicación en el BOE

El Gobierno vasco ha hecho este pronunciamiento el día en el que el Boletín Oficial del Estado publica la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad que recoge el acuerdo del Consejo Inteterritorial de Salud del pasado miércoles.

En el escrito se señala que esta declaración de actuaciones coordinadas "obliga" a todas las comunidades con independencia de su posición en la citada reunión, en la que el País Vasco no participó en el debate ni en la votación, y que estará vigente hasta que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apruebe su finalización previo acuerdo del Consejo Interterritorial.

Este jueves, el lehendakari dijo que el Gobierno Vasco iba a seguir "manteniendo su hoja de ruta" en la lucha contra la pandemia porque, afirmó, se ha demostrado "eficaz".

Este pasado viernes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, acusó al Gobierno central de haber roto la "lealtad" y las "normas" y pese a afirmar que "la desobediencia no ha sido el estilo" de Urkullu, señaló que "la sanidad no puede ser una excusa para poner patas arriba un modelo de relaciones bilaterales entre el Gobierno y el Estado porque una de las partes así lo haya decidido".