España

El Gobierno aprueba el acercamiento de otros seis etarras, uno con delitos de sangre

La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que existe una "estrategia orquestada por los abogados de los etarras para hacerles firmar cartas de falso arrepentimiento"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dado la orden de trasladar a otros seis presos de ETA -varios de ellos con delitos de sangre- a centros más próximos a sus lugares de origen. Se trata de reclusos que cumplen penas de hasta 30 años de prisión y que, de ahora en adelante, cumplirán lo que les resta de condena en El Dueso (Cantabria), Soria, Palencia y Pamplona. La decisión se comunica el mismo día en que varios partidos -PNV, EH Bildu y Podemos- y sindicatos han urgido a Pedro Sánchez a que acabe con la "actual" política de alejamiento de presos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncia los hechos.

José Carlos Apeztegía Jaca pasará del Centro Penitenciario Ocaña I, en Toledo, a la prisión de Pamplona. Ingresó en prisión el 17 de octubre de 2018 y cumple una condena de cuatro años por el delito de pertenencia a organización terrorista. Además de su traslado se ha aprobado el segundo grado. 

Jon Echeverría Oiarbide abandona la cárcel de Castellón II para cumplir lo que le resta de condena en el Centro Penitenciario de El Dueso, en Cantabria. Encarcelado el 13 de diciembre de 2017, cumple una condena de nueve años por depósito de armas.  

Jon Mirena San Pedro Blanco entró en prisión en enero de 2004 y fue condenado a 30 años por atentado terrorista. Pasa del centro penitenciario de Herrara de La Mancha, en Ciudad Real, a Palencia. "Cumplió las 3/4 partes de su condena en agosto de 2018 -señalan desde Instituciones Penitenciarias-. La Secretaría General ha resuelto su progresión a segundo grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento, el traslado al Centro Penitenciario de Dueñas-La Moraleja, en Palencia". 

En el historial de Jesús María Altable Echarte -en prisión desde noviembre de 1999- figura el asesinato del guardia civil José Luis Ollo Ochoa en Pamplona, entre otros delitos, por los que se le condenó a 30 años de prisión. "Ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha presentado escritos en los que rechaza la violencia, reconoce su responsabilidad y el sufrimiento causado", afirma la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por eso pasa de la cárcel de Castellón a Soria.

El quinto etarra es Jon Crespo Ortega, que pasa de Murcia II a El Dueso (Cantabria). Ingresó en prisión el 18 de noviembre de 2002 y cumple una condena de 25  años de cárcel por los delitos de  colaboración con banda armada, daños, lesiones, desórdenes públicos y tenencia de explosivos. Interior también afirma que "acepta la legalidad penitenciaria y ha presentado un escrito en el que expresa su desvinculación de la violencia y admite el dolor causado y su empatía con las víctimas".

Por último, Ángel María Tellería Uriarte, detenido en 2017, que vivía en México huido de la Justicia desde 1980. Cumple 30 años de condena por delitos de  atentado, depósito de armas y pertenencia a organización terrorista. "Cumplirá las 3/4 partes de su condena en agosto de 2039. Se ha resuelto su progresión a segundo grado y, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña [Estremera], su traslado al Centro Penitenciario de El Dueso, en Cantabria".

Críticas de víctimas

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, por su parte, ha lanzado un comunicado en el que lamenta estos traslados: "Tal y como sucede cada viernes sobre las 13h, hemos recibido el temido correo electrónico que lleva por asunto: TRASLADOS. Los que se anuncian el día de hoy coinciden con la noticia de que el Ministerio del Interior ‘desconoce el impacto psicológico que estos acercamientos provocan en las víctimas del terrorismo’. 

"Queremos destacar, además, que esta semana la AVT ha tenido conocimiento de la existencia de una estrategia orquestada por los abogados de los etarras para hacerles firmar cartas de falso arrepentimiento para así tramitar con el Ministerio del Interior su traslado a cárceles próximas al País Vasco".

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