El contexto de la salida de España del rey Juan Carlos I sigue siendo un misterio. El Gobierno, lejos de aclarar los aspectos desconocidos de este hecho, ha mantenido una política de ocultación al respecto denegando toda información relativa a su marcha rumbo a Emiratos Árabes, donde el monarca permanece desde agosto del pasado año, después de que salieran a la luz más detalles sobre los presuntos delitos que podría haber cometido y por los que está siendo investigado en Suiza.

El Ejecutivo central ha dejado sin cumplir al menos ocho solicitudes que, tras buscar amparo en el Consejo de Transparencia, tampoco han sido tramitadas. En una solicitud de información sobre el “gasto para cada mes y año que suponen la escolta del Rey Emérito” desde su abdicación hasta la actualidad, el Gobierno alega que se tratan de “secretos oficiales”. En otras cuatro, guarda silencio administrativo y no ofrece respuesta alguna, no solo acerca de los gastos, sino también sobre las condiciones y las reuniones en las que se preparó la salida de Juan Carlos I. 

El Gobierno descarga responsabilidades sobre Felipe VI en otra petición de información

El Ejecutivo descarga responsabilidades sobre Felipe VI en otra petición de información, ante la que alega que es la Casa del Rey la que está “sujeta” a la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, atribuyéndole de este modo la competencia de contestar a los detalles de relevancia pública sobre la salida de Juan Carlos I. Esa última contestación por parte de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno señala que la Casa Real está obligada a “proporcionar información en respuesta a solicitudes de acceso sobre personal, administración y gestión patrimonial”.

Transparencia invita a denunciar

El Consejo de Transparencia ni siquiera lo entiende así. El organismo salva a la Presidencia del Gobierno y emplaza al solicitante a emprender la vía contencioso-administrativa, pues considera que “se trataría en su casi de actividades privadas que corresponden a un miembro de la Familia Real, pero no a la Casa de su Majestad el Rey que, recordemos, es el órgano que con arreglo a lo decidido por las Cortes Generales está sometido al ámbito de aplicación de la LTAIBG".

“Tal y como se informa en su página web, en la sección de Transparencia, la Casa de su Majestad el Rey es un organismo, que, bajo la dependencia de su Majestad el Rey tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado”, señala el Consejo de Transparencia, que atribuye a la Casa Real “competencias de autoorganización que comportan una propia y genuina actividad administrativa”

De este modo, el Gobierno y el Consejo de Transparencia han eludido aclarar aspectos de relevancia pública como la procedencia del dinero que está empleando Juan Carlos I para su manutención, “dónde se está alojando”, “si se aloja en el Emirates Palace en un una suite de 11.000 euros al día” o “si dispone o dispuso de seguridad en el desplazamiento y su estancia en los Emiratos Árabes Unidos. En definitiva: “Quién se ha cargo de los gastos [...] y cuánto ha sido ese gasto”.