Frente al fácil acceso a la información de monarquías europeas como la Corona Británica, la política de transparencia de la Casa Real española sigue si homologarse a los estándares de una institución pública del siglo XXI. Pese a los avances en esta materia en los últimos años y su obligación de dar explicaciones acerca de su "gestión patrimonial", los reyes de España no rinden cuentas sobre el patrimonio que poseen. Y tampoco el Gobierno ni el Consejo de Transparencia lo consideran oportuno. 

El Ejecutivo central fue preguntado al respecto en agosto del pasado año por un particular que pidió a la Secretaría General de la Presidencia información sobre “todas y cada una de las propiedades” que pertenecen a los miembros de la Casa Real, “tanto los reyes eméritos Sofía y Juan Carlos como los reyes Felipe y Leticia y las infantas”. 

En concreto, esta petición de información buscaba conocer “qué tipo de propiedad es, dónde se ubica, qué porcentaje tienen en propiedad, desde qué fecha es de su propiedad y cómo llegó a sus manos, ya sea herencia, compra o cualquier otra forma”. Es decir, la misma rendición de cuentas a la que se somete cualquier político en España cuando es elegido para un cargo de representación pública.

El patrimonio "privado" de la Casa Real

Aunque el Gobierno reconoce que es “competente para tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey”, desestimó la citada solicitud porque “no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”.

Y es que la Ley de Transparencia, si bien recoge la obligación de las instituciones públicas de proporcionar información “sujeta a derecho administrativo”, exime a determinados órganos de hacerlo por completo. Así ocurre con el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, a los se equipara la Casa de Su Majestad el Rey a efectos legales.

El Consejo de Transparencia entiende que los miembros de la Casa Real no tienen que rendir cuentas sobre "su patrimonio privado o particular"

La Casa Real española está obligada a rendir cuentas sobre “las actuaciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial”, según reconoce el Tribunal Supremo. Y así lo entiende también el Consejo de Transparencia, al que recurrió el solicitante de esta información al no quedar satisfecho con la respuesta del Gobierno. Sin embargo, Transparencia desestimó dicha petición al entender “que la información solicitada – sobre el patrimonio de los miembros de la Casa Real – hace referencia a su patrimonio privado o particular”.

“En consecuencia, queda fuera de las actividades en materia de personal, administración y gestión patrimonial de la Casa de su Majestad el Rey que, como hemos indicado, es el órgano que con arreglo a lo decidido por las Cortes Generales está sometido al ámbito de aplicación de la LTAIBG”, concluye el Consejo de Transparencia, que por motivos similares ha desestimado otras peticiones parecidas, como las referentes a los gastos del rey emérito Juan Carlos I en Emiratos Árabes tras su salida de España.