El Gobierno trabaja a contrarreloj para enmendar el peligro en el que ha puesto a los investigadores

Hace tan sólo unos días, 79 científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigadores Cardiovasculares (CNIC) enviaron una carta a Mariano Rajoy exigiendo una “solución urgente” para garantizar la integridad de su plantilla. Reprochaban al Gobierno que una disposición de la Ley de Presupuestos de 2017 impide a ambos centros renovar, antes del 31 de diciembre, un total de 118 trabajadores para sus labores de investigación (66 del CNIO y 52 del CNIC).

La Secretaría de Estado de I+D+i, que depende del Ministerio de Economía, ha reconocido a Vozpópuli que se trata de una situación “complicada” y que el problema reside en dos focos: uno jurídico, y otro relativo a las trabas que impone el Ministerio de Hacienda.

Respecto al primero, es necesario explicar que los investigadores no se ajustan al 100% al Estatuto de Trabajadores, que determina una duración máxima de los contratos temporales a 3 años, prorrogable un año más por convenio colectivo. El estatuto establece que, tras este período de tiempo, los trabajadores adquirirán la condición de fijos o indefinidos. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 2011, anula esta limitación a “los contratos para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica”.

Esta ley respalda la renovación de los contratos temporales para la investigación, aunque hasta octubre no abarcaba explícitamente a todas las instituciones científicas, como CNIO o CNIC. “En octubre lo cambiamos mediante un Real Decreto Ley para incluir a las fundaciones, consorcios y demás agentes de ejecución de sistemas de ciencia, tecnología e innovación: los nombramos específicamente”, matiza Luis Ordóñez, el portavoz de la Secretaría, que alega que “la mayoría de fundaciones y consorcios siguen contratando como hasta ahora” y el problema radica en los dos centros antes mencionados.

Problema jurídico

El principal problema de estas dos instituciones se origina el pasado mes de junio, con la disposición adicional 34 a la Ley de Presupuestos de 2017, que responsabiliza personalmente a los gerentes de los centros públicos de irregularidades como la realización de contratos temporales superiores al límite del Estatuto de los Trabajadores o la concatenación de contratos a personas que no se ajustan a las funciones de investigación que establece la Ley de la Ciencia. Es decir, les responsabiliza en caso de que aprovechen esta ley para gestionar contratos para puestos estructurales, como los relativos a la  administración de los centros, y no propiamente para la investigación.

Muchas veces, se ha utilizado este artículo para contratar personal que no es investigador, sino para personal que tiene otro tipo de actividades"

“Muchas veces, se ha utilizado este artículo para contratar personal que no es investigador, sino para personal que tiene otro tipo de actividades”, reconoce José Manuel Pingarrón, vicerector de la Universidad Complutense y secretario  portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Él habla por las universidades, pero admite que esta situación se ha dado en múltiples ocasiones en otros centros de investigación.

El gasto en investigación ha influido directamente en este tipo de tretas para poder contratar personal estructural para la investigación. La inversión en I+D+i en España ha perdido peso en los últimos años en relación al PIB, según los datos detallados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, en los últimos seis años, la UE ha aumentado la inversión en I+D en diez puntos porcentuales, mientras que España ha reducido 16 puntos.

“No nos dejaban hacerlo de otra forma a las universidades”, reconoce Pingarrón, que admite que “ha habido problemas ya que, algunas veces, las figuras estipuladas en los contratos han estado mal establecidas y no han cumplido con la norma”, por lo que ha habido repercusiones en los juzgados.

Con la nueva disposición a la Ley de Presupuestos, los gestores de CNIO y CNIC se han echado atrás en la contratación de personal. Y no sólo estructural, sino también de investigadores, a pesar de, como afirma el Ministerio de Economía, estar protegidos por la Ley de Ciencia.

Cuestión de “interpretación”

Sin embargo, Ordóñez reconoce que “hay determinados juzgados de lo Social, que son los que llevan la contratación, que no tienen en cuenta las excepciones que establece ni el Estatuto de los Trabajadores, ni por ende la Ley de la Ciencia; esto es cuestión de interpretación, pero los gerentes de CNIO y CNIC piensan que no están absolutamente respaldados”.

A pesar de la modificación de la Ley de la Ciencia de octubre para incluir en la excepción para poder alargar y concatenar contratos temporales, a principios de mes, los responsables de CNIO y CNIC explicaron a El País que ese ‘parche’ no solucionaba el problema y que los organismos quedaban en una situación “desesperada”.

Tan sólo unos días más tarde, ambas instituciones, consultadas por Vozpópuli, se han negado a realizar declaraciones al respecto de su situación, aunque CNIO reconoce que el Gobierno está tratando con el Gobierno de solucionar el problema de forma urgente y CNIC prefiere no hacer valoraciones porque las negociaciones están “sobre la mesa” y teme que los medios puedan “contrarrestar” las actuaciones que se están llevando a cabo en este momento.

Estamos pidiendo instrucciones a la Abogacía del Estado para que les sirva de garantía y les dé seguridad jurídica; y estamos hablando con Hacienda"

“Lo que les estamos intentando explicar a estas instituciones es que no van a incurrir en ningún tipo de responsabilidad por contratar investigadores”, explica la Secretaría de Estado de I+D+i: “Por eso, estamos pidiendo instrucciones a la Abogacía del Estado para que les sirva de garantía y les dé seguridad jurídica; y estamos hablando con Hacienda (por la Ley de Presupuestos)”.

Aparte, Ordóñez añade que el Ministerio está trabajando “en un real decreto para la estabilización de los investigadores, así como a los trabajadores estructurales de los centros”. Sin embargo, no cree que sea posible antes de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018.

Y, además, las trabas de Hacienda

Más allá de CNIO y CNIC, a finales de noviembre dimitieron los jefes de la Plataforma Solar de Almería  (PSA), el mayor centro de energías renovables del país. A pesar de que el centro cuenta con dinero suficiente, desde hace año y medio los investigadores no pueden utilizar parte de él debido a las restricciones al gasto impuestas por el Gobierno para contener el déficit. Como consecuencia, reconoce a Vozpópuli su ya exdirector, Sixto Malato, se va a retrasar la convocatoria para nuevos puestos de empleo, así como la ejecución de proyectos.ç

Si no ejecutamos los proyectos a tiempo y bien, habrá que devolver una parte importante de los fondos conseguidos. Y si eso ocurriera ponemos en serio peligro la consecución de proyectos futuros"

“Si no ejecutamos los proyectos a tiempo y bien, habrá que devolver una parte importante de los fondos conseguidos. Y si eso ocurriera ponemos en serio peligro la consecución de proyectos futuros”, expone Malato, que lamenta que si el problema no se soluciona, habrá “serios problemas para la correcta ejecución de los proyectos actuales H2020 y otros fondos de la UE, así como para conseguir proyectos en el futuro”. Según comenta el exdirector, otros tantos centros de investigación se encuentran en una situación similar.

Ordoñez admite que el Ministerio de Hacienda interfiere en las garantías que intenta ofrecer el Ministerio de Economía y su Secretaría de Estado de I+D+i a los centros de investigación para las contrataciones. El problema principal es la función de los interventores de los que es responsable Cristóbal Montoro, que tienen que validar el presupuesto destinado a las contrataciones en algunos centros, como el Ciemat (del que depende el PSA) o el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), lo que retrasa en gran medida en el proceso y, en ocasiones, lo congela.

“Hay un problema clave”, expone el portavoz de la CRUE: “Hay una descoordinación importante entre el organismo ministerial que lleva la I+D+i de España con el órgano ministerial que lleva la política presupuestaria y económica”. Y lamenta que muchas veces prima la segunda sobre las garantías que intenta ofrecer la primera.

“Carmen Vela, la Secretaria de Estado, está trabajando para que no haya una intervención previa, sobre todo en el caso del Ciemat, pero es una cuestión que depende de Hacienda”, concluye Ordóñez.