El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene que el rescate a Plus Ultra es "estratégico" para los intereses nacionales. Pero, ahora, como novedad, afirman también que se trata de una compañía "nicho" y que sus clientes "viajan principalmente para visitar familiares". Vozpópuli ha tenido acceso a esta respuesta remitida al grupo de JxCat en el Senado, quien el pasado marzo registró una batería de preguntas para conocer los "criterios" por los que se habían inyectado 53 millones de euros a la aerolínea.

En el documento, el Gobierno ofrece como argumento para la ayuda pública que "el transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo", cuya actividad consideran uno de los "motores de la economía" nacional, pero al mismo tiempo aseguran que "el cliente" de Plus Ultra "viaja principalmente a visitar familiares o por ocio". También para hacer turismo, pero como una cuestión secundaria.

El Ejecutivo trata de explicar que los viajeros de esta aerolínea "es un tipo de cliente distinto al de otros competidores" y que su oferta cubre un "ámbito de servicios en el mercado complementario a los servicios que proporcionan las compañías de mayor tamaño".

Como dijo también la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado marzo durante una sesión de control en el Congreso, detallan en la respuesta escrita que la aerolínea "emplea a 345 trabajadores directos, considerando los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleados".

Y es que uno de los puntos que genera más dudas del rescate es el hecho de que el Gobierno considerase "estratégico" una línea que actualmente solo cuenta con un avión en su flota y solo cubre tres rutas. Antes de la pandemia, además, ocupaba el puesto 166 en la clasificación de tráfico aéreo en España, con el 0,1% de pasajeros.

Tal y como admiten en su escrito, es una "aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela)". Las relaciones opacas de algunos ministros de Sánchez con este último país han hecho aflorar las sospechas de que el pago pueda tener vinculación con el 'caso Delcygate'.

El ministro de Transporte, José Luís Ábalos, tuvo que reconocer que se vio en el Aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, 'número dos' de Nicolás Maduro a pesar de tener prohibida su entrada en la Unión Europea por "menoscabar la democracia y el estado de derecho" en su país. Y, por esta razón, el pago destapado por este medio resulta tan llamativo.

El Gobierno responde a los preguntas sobre el rescate a Plus Ultra by Laura Fàbregas on Scribd

La oposición toma acciones por Plus Ultra

La serie de preguntas registradas por JxCat en la Cámara alta sobre el caso Plus Ultra es una más de las actuaciones hechas desde distintos grupos de la oposición para intentar esclarecer lo ocurrido. El representante del Grupo Plural en el Congreso, Ferran Bel, pidió explicaciones al Gobierno por las sospechas que suscita esta ayuda.

Otros partidos, como Vox y el PP promovieron mociones para investigar en el Congreso al Gobierno por este rescate realizado a través del SEPI, aunque no tiró adelante por el cierre de filas con el Gobierno de sus principales socios. Únicamente el PNV instó a Sánchez a tramitar la ley de los fondos de la Unión Europea para la recuperación tras el paso de la Covid-19 para aclarar el caso de Plus Ultra.

Y es que el hecho de que la información sobre la ayuda de 53 millones a la compañía aérea se diera a conocer en un momento en el que estaba sobre la mesa de la Unión Europea el envió de fondos para la recuperación de la pandemia fue un motivo de preocupación de que los 140.000 millones que deben llegar a España estuvieran en riesgo.

Fondos europeos

Ciudadanos, en este sentido, elevó el caso a la Comisión Europea para que lo investigara. El eurodiputado, Jordi Cañas, explicó en una entrevista a este medio que su decisión de llevarlo a instancias europeas era para "defender los intereses e imagen de España" para que no se "desvíe" dinero público en un momento en el que Bruselas fiscalizará más que nunca que los fondos comunitarios no se malgasten y vengan acompañados de reformas estructurales.

Cabe recordar que el Gobierno logró sacar el Real Decreto ley 36/2020 sobre los fondos europeos gracias a la abstención de Vox. Posteriormente, cuando el Consejo de Estado emitió un informe en el que advertía de la falta de controles en la tramitación de los mismos, los de Santiago Abascal afirmaron que, de haberlo sabido, no hubieran apoyado al Ejecutivo.

El informe del Consejo de Estado subrayaba "la necesidad de implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos" provenientes de la Unión Europea al ser una "oportunidad histórica" para España. Y provocó fuertes críticas de la oposición al no hacerlo público en el momento de la convalidación en la Cámara baja.

Las informaciones publicadas por Vozpópuli dan evidencias sobre una posible prevaricación y ponen a cuatro ministros bajo sospecha. Según el Real Decreto 25/2020, el fondo del que se ha beneficiado esta sociedad "tiene por objeto compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo".