El Gobierno ha activado ya la maquinaria para conceder el indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán y el resto de condenados por el caso de los ERE. El Ministerio de Justicia ha dado el primer paso para recabar de la Audiencia Provincial de Sevilla los primeros informes de los condenados por delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos.
La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, así lo ha confirmado en un acto celebrado este lunes en Madrid donde ha dejado claro que el Ejecutivo ya ha comenzado a tramitar la concesión de la medida de gracia. "Todos los indultos, y en este caso el de Griñán, se tramitan de la misma manera. Ahora sí, sabemos que cuando el Gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos pero se tramita igual. Está en fase de tramitación", ha dicho.
De esta forma la Audiencia de Sevilla, que fue el tribunal que juzgó y condenó el caso de los ERE, tiene que pronunciarse sobre la petición del indulto para nueve condenados. Se trata de José Antonio Griñán; los exconsejeros andaluces de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero de este área Agustín Barberá; el exdirector de Trabajo Juan Márquez; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; su 'número dos' Jesús María Rodríguez Román; y el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano.
Griñán, en libertad por su enfermedad
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido nueve diligencias de ordenación, una por cada condenado, en las que trasladan que han recibido un oficio de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos (órgano dependiente del Ministerio de Justicia) para emitir el respectivo informe.
Por ese motivo, el tribunal ha comenzado a recopilar documental de los penados. En concreto ha dado orden de recabar la hoja histórico-penal, así como el informe de conducta de cada uno de ellos. "Óigase en manifestación al perjudicado, si lo hubiere, sobre su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto", rezan las providencias del tribunal.
En junio del año pasado el Tribunal Supremo confirmó las condenas de Griñán y el resto de condenados por los ERE, incluido el también expresidente andaluz y exministro del PSOE Manuel Chaves. En el caso del primero de ellos, el alto tribunal le confirmó los seis años de prisión por delitos de prevaricación y malversación.
El fallo concluyó que Griñán era conocedor de este macrofraude de las ayudas al empleo y que posibilitó "la gestión libérrima de los fondos públicos al margen de todo control". Con todo, la ratificación de su pena contó con el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, que expuso que condenarle era "un arriesgado salto al vacío".
El Supremo confirmó también las condenas del resto de sentenciados en Sevilla, lo que abrió la puerta a que fueran ingresando en prisión, al tratarse de condenas altas. No fue así en el caso de Griñán. La Audiencia de Sevilla suspendió en junio su ingreso en la cárcel debido al cáncer que padece.
Tras meses de deliberación, los magistrados paralizaron la diligencia durante un plazo de cinco años. Lo hicieron con el criterio favorable de Anticorrupción y del Instituto de Medicina Legal (IML) que determinó que padece una enfermedad "muy grave" e "incurable".
Indulto y Gobierno en funciones
Aunque Llop ha recordado este lunes que el Ejecutivo simplemente está iniciando los trámites y que no puede actuar, el Tribunal Supremo avaló en 2005 que el Gobierno de José María Aznar denegara una medida de gracia estando en funciones. En 2011, José Luis Rodríguez Zapatero concedió el indulto estando también su gobierno en funciones al exconsejero delegado del Santander Alfredo Sáenz. Con todo, el alto tribunal lo tumbó por el contenido de la medida de gracia.
Así pues, ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez inicia los trámites para estudiar el indulto de los nueve condenados. Cabe recordar que el tribunal al que se ha dirigido condenó en 2019 a un total de 19 acusados por este fraude que superó los 700 millones de euros. Entre los penados se encontraban Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. Ambos eludieron la cárcel al ser condenados únicamente por prevaricación; si bien asumieron 9 años de inhabilitación.
Los trámites del indulto
La Ley de 1870 que regula esta medida de gracia establece que el indulto solo puede ser total en caso de que existan razones de justicia, equidad o utilidad pública a ojos del tribunal que les juzgó y del Consejo de Estado. Así pues en caso de que la Audiencia de Sevilla reitere lo plasmado en su condena de 2019, el indulto sería parcial ya que contaría con su informe contrario.
Tras dar el primer paso el Gobierno, ahora este tribunal debe recabar la información que ya ha solicitado y redactar un informe en el que explique si se opone o no al indulto y sus motivos. Dicho documento se enviará al Ministerio de Justicia, el cual remitirá el expediente al Consejo de Estado para que haga lo propio. La concesión del indulto se hace mediante decreto motivado y acordado previamente en el Consejo de Ministros.
