Publicado: 12/09/2020 04:45
La noticia de una posible congelación salarial ha caído como un jarro de agua fría entre los funcionarios, especialmente en aquellos sectores en los que se estaba negociando una mejora de las retribuciones. Fernando Grande-Marlaska anunció durante los peores compases de la crisis sanitaria que desbloqueaba el pago del tercer tramo del acuerdo de equiparación entre policías y guardias civiles, 247 millones que irían a parar directamente a sus bolsillos. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Vozpópuli aseguran que esa cantidad se desembolsará a todos los efectos, independientemente de cualquier decisión que se tome sobre los sueldos de los trabajadores públicos.
El Gobierno no logró mantener una postura única sobre la noticia de El País, que apuntaba a una hipotética congelación salarial de los funcionarios. La vicepresidente primera, Carmen Calvo, negó rotundamente que se estudiase esta medida. Por el contrario, la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no lo descartaron: “Los recursos son limitados y estamos trabajando en ese entorno, viendo todas las posibilidades posibles”, aseveró la última.
¿Qué implicaciones tendría una decisión de esta característica en los acuerdos de equiparación salarial firmados por el Ministerio del Interior? Esferas sindicales y asociativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil lanzaban esas preguntas en redes sociales, manifestando su inquietud sobre el cumplimiento del tercer tramo del pacto. Recordemos que Interior ya ha hecho efectivos los pagos de las dos primeros fases, con un montante total de 560 millones, y que todavía faltaba abonar otros 247 millones.
Fuentes del Ministerio dirigido por Grande-Marlaska aseguran que cualquier decisión que el Gobierno pueda adoptar sobre el salario de los funcionarios no afectaría al abono del tercer tramo de la equiparación salarial. Como contó Vozpópuli, Interior pretendía pagar los 247 millones pendientes en el mes de septiembre, con efectos retroactivos en los sueldos de los agentes al 1 de enero. Pero las dificultades en las negociaciones con sindicatos y asociaciones habrían retrasado ligeramente el calendario.
Dificultades en la negociación
Porque si policías y guardias civiles tenían dudas sobre el pago de ese tercer tramo, más aún las tenían sobre cómo se repartirían entre ambos cuerpos. Interior sugirió a sindicatos y asociaciones que negociasen el porcentaje, pero el acuerdo fue imposible. Finalmente, Marlaska optó por un reparto en los términos que contemplaba el pacto original sobre equiparación: un 59% para los guardias civiles y un 41% para los policías nacionales.
Las cuentas, no obstante, no cuadran para algunos sectores sindicales y asociativos. Denuncian que la brecha salarial se ha incrementado respecto a otros cuerpos policiales autonómicos, principalmente con los Mossos d’Esquadra, más aún después de que la Generalitat anunciase una mejora retributiva para los agentes del cuerpo.
Los agentes se remiten a la cláusula octava del acuerdo firmado que contempla el compromiso de evitar desigualdades entre sueldos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fuentes políticas consultadas por este diario, no obstante, ven “complicado” que se pueda recurrir a ese punto, en un contexto que apunta a una crisis económica.
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