El Gobierno pretendía eliminar de manera "paulatina" la reducción por tributación conjunta en el IRPF. Esta medida, recogida en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, iba a suponer 'de facto' una subida encubierta de 2.392 millones en recaudación fiscal, pero este mismo domingo -cuando El País ha adelantado las pretensiones del Ejecutivo- Hacienda ha negado la mayor: deja en el aire la reforma.

La medida ha desatado una lluvia de críticas de la oposición. A dos días de las elecciones madrileñas, el Gobierno ha decidido anunciar que recula, al menos de momento. Fuentes del Ejecutivo han señalado a El País que esperarán al informe de los expertos para la reforma fiscal y entretanto evaluarán la medida "sin incrementar la carga fiscal de las familias"; afectaría a unos tres millones de hogares.

Oficialmente, el Gobierno mantiene, en contra de los recogido en el Plan de Recuperación para conseguir los fondos europeos, que la supresión de este beneficio fiscal no es una opción en este momento. Pero el documento remitido a Bruselas no deja lugar a dudas: "Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)”.

La reducción en la base imponible del IRPF por tributación conjunta asciende, en el caso de unidades familiares integradas por ambos cónyuges, a 3.400 euros, y en las monoparentales, a 2.150 euros. La Agencia Tributaria prevé recibir en la campaña de la renta de 2020 casi 3,5 millones de declaraciones conjuntas, un 7,1% menos, una tendencia a la baja que se mantiene desde hace años ya que esta reducción se aplica principalmente en caso de que uno de los cónyuges no trabaje.

La iniciativa del Gobierno va en línea con la recomendación formulada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de revisión del gasto público en beneficios fiscales, publicado en julio de 2020.

En ese documento, la AIReF abogaba por suprimir el sistema de tributación conjunta, que supone una pérdida de recaudación de 2.392 millones al año, porque desincentiva la participación laboral de las mujeres, aunque sí admitía que cumple su objetivo de beneficiar a los hogares con un único preceptor de rentas.

La AIReF proponía entonces establecer un régimen transitorio de eliminación del sistema para no perjudicar a las familias con menor capacidad de adaptar sus decisiones de participación a la nueva situación y compensar el posible efecto negativo con nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres.