Ahora sí, la maquinaria del Estado se ha activado para frenar el desafío separatista en Cataluña. El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha puesto este miércoles en marcha varias vías jurídicas con el objetivo de frenar la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre promovido por la Generalitat y el Parlamento catalán.

En primer lugar, el Ejecutivo ha ordenado a la Abogacía del Estado –es decir, a los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia- que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos adoptados este miércoles en el Parlament.

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado en una comparecencia de urgencia que la presentación de dicho incidente se hará por vulnerarse las sentencias y autos del Alto Tribunal, especialmente las resoluciones dictadas el pasado mes de febrero donde se establecía "con absoluta claridad" la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista en Cataluña.

No obstante, la presentación del incidente de Ejecución de sentencia no es incompatible con que la Abogacía del Estado decida presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez que la Ley de Referéndum haya sido aprobada en firme por el Parlament.

Fiscalía mueve ficha

Asimismo, junto a la vía de acudir al TC para tratar de frenar a Puigdemont, Forcadell y sus acólitos, el Ejecutivo ha activado directamente la vía penal contra quienes este miércoles han tratado de echarle un pulso a la democracia en el Cámara catalana.

El Ministerio Público, que encabeza José Manuel Maza, ha anunciado que la Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar una querella en las próximas horas contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que han aprobado la admisión a trámite de la Ley de Referéndum.  El documento judicial, cuya redacción se está ultimando en estos momentos, contempla los delitos de prevaricación y desobediencia, según informan fuentes fiscales. 

Y mientras tanto la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha presentado este miércoles una recusación contra los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional por "falta de imparcialidad". Dicha maniobra, con la que se trata de retrasar el fallo del Alto Tribunal sobre las Leyes de Desconexión, caerá en saco roto, según explican fuentes jurídicas.

Ya hay un precedente similar cuando en el año 2002, el abogado José Luis Mazón recusó a todos los miembros del tribunal de garantías tras perder un contencioso sobre la designación de los letrados del TC. En aquella ocasión, al igual que sucederá ahora, el Pleno rechazó 'ad limine' es decir, de plano y sin tramitarla, la decisión del abogado.