Caso Ghali: el juez deja la citación de Carmen Calvo en manos de su jefa de Gabinete

Nuevas citaciones en el caso Ghali. El magistrado que investiga la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario ha citado en calidad de testigos para el próximo 18 de octubre a Isabel Valldecabres (exjefa de gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo), y a Susana Crisostomo (jefa de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska). El magistrado Rafael Lasala acuerda escuchar primero sus testimonios antes de decidir si llama también a declarar a la exnúmero dos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo explica en una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que accede a las peticiones formuladas por las acusaciones que litigan en el procedimiento abierto por presunta prevaricación y falsedad documental. En relación con la solicitud de que declare Calvo, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza especifica que habrá que esperarse al resultado de las citaciones acordadas "para decidir sobre la misma". De este modo, la investigación por la llegada de Ghali a España el 18 de abril ya no solo se ciñe a Exteriores, sino que afecta también a Vicepresidencia y al Ministerio del Interior.

Con todo, el magistrado también requiere al imputado Camilo Villarino para que aporte, a través de la Abogacía General del Estado y en un plazo de 3 días la documentación que solicita la acusación popular. La propuso que se reclamara a Villarino (exjefe de gabinete de la exministra de Exteriores Arancha González-Laya) que entregue el pasaporte de Brahim Ghali y el documento de viaje de su hijo que enseñó al juzgado durante su declaración.

Villarino declaró ante el magistrado el 13 de septiembre tras su imputación en el procedimiento el pasado mes de agosto. El que fuera mano derecha de la jefa de la diplomacia española compareció para responder en relación a unos whatsapps que se había intercambiado con el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez por el aterrizaje en la Base Aérea de Zaragoza del avión en el que viajaban Ghali y su hijo.

En su declaración, adelantada por este diario, explicó que dio instrucciones de cómo se tenía que gestionar el aterrizaje del vuelo procedente de Argelia y su traslado en ambulancia medicalizada a La Rioja. Según dijo, acató órdenes de la exministra, la cual le explicó que se había decidido que el avión aterrizara en Zaragoza porque permite el acceso de personal diplomático. También indició que Ghali viajaba con su carnet diplomático aunque ni a él ni a su acompañante se les identificó ya que las órdenes eran que la entrada fuera "discreta" y que se hiciera sin pasar por los controles de pasaporte ni aduanas.

La llamada de Vicepresidencia

Villarino también explico en su interrogatorio que el 15 de abril, tres días antes del aterrizaje del avión, recibió una llamada de un alto cargo del Ministerio de Vicepresidencia para interesarse por la llegada del activista saharaui. Es por ello que una de las acusación solicitó la testifical de Valldecabres, que en el momento de los hechos era jefa de gabinete de Calvo y en la actualidad directora general de la Fábrica Nacional de Moneda.

Los dos días previos recibió órdenes de Laya, la cual le facilitó los contactos de la Presidencia de La Rioja (hasta donde fue traslado el líder Polisario en ambulancia medicalizada) y otro de Argel. Preguntado por la identidad ficticia con la que Ghali ingresó en el hospital, Villarino se limitó a decir que cuando se enteró del asunto llamó al jefe de Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre-Estévez. Villarino le contactó para preguntarle si era cierto que Ghali se encontraba ingresado con el nombre de Mohamed Benbatouche y éste se lo confirmó.

Al hilo le envió también copia del pasaporte con el nombre falso de Benbatouche; documento que ahora reclama el magistrado Lasala para incorporarlo al procedimiento. En su providencia, el instructor explica que le da un plazo de tres días para que, a través de la Abogacía General del Estado, aporte dicha documental. También oficia a la Brigada de Información de la Policía Nacional de Zaragoza y al Ministerio de Exteriores para que se pronuncien a tenor de lo reclamado por la acusación que ejerce el abogado Antonio Urdiales.