Tribunales

Un juez eleva a la Audiencia Nacional el caso de los GEO españoles en Bolivia

Las autoridades locales les acusaron de urdir un plan de rescate de fieles a Evo Morales en la embajada de México. Un Juzgado se ha inhibido tras estudiar una denuncia contra el 'número dos' de la Policía.

Uno de los GEO se encara con uno de los civiles bolivianos que les hostigaban.
Uno de los GEO se encara con uno de los civiles bolivianos que les hostigaban.

El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha dictado un auto por el que se inhibe en favor de la Audiencia Nacional tras recibir una denuncia dirigida contra el director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González. Se le acusa de ser el responsable de la actuación de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en la embajada de México en Bolivia el pasado diciembre. Las autoridades locales lo presentaron como un intento de asalto al edificio diplomático para liberar a miembros del anterior Gobierno de Evo Morales. España lo niega.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el titular del Juzgado, David Suárez León, ha remitido la denuncia a la Audiencia Nacional al entender que es de su competencia decidir qué hacer al tratarse de unos presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero. El Juzgado ya trasladó los hechos a la Fiscalía de Madrid, que se pronunció en el mismo sentido

Según informan fuentes del Ministerio Público a Vozpópuli, consideraron que debía ser la Audiencia Nacional la que determinase la existencia de delito. Ahora, estas diligencias previas (244/2020) se dirigirán a ese tribunal, donde se decidirá su futuro. El origen es una denuncia presentada a mediados de enero por el sindicato Manos Limpias, que asume el relato ofrecido por los opositores a Evo Morales, actualmente en el Gobierno de Bolivia.

Versiones enfrentadas

Sostiene que el 27 de diciembre de 2012 la número dos de la embajada de España en Bolivia, Cristina Borreguero, acudió a la legación de México junto al cónsul español Álvaro Fernández. “Iban acompañados de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Al parecer estos iban encapuchados. La intención, presuntamente era liberar de la embajada de Mejicana a altos funcionarios del anterior Gobierno de Evo Morales”, dice la denuncia presentada a mediados enero.

En la embajada mexicana había en ese momento hasta nueve altos cargos de Morales, según Bolivia. El expresidente boliviano tuvo que dimitir un mes antes y abandonar su país rumbo al exilio en México entre fuertes protestas y acusaciones cruzadas de golpe de Estado. Tanto España como México enmarcan el encuentro en la embajada como una visita de “cortesía” que duró 40 minutos. Cuando las autoridades españolas salieron al exterior para volver a sus coches, los vehículos no estaban.

“La operación (de liberar a los fieles a Morales) se frustró toda vez que ciudadanos de a pie comenzaron a increpar a la delegación española”, dice la denuncia. Se refiere a la situación que vivieron los GEO españoles, quienes fueron objeto de ataques por parte de ciudadanos en torno a la embajada y tuvieron que alejarse. Las propias autoridades locales negaron el acceso a la zona a los policías españoles. Finalmente, pasada una hora, el Ministerio de Exteriores boliviano permitió que un coche accediera para recoger a los diplomáticos españoles, según detalló la administración mexicana. 

Servicio de escolta

Fuentes policiales consultadas por este periódico niegan ninguna operación de asalto. Aseguran que los agentes actúan siempre en labores de escolta y que se taparon la cara por seguridad cuando comenzaron a increparles. Los hechos provocaron tensión internacional entre Bolivia, México y España. Incluso en el aeropuerto fueron objeto de abucheos los policías españoles cuando regresaban a España días después. 

La denuncia que ahora recibirá la Audiencia Nacional va dirigida contra el DAO de la Policía y todos aquellos que pudieran haber colaborado. Les acusa de un delito de prevaricación administrativa de funcionarios y malversación de caudales públicos: “Se han utilizado y usado potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, además utilizando fondos públicos (billetes de avión de ida y vuelta para cuatro GEOS) para una misión no conforme a la Ley”.

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