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España

El Gobierno de Mas se gasta 44 millones de euros en modernizar el parque móvil de los Mossos

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiere que la Policía catalana asuma competencias en extranjería y control aduanero.

El Ejecutivo de Artur Mas no se aprieta el cinturón a la hora de renovar el parque móvil de su administración. Si la pasada semana, este diario informaba de cómo la Generalitat había iniciado la contratación de un servicio de alquiler de 42 coches de “representación” y otros 175 de diversa tipología para cubrir necesidades de transporte --de personas y de carga-- en cinco consejerías (Gobernación y Relaciones Institucionales; Economía y Conocimiento; Justicia; Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, y Bienestar Social y Familia), ahora toca el turno de la cartera de Interior. Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición del pasado sábado, el Gobierno catalán acaba de incoar un expediente de arrendamiento, con opción a compra, para la “renovación y sustitución” de la flota de vehículos de los Mossos d’Esquadra; Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento; Protección Civil y Secretaría General del departamento de Interior.

La dotación llega justo con la Generalitat inmersa en un proceso soberanista para reclamar al Ministerio del Interior que transfiera a los Mossos competencias en materia de extranjería y control aduanero, la protección de la fauna y flora, y la seguridad en los puertos y aeropuertos

En concreto, el número de vehículos a incorporar --vía leasing-- asciende a 968, distribuidos en 15 lotes. El de mayor volumen, el quinto, incluye 267 turismos y furgonetas sin logotipo. Le sigue en proporción el lote 1, que suma 159 vehículos patrulla con mampara. En total, el Gobierno catalán gastará 44 millones en el alquiler de casi un millar de coches para disfrutar de tal servicio durante los próximos siete años, según consta en el pliego de condiciones consultado por este diario. La ejecución del contrato, una vez se resuelva el concurso entre las empresas candidatas a la vuelta de las vacaciones, está prevista a partir del 1 de enero del próximo año.

La Consejería de Interior catalana, dirigida por Ramón Espadaler tras sustituir a Felipe Puig, ha sido centro de las críticas de movimientos como el 15-M por supuestas extralimitaciones de Mossos d’Esquadra en el control de manifestaciones ciudadanas contra los recortes del Gobierno de Artur Mas. Se da la circunstancia de que este departamento ya llevó a cabo la renovación del 41% de la flota de vehículos de la policía catalana hace apenas tres años. Entre junio y octubre de 2010 fue recibiendo 1.168 vehículos, también en alquiler, en una operación que supuso una facturación total superior a los 35 millones de euros. Aquella adjudicación, considerada entonces la mayor adquisición de vehículos en la historia de la policía catalana, se ve ahora superada no en unidades de suministro pero sí en cuantía económica por esta última licitación.

La adjudicación en 2010 para el alquiler de 1.168 vehículos, considerada entonces la mayor adquisición de vehículos en la historia de la policía catalana, se ve ahora superada no en unidades de suministro pero sí en cuantía económica por esta última licitación

Además, dicha dotación llega justo con la Generalitat inmersa en un proceso soberanista para reclamar al Ministerio del Interior que transfiera a los Mossos competencias en materia de extranjería y control aduanero, la protección de la fauna y flora, y la seguridad en los puertos y aeropuertos, que ahora recaen en la Guardia Civil y en la Policía Nacional.

En la renovación de 2010, el Gobierno catalán terminó otorgando el contrato a la firma ING Car Lease, compañía de renting de vehículos del Grupo ING, en una operación en la que se estableció que el 60% de la nueva flota fuese de la marca española SEAT. Ahora, en cambio, ese porcentaje será difícil de alcanzar, ya que entre los requisitos establecidos por la Generalitat figura que para el alquiler de 169 turismos, dentro del lote más numeroso, deben ofertarse vehículos pertenecientes a “un mínimo de 7 marcas y un máximo de 10”, siendo la aportación máxima 25 unidades por cada firma concesionaria. El Ejecutivo de Mas boicotea a la “marca España” en la letra pequeña.

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