Publicado: 16/02/2016 17:39
A partir del 1 de marzo los grandes propietarios de pisos vacíos durante más de dos años sin causa justificada deberán pagar un impuesto a la Generalitat. El gravamen estará también dirigido a las entidades financieras que dispongan de este tipo de inmuebles y, según el gobierno catalán, su fin es el de reducir el volumen de viviendas sin ocupar e incrementar los recursos para alquiler social.
Los ingresos que se deriven servirán para ampliar la partida destinada a la compra de pisos para alquiler social
Así, la Generalitat ha dado luz verde al reglamento que despliega el mencionado impuesto y, de acuerdo a la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, quedarán exentas las viviendas protegidas con calificación oficial vigente, las que estén situadas en zonas de escasa demanda acreditada, las puestas a disposición de programas sociales y los apartamentos turísticos. De hecho, el impuesto grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de inmuebles vacíos y los ingresos que se deriven servirán para ampliar la partida destinada a la compra de pisos para alquiler social.
La consejería ha detectado 72 municipios donde hay necesidad de vivienda social y en los que existen unos 8.300 pisos desocupados en condiciones para vivir. El impuesto es gradual, se calculará en función de la suma total de los metros cuadrados de superficie útil de los inmuebles afectados, y prevé aplicar una bonificación progresiva de entre el 10 y el 100% si el titular de los pisos destina parte de su parque de viviendas a alquiler asequible. Según el ejecutivo autonómico, se calcula recaudar unos 8 millones anuales con esta tasa, que servirán para ampliar la partida dedicada a la compra de pisos para alquiler social.
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