La Fundació Universitària Balmes, propietaria de la Universitat Central de Catalunya, en Vic, tiene una  subvención de 24,38 millones de euros,  cinco o veinte veces superior a las ayudas para las fundaciones universitarias de La Laguna (5,9 m.),  de Valladolid (2,8 millones), de Salamanca (810.899 €), o de la Complutense de Madrid (969.362 €). Así mismo siete de las doce entidades con mayores subvenciones de España se encuentran en Cataluña. Son datos que no aparecen en las explicaciones sobre la deuda de 17.000 millones perdonada a la Generalitat, consecuencia de un gasto que incluye las retribuciones para 389 altos cargos y 227 altos directivos o los cientos de millones para la política lingüística que ahora se cierne sobre los inmigrantes.

La impopular condonación de tan elevada deuda a costa del resto de los españoles se detecta en la forma en la que fue comunicada. El Govern de Salvador Illa la despachó en dos líneas y media del penúltimo párrafo de una larga nota de prensa. El ministerio de Mª Jesús Montero le dedicó cuatro de las 86 líneas de un extenso comunicado. Además, al publicitar su acuerdo ambas partes omitieron que 15 días antes el BOE publicó un decreto-ley autorizando al Instituto Catalán de Finanzas a un endeudamiento de hasta 4.000 millones de euros, más otras operaciones de deuda y avales a organismos de la Generalitat por importe de 111 millones.

Junto a aquellos disimulos el presidente de la Generalitat ha exhibido más gastos singulares que engordan la deuda, precisamente en materia lingüística. Una semana antes de firmarse el perdón fiscal, el Govern acordó un desembolso extra de 8 millones de euros para enseñanza del catalán a adultos. Una semana después de aquella rúbrica, el Molt Honorable President decidió subir a 800.000 € la  ayuda a una red de escuelas en lengua catalana situada en territorio francés.

La literatura del sanchismo y del independentismo en torno a este privilegio fiscal no analiza el gasto de los gobiernos separatistas y ahora socialnacionalista de Cataluña, ni la naturaleza de los ingresos. Los firmantes del acuerdo de condonación, fruto del pacto de Sánchez con Junqueras, saben cómo es la gestión que ha desembocado en el endeudamiento ahora repartido entre el resto de comunidades autónomas. Conocen, por ejemplo, la información de la Intervención General del Estado sobre el reparto de subvenciones y ayudas públicas por toda España. Con datos de 2023, los últimos publicados, en esa relación las entidades beneficiarias de Cataluña destacan por las siguientes posiciones:

   -7 de las 12 subvencionadas con más de 20 millones de euros anuales.

   -el 38 % de las que reciben más de 10 millones.

   -el 25% de las 150 entidades con subvención superior a 5 millones.

   -los 37,5 millones para la  tecnológica Eurecat o los 34,5 m. para la energética

   EREC superan en un 60% las ayudas a entidades similares del resto de España.

Quienes comulgan con la denominada singularidad fiscal también conocen el listado de entes del Servicio Público Institucional, donde Cataluña figura en primer lugar con 973 de dichos entes, seguida a distancia por Andalucía, con 782, y Madrid con 446. Buena parte de esos organismos del sector público de la Generalitat, el mayor de todas las comunidades autónomas, dispone de los directivos mejor pagados del país en el área pública, exactamente 227 individuos con un sueldo anual medio de 80.000 €.

De igual manera la Generalitat presidida por Illa encabeza el ranking de altos cargos políticos por su cantidad, 389, y por sus retribuciones, situadas en una media de 90.000 euros al año. Entre ellos se encuentran los 18 `embajadores´ repartidos por cuatro continentes o los titulares de numerosas Direcciones Generales como la de `Cuidados, organización del tiempo e Igualdad en los trabajos´, la de `Medios de comunicación´, la de `Servicios digitales y experiencia ciudadana´, etcétera.

En el informe El gasto de la ‘construcción nacional’, Impulso Ciudadano estimaba en 2021 en más de 1.000 millones de euros la factura anual de las políticas del nacionalismo excluyente en la administración autonómica. Aquel documento citaba un estudio de Francesc Trillas, destacado economista del grupo del PSC Federalistes d’Esquerres, hoy secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos del Govern, con ejemplos de gastos superfluos, inútiles, propagandísticos o ideologizados de la Generalitat, que situaba en 1.100 millones a lo largo de la legislatura. Se trata de dos grandes cantidades calculadas en 2021 que, sin obedecer a los mismos análisis, son referencias sobre el crecimiento de la deuda contraída por los gobiernos de Cataluña.

Los gastos ideologizados a los que se refería Trillas no contemplaban los del fomento del catalán. Al no haber presupuestos para 2025, el Departament de Política Lingüística creado por Salvador Illa dispone, al menos, de los 111 millones de ese capítulo en 2024. A eso hay que sumar una parte considerable de los 500 millones de euros de Cultura, y de otros departamentos, adjudicados por diferentes circuitos al fomento de la lengua cooficial. El cuadro junto a estas líneas recoge una parte de las subvenciones y demás ayudas oficiales para incentivar el uso de la lengua catalana.

La rapidez con la que Puigdemont ha proclamado que los inmigrantes deberán aprender catalán para legalizar su residencia y la prontitud con la que Sánchez ha `comprado´ esa exigencia, muestran la función de la lengua como arma política dotada de potentes recursos. Dos días después de que el presidente del Gobierno aceptara el requisito lingüístico, Victòria Alsina, dirigente de Junts per Catalunya que ha negociado con el PSOE la cesión de competencias, tras afirmar que cualquier “persona o empresa que llegue a Cataluña”, tiene “más oportunidades, más ascensor social y mayor integración si aprende catalán”, desvelaba el objetivo final que esconde el pacto en declaraciones a elnacional.cat:

“¿Eso también se tendría que aplicar a los funcionarios de todo el Estado, ya sean maquinistas de Renfe, inspectores de hacienda o jueces?”, le pregunta el periodista. “Evidentemente”, responde sin matices la persona que ha redactado con el PSOE el acuerdo sobre inmigración.

El inmigrante que se asienta en tierra catalana recibe una lluvia de consejos, reglas y advertencias para aprender una lengua que no es imprescindible en sus relaciones sociales y laborales. De eso se ocupan diez organismos vinculados al Departament de Política Lingüística, desde el Consorci per a la Normalització Lingüística al Consell Social de la Llengua Catalana, el Institut d’Estudis Catalans, el Ramon Llul, etcétera, desplegando todos un sinfín de subvenciones e iniciativas, incluido un diccionario terminológico LGTB, con ocho campañas permanentes de incentivación lingüística y ocho líneas de actuación para imponerlo en las empresas. Si ese mismo ciudadano llegado de fuera de Cataluña es finalmente obligado a aprender la lengua de Pompeu Fabra, habrá de pagar unas tasas de 25,50 a 262,67 €, según el curso donde se matricule, para obtener el certificado correspondiente.

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