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Galicia

La Justicia reconoce la adicción a la cocaína y al juego como causas de incapacidad permanente

Señala que su estado de salud le impide realizar un trabajo que requiere concentración y responsabilidad

El Tribunal Superior de Galicia concede la incapacidad permanente a un administrativo por su adicción a la coca y al juego
Tribunal Superior de Xustiza

Tras una larga batalla judicial, un varón de 43 años ha conseguido al fin que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le reconozca la incapacidad laboral permanente que reclamaba debido a que sus adicciones con las drogas, el alcohol y el juego le imposibilitan desarrollar sus labores profesionales como administrativo. Los magistrados del alto tribunal gallego le han reconocido este derecho al estimar que ''su labor requería una cierta concentración y responsabilidad que no iba a poder llevarse a cabo con la situación del demandante en la actualidad''.

El demandante inició su particular batalla judicial para obtener la incapacidad permanente y la correspondiente prestación vitalicia hace cuatro años, fecha en la que acudió al Instituto Nacional de la Seguridad Social para exponer su problema y sus pretensiones. Sin embargo, el citado organismo denegó su solicitud alegando que las lesiones que padecía no eran permanentes ni definitivas.

Este rechazo no fue aceptado de buen grado por el afectado, que decidió entonces presentar un recurso ante el Juzgado de lo Social número 2 de La Coruña. Sus pretensiones tampoco fueron aceptadas por el citado órgano judicial, por lo que el administrativo, convencido de que su adicción a la cocaína, al alcohol y al juego le impedían realizar su trabajo con un mínimo de diligencia, apeló ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En esta ocasión sí tuvo suerte y el alto tribunal autonómico, tras estudiar el caso y valorar los diversos intentos de rehabilitación a los que se sometió el demandante, ha concluido que ''sus problemas tenían la suficiente entidad para considerar que le estaban impidiendo llevar a cabo su profesión habitual de administrativo''.

La pretensión del administrativo consiste en poder cobrar una pensión que, según su base reguladora, podría ascender hasta casi 1.800 euros mensuales, si bien el propio TSXG recalca que la incapacidad concedida al demandante no tiene la condición de definitiva y, por lo tanto, podría ser objeto de revisión y hasta de ser retirada si se observa una mejoría.

Esta noticia ha provocado un gran torrente de reacciones en las redes sociales, en las que muchos usuarios critican la sentencia del tribunal o reflejan los agravios que padecen numerosos trabajadores que no ven reconocidas las discapacidades que sufren en el grado que consideran apropiado. “Luego te falta una pierna y te dan el 40%”, expone uno de los internautas, mientras que otro comenta que “mi hermano, con una incapacidad de más del 65% por la amputación de la pierna, lleva un año sin recibir la pensión y encima le asignan una cantidad 50% inferior a la que le corresponde por ley”. El humor negro tampoco falta en alguno de los comentarios, como el de un usuario que pregunta “¿1.700 euros cuántos gramos de farlopa son?”

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