España

90 exfuncionarios interinos demandan al Gobierno por contratación fraudulenta

Hacían labores relacionadas con el área de Migraciones. Denuncian que tanto su contratación como su cese no se ajustaron a derecho

Magdalena Valerio, ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Magdalena Valerio, ministra en funciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una avalancha de demandas por parte de exinterinos que integraron un programa de reasentamiento y reubicación de refugiados y solicitantes de asilo. Se trata de unos 200 exfuncionarios interinos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de Interior que empezaron a trabajar en la era PP, en 2015, y fueron cesados por el gobierno socialista el pasado año. Según ha podido saber Vozpópuli, se han presentado alrededor de 90 demandas contra el Gobierno por contratación y cese supuestamente fraudulentos en distintos juzgados  de lo contencioso-administrativo de Madrid.

El meollo de las demandas es que los funcionarios interinos consideran que desempeñaron labores que traspasaban los límites del programa que realizaban y que alcanzaban a cuestiones vinculadas, de una forma u otra, al día a día de la Secretaría de Estado de Migraciones. Así, entienden que fueron tratados de manera irregular al serles incumplidas "cuestiones tratadas en sucesivas reuniones" y ser finalmente "despedidos" en octubre/diciembre de 2018, y no prorrogados en sus puestos "con cargo a vacante" hasta la llegada del personal fijo que desempeñará próximamente las mismas funciones.

"Cuando convocan una OPE para cubrir los puestos que ocupábamos nosotros con personal fijo están reconociendo que el trabajo que hacíamos como un 'programa' era el de funcionarios de carrera"

"Cuando convocan una OPE para cubrir los puestos que ocupábamos están reconociendo que el trabajo que hacíamos como un 'programa' puntual dirigido a refugiados era el de funcionarios de carrera en el día a día de Migraciones", dice una extrabajadora."Al principio creí que me habían contratado para un Programa de Reasentamiento y Reubicación, en plena crisis migratoria siria. Nunca estuve en contacto con personas refugiadas sirias, hacía cosas del día a día de la Secretaría de Estado de Migraciones. Las funciones desempeñadas fueron más allá del objeto inicial de mi nombramiento, atendiendo en definitiva necesidades estructurales y no coyunturales". 

Según documentación a la que ha podido acceder este medio, la misma trabajadora, que duda si fue nombrada funcionaria interina de un programa inexistente, solicitó al Gobierno que le facilitase y/o publicase toda la información relativa al programa en cuestión, pero la petición fue rechazada por tener "un carácter abusivo no justificado con las finalidades de transparencia de la Ley". 

Los funcionarios despedidos consideran así que la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el cese por parte de las Administración Pública de funcionarios interinos contratados de forma abusiva con contratos temporales podría aplicarse a su caso

En palabras de los cesados, los méritos que reunieron en 2015 para empezar a desempeñar esas labores - pasaron un concurso-oposición- y el tipo de tareas realizadas "marcan que los funcionarios interinos que fueron despedidos estaban desempeñando funciones propias de funcionarios de carrera y fueron nombrados para cubrir puestos estructurales, para el desempeño de funciones que no están claramente delimitadas en cuanto a su objeto y que satisfacen necesidades estructurales, ordinarias y permanentes (funciones que son propias y habituales de la Administración Pública contratante)", insisten, a la vez que aseguran que, si bien en las distintas órdenes de contratación del programa se fijaba que este no podría tener una duración superior a los tres años, a los contratados, al menos en Migraciones, se les dijo que el proyecto era prorrogable a cuatro.

Los funcionarios despedidos consideran así que la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el cese por parte de las Administración Pública de funcionarios interinos contratados de forma abusiva con contratos temporales podría aplicarse a su caso.

Respuesta del Gobierno

"El programa de reasentamiento y de reubicación, en el marco del sistema de acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados, que se autorizó por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 2015, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por España derivadas de la Agenda Europea de Migraciones. Este programa, según lo establecido en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no puede tener una duración superior a 3 años. El programa se inició el 26 de octubre de 2015 y, por tanto, finalizó el 26 de octubre de 2018", han respondido a Vozpópuli fuentes del ministerio de Función Pública.

"En este contexto, en julio de 2018 se autorizó una oferta de empleo público extraordinaria (del mismo número de plazas que las de interinos para el ministerio de Migraciones, y de unas 300 para Interior) para su cobertura, tras los procesos selectivos correspondientes mediante convocatorias públicas, con funcionarios de carrera, lo que permitirá desarrollar funciones en este ámbito con una plantilla estable. No obstante, y hasta que todas las plazas se cubran tras su respectivo proceso selectivo, esas plazas se cubrirán en todo momento por funcionarios interinos que serán sustituidos posteriormente por los que superen esos procesos de selección", han zanjado, sin entrar a valorar las 90 demandas. 

Los trabajadores, respaldados por CCOO

Respaldados por Comisiones Obreras, los cesados critican que el Gobierno haya preferido despedirles de forma en esencia "injustificada" e incurrir "en un cúmulo de irregularidades" al nombrar, denuncian también, de forma "nada pública" a otra tropa de interinos - han hecho solicitudes de información sobre los nuevos procesos de contratación que han sido desatendidas.

Así, cuestionan que se apueste por la llegada de nuevos trabajadores "sin experiencia y formación en Migraciones" para cubrir los puestos hasta la Oferta Pública de Empleo en lugar de nombrarles a ellos "interinos con cargo a vacante", circunstancia para la que "no existe ningún impedimento legal"; e inciden en que los procedimientos aplicados afectan negativamente a la eficiencia del gasto público atendiendo a los costes de formación de los nuevos empleados, las prestaciones de desempleo de los cesados y el abogado del Estado que trabajará frente a las demandas.

Frente al argumento del Gobierno de que los interinos no pueden llevar más de tres años seguidos en su puesto, uno de los despedidos denuncia que compartió labores con trabajadores que llevaban más tiempo, como así también que otros ya han vuelto a ser contratados.

Una trabajadora que lleva la voz cantante en las denuncias, en tanto, dice haber sido represaliada al haber sido privada del certificado de sus funciones durante estos tres años, a pesar de haberlo solicitado por registro, lo que le perjudica de cara a postularse en otros puestos de la Administración.

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