Fuga de jueces y fiscales: "El Estado no puede permitirse una justicia débil en Cataluña"

Los jueces no quieren estar en Cataluña y en los últimos meses se marchan de la Comunidad Autónoma en cuanto tienen la más mínima oportunidad. Es la denuncia realizada desde colectivos y asociaciones judiciales que muestran su preocupación por el goteo de 'abandonos' en la magistratura catalana.

En el último concurso de traslado, celebrado el pasado lunes, cuatro jueces más han decidido marcharse de Cataluña y ya son un total de 46 desde que se inició el "procés" en septiembre de 2017. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en Cataluña, ha denunciado estos datos y denuncia lo que considera la dejadez del ministerio de Justicia, que hasta ahora "no está adoptando medidas para atajar esta fuga".

"Cataluña, al ser una comunidad con pocos opositores, se ha nutrido tradicionalmente de jueces del resto de España", explica Pablo Baró, portavoz de la APM en Cataluña. Estos jueces, pasado un tiempo, concursan para conseguir una plaza más cercana a su lugar de origen. Ahora, unido a esta movilidad, aparece el desafío soberanista que ha disparado estos concursos. "Entre los meses de septiembre de 2016 y 2017 -los meses anteriores al procés- se marcharon 25 jueces", explica Baró. "En el mismo ciclo del año siguiente -septiembre 2017/2018- son 42 los jueces que abandonaron la comunidad". Esta semana se han unido cuatro más.

"El goteo es constante, urge la adopción de medidas por parte del ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial", advierten desde la Asociación, que pide soluciones urgentes para atajar esta salida. "Hemos pedido un complemento como el que existe en País Vasco o Navarra", explica el portavoz de la asociación de jueces. Se trata de un complemento de "especiales circunstancias" que hace necesario un consenso político y legislativo que, de momento, está por llegar.

El procés y las amenazas a los jueces

La desbandada de jueces se disparó coincidiendo con el inicio del procés y aún no ha tocado suelo. Las asociaciones ya dieron la voz de alarma el pasado mes de junio. En el concurso de magistrados del CGPJ se ofertaron un total de 17 plazas, unidas a otras tres de nueva creación. De ellas, quedaron desiertas siete, cerca de la mitad de los destinos ofertados.

"Cataluña nunca ha sido un destino fácil", desvelan a este medio fuentes del Consejo General del Poder Judicial coincidiendo con la opinión de las asociaciones judiciales. "Si ya había problemas con el idioma, la escolarización de los hijos o el conocimiento del derecho autonómico propio, ahora la situación se agrava con toda la tensión independentista". 

Desde la APM denuncian la situación de numerosos jueces y magistrados en Cataluña. "Ha habido ataques directos contra Pablo Llarena -instructor del Supremo en la causa- o contra el titular del juzgado número 13 de Barcelona -encargado de la instrucción en primera instancia del 1-O-"; recordando episodios que van desde los insultos, 'escraches' y persecuciones, pasando por la amenaza más o menos velada, hasta las clásicas pintadas en las sedes judiciales. 

Por eso insisten en la necesidad de poner freno esta situación. "El Estado no puede permitirse que el Poder Judicial se vea debilitado en Cataluña", advierte Pablo Baró. "No se puede tolerar ni los ataques ni la caída del número de jueces titulares en la comunidad", insiste el portavoz de la APM en referencia a los "parches" que supone la cobertura de estas plazas con jueces sustitutos. Hasta medio centenar de ellos en apenas unos meses.