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España

Tres pequeños delincuentes defraudan 5 millones de euros a la Seguridad Social

Uno de los hermanos Picón, tras su detención en Jerez.

Nada de ingeniería empresarial. Un sistema tan sencillo como eficaz. La Guardia Civil ha desmantelado en los últimos días en la provincia de Cádiz una extensa trama de fraude dirigida por dos hermanos treintañeros y un primo de ellos que ha causado a las arcas de la Seguridad Social un agujero de al menos cinco millones de euros tras crear en el último año seis empresas fantasmas. Junto a los tres cabecillas, que hasta ahora sólo tenían antecedentes por pequeñas estafas, han sido arrestadas 88 personas más y otras 213 han sido imputadas en una de las operaciones contra el fraude a las arcas del Estado con mayor número de implicados. La mayoría de éstos habían pagado a los cabecillas de la red para que les dieran de alta en la Seguridad Social con contratos falsos de trabajo en sus compañías inactivas durante los meses necesarios para cobrar las prestaciones por desempleo y la ayuda mensual de 419 euros.

La ‘Operación Picones’ –bautizada así porque los dos hermanos arrestados se apellidaban Picón- se inició en abril de 2011, cuando un vecino de la localidad gaditana de Ubrique acudió a la Guardia Civil para denunciar que un juzgado le había embargado el poco dinero que tenía en su cuenta corriente acusado de ser el administrador único de una empresa de hostelería que él no conocía y con la que se había adquirido un vehículo de lujo que no se había pagado. Esa primera denuncia llevó a la Guardia Civil a seguir la pista de esa misteriosa compañía que, según la información que obraba en la Tesorería General de la Seguridad Social, tenía trabajando nada menos que 35 camareros en un bar del cercano municipio de Jerez de la Frontera. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Ni había trabajadores ni tan siquiera existía el local. 

Testaferros insolventes

Ese hilo permitió a los investigadores comenzar a tirar de la madeja. Poco después, la persona que había asegurado que no sabía nada de la existencia del negocio de hostelería que estaba a su nombre reconocía ser el hombre de paja de dos hermanos domiciliados en Jerez, a los que las posteriores pesquisas permitieron relacionar con otras cinco empresas fantasmas, en este caso dedicadas supuestamente a la construcción. Al frente de ellas, habían colocado supuestamente como administradores a personas insolventes y, en varios casos, con problemas de alcoholismo. A todos ellos les hacían firmar periódicamente diversos documentos a cambio de pequeñas cantidades de dinero, gasolina para sus coches, algún pequeño aparato electrónico o, simplemente , una botella de licor.

Una de las empresas fantasmas de la trama era un bar inexistente que tenía 'contratados' 35 camareros

A través de las seis empresas, la red de los hermanos Picón hacían los falsos contratos de trabajo a los parados que aspiraban a estar de alta en la Seguridad Social durante el tiempo necesario para poder recibir posteriormente la prestación por desempleo y otro tipos de ayudas, como los 419 euros fijados para los parados de larga duración. El encargado de contactar con ellos era el primo, que acudía a las barriadas más deprimidas de las localidades de la Sierra de Cádiz en busca de ‘clientes’. “Se había corrido la voz y tenían multitud de aspirantes”, detallaba ayer a este diario el comandante Luis Martín, responsable de la investigación.

A cambio de dichos contratos, los nuevos ‘trabajadores’ se comprometían a entregar a los dirigentes de la trama el importe que las compañías fantasmas deberían ingresar como cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, así como una cantidad fija mensual que fluctuaba entre los 100 y los 150 mensuales como pago por el servicio mientras estuvieran falsamente contratados. Entre los clientes de la trama también había reclusos que con los trabajos ficticios conseguían que los jueces aplazasen o, incluso, suspendieran el ingreso en prisión con la excusa de que estaban reinsertados. Incluso, los tres cabecillas de la trama aparecían como trabajadores de alguna de las empresas para, más adelante, poder solicitar también ellos  la prestación por desempleo.  Hasta ahora, la Seguridad Social ha detectado 261 altas en la seguridad social fraudulentas, aunque la Guardia Civil sospecha que pueden ser mucho más.

330.000 euros para ellos

De los cinco millones de euros en que hasta el momento se calcula el montante de la estafa, los tres cabecillas se habían embolsado directamente 330.000 euros. “No hemos recuperado prácticamente nada en metálico. Según cobraban, se lo gastaban”, señala a Vozpópuli el oficial de la Guardia Civil. El resto es el dinero que sus ‘clientes’ han defraudado tras cobrar el paro y otras ayudas durante el año que, calculan los investigadores, llevaba funcionando la red.

 No obstante, los delincuentes habían encontrado otra forma de sacar dinero a sus falsas empresas: la compra a crédito de vehículos de lujo y artículos de electrónicas a nombre de las mismas. “Nunca pagaban, y cuando las financieras pretendían recuperar el automóvil o el objeto adquirido, era imposible. Los Picón ya lo habían vendido a una tercera persona”, detalla el comandante Martín. Hasta ahora, se ha detectado la adquisición de 20 coches de más de 20.000 euros cada uno que habían terminado vendiendo en El Chicle, una de las barriadas más humildes de Jerez, por poco más de 6.000 euros. “Había más coches de lujo allí que en toda la ciudad”, señala el responsable de la investigación. También habían adquirido multitud de teléfonos móviles de última generación y televisiones de plasma.

La Guardia Civil investiga ahora si los detenidos han contado en algún momento con la ayuda de personas con conocimientos financieros y empresariales, ya que los agentes están convencidos de que con preparación que tenían es “muy difícil” que hubieran sido capaces de crear la eficaz red defraudadora que tenían. “No se les conocían ni trabajo anterior ni estudios, y, sin embargo, han hecho en sólo un año un agujero enorme a la Seguridad Social con un sistema muy sencillo”, apunta el comandante Martín. Los investigadores analizan también la posible presencia de estafas similares en otras provincias de España: “Ahora sabemos cómo funcionan y cómo detectarlas”, añade el oficial.

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