El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, será nombrado nuevo secretario de Estado para el Deporte, ocupando el cargo que ha dejado vacante Irene Lozano, que irá en las listas del PSOE en la Comunidad de Madrid, según han informado a Efe fuentes del partido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado a Franco su nombramiento este lunes y la designación será efectiva, en principio, este martes en el Consejo de Ministros.

Franco tomó las riendas de la Delegación del Gobierno en Madrid en febrero del 2020, relevando en el cargo a María Paz García Vera.

Lozano, que relevó a María José Rienda como presidenta del CSD a finales de enero de 2020, fue presentada el pasado jueves como número cinco de la lista socialista que encabeza Ángel Gabilondo para las elecciones del 4 de mayo en la comunidad madrileña.

Actualmente, José Manuel Franco es secretario general del Partido Socialista en Madrid.

Etapa en delegación del Gobierno

El 17 de febrero de 2020 Franco tomó posesión poniendo como prioridad la igualdad, la lucha contra la violencia de género y para dar "seguridad al servicio de la libertad", entre otras cuestiones. "Solo respetando la libertad se respeta la dignidad. Por eso la seguridad cobra importante relevancia", dijo.

Un mes después la pandemia se convirtió en su prioridad, y en la de todos los dirigentes políticos. Días antes había autorizado la manifestación del 8M, que le reportó problemas judiciales. Fue imputado y llamado a declarar por supuesta "prevaricación ante el riesgo sanitario" que comportó esta decisión. Pero finalmente la jueza Carmen Rodríguez Medel archivó el caso.

Tras la aprobación del primer estado de alarma, el delegado del Gobierno asumió el Plan de Protección Civil de la Comunidad y también el Centro de Coordinación de la crisis del coronavirus, el mando único madrileño.

Todas las manifestaciones fueron canceladas y las FCSE se dedicaron casi en exclusividad a hacer efectivo el estado de alarma, por lo que la Delegación recopiló diariamente el número de denuncias, detenciones y controles efectuados para evitar movimientos no autorizados de los ciudadanos. También coordinó el reparto de mascarillas, EPIs y otros recursos sanitarios a trabajadores esenciales y entidades sociales.

En su condición de secretario del PSOE-M ofreció a finales de abril a la Comunidad y a los agentes sociales "un gran pacto para la recuperación y para la reconstrucción" para que, una vez superada la crisis sanitaria "los grandes perdedores de las crisis económicas no sean los mismos de siempre y las cargas de la misma sean repartidas de forma equitativa".

Un pacto que nunca se materializó debido a un enrarecido clima político que ha caracterizado la política madrileña en el último año. La Comunidad acusó a Franco de usar su cargo para hacer oposición y puso por ejemplo la investigación que abrió la Delegación por posibles incumplimientos de la normativa antiCovid en el evento que reunió a decenas de personas, incluidos los máximos mandatarios regionales, por el cierre del hospital de emergencia de Ifema el 1 de mayo. Una investigación que meses después cerró la Fiscalía.

A pesar de las prohibiciones, a mediados de mayo comenzaron las caceroladas de protesta contra el Gobierno central en el barrio madrileño de Salamanca, que luego se extendieron a la calle Ferraz y otros puntos. El delegado reforzó la presencia policial y pidió a los manifestantes que respetaran las medidas sanitarias, al tiempo que criticó el apoyo que les dio en la Asamblea la presidenta regional. Días después se permitieron otras marchas, como la protagonizada en coche de Vox por el Paseo de la Castellana.

La autorización o no de manifestaciones ha sido uno de los quebraderos de cabeza del representante del Gobierno en Madrid. Dos marchas de negacionistas que no respetaron las medidas de separación o la de llevar mascarillas acabaron con decenas de multas y las críticas de sus adversarios políticos.

Tras el último episodio de este tipo, y entrada la tercera ola de la pandemia, la Delegación ha optado por prohibir las protestas más multitudinarias y todas las del 8M gracias al aval del Tribunal Superior de la Justicia de Madrid. Sin embargo, ha recibido criticas por concentraciones sí autorizadas como la del homenaje a la División Azul de hace un mes.

Moción de censura

En junio el líder de los socialistas madrileños afirmó que "había motivos" para una moción de censura contra Díaz Ayuso para "alejar la mezquindad de la política madrileña" y por el "desgobierno". Incluso para ello llegó a apuntar la posibilidad de que una persona de Ciudadanos ocupara la Presidencia para así garantizar su éxito.

Sin embargo, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, desechó tajantamente esta idea y el Partido Popular también descartó la convocatorio de unas elecciones anticipadas, pese los numerosos desencuentros entre los dos partidos que componen el Gobierno regional.

En esos días Franco se vio envuelto en otra polémica política después de que en una videoconferencia a militantes del PSOE hablara de "retorcer el tema de las residencias" contra el Ejecutivo autonómico. Desde su partido negaron cualquier tipo de estrategia en este sentido pero el PP pidió su comparecencia en el Senado y su reprobación en la Asamblea, que fue aprobada por los tres partidos de centro y derecha.

El delegado reiteraba en que el Partido Socialista estaba "preparado" para unas nuevas elecciones autonómicas y volver a ganarlas, algo que finalmente llegó con el anuncio este mes de comicios por parte de la presidenta regional tras la moción de censura planteada por PP y Cs en Murcia.

Dispositivos de seguridad

Tras la desescalada, las competencias en el control de la pandemia pasaron a manos de la Comunidad de Madrid. Pese a que el delegado del Gobierno no estaba muy de acuerdo con la efectividad de los confinamientos por zonas básicas de salud (ZBS), siempre ha mostrado su "lealtad" con el Gobierno regional para aplicar sus medidas y ha desplegado a policías y guardias civiles para hacerlas cumplir, pese a las críticas de los mandatarios regionales y de la capital, que le han reprochado falta de agentes.

José Manuel Franco ha acusado a la Comunidad de "no hacer todo lo que tenían que hacer" desde que asumieron las competencias y siempre se ha mostrado partidario de medidas más duras en Madrid. También ha cargado contra la "improvisación absoluta" en la vuelta al curso en septiembre de los escolares, contra el mensaje "xenófobo" lanzado en el Debate del Estado de Ayuso o contra el discurso "fallido u oculto" sobre la nueva bajada de impuestos que anunció.

Los últimos enfrentamientos han venido motivados por la problemática de la Cañada Real, donde vecinos de los sectores V y VI llevan cuatro meses y medio sin luz. Y los más reciente por la llegada de 'turismo de borrachera' a Madrid, alentado a su juicio por PP y Cs.