La total libertad de Moncloa para asignar los fondos europeos activa la alarma en Bruselas

Los técnicos comunitarios del equipo de la presidenta Ursula Von der Leyen están mirando con lupa al Gobierno de Pedro Sánchez antes de entregar los primeros tramos de los fondos de ayuda para la covid. Lo que más preocupa, de momento, es la “elevada discrecionalidad” con la que Sánchez ha diseñado su plan de acción, según ha sabido Vozpópuli de fuentes comunitarias. El caso de los 53 millones de euros entregados por la SEPI a la compañía Plus Ultra y los otros 120 millones pagados a Duro Felguera, ambas vinculadas con Venezuela, han aumentado el malestar en el Ejecutivo comunitario.  

Hace un mes, Moncloa redactó un polémico decreto que obtuvo el apoyo del Congreso gracias a la abstención de Vox, y en el que se describía el método de ejecución de los fondos europeos en un marco de gestión muy centralizado por Sánchez y sin controles externos. Se trata de una anomalía en Europa, explican fuentes de la Comisión, donde ya han activado los mecanismos internos de vigilancia y control, tras la alarma recibida por parte de los partidos políticos en Bruselas y hasta por intermediarios de la patronal.

En ese documento, que los partidos de la oposición e incluso algunos socios de Sánchez piden que se convierta cuanto antes en ley para permitir modificar el texto, el Ejecutivo obvió incluir, además, la opinión del Consejo de Estado. Se trata de un dictamen no vinculante, argumentan en la Moncloa, pero que levantó ampollas en la oposición. Esta omisión empezó a alimentar las sospechas de la Comisión Europea.

Sombra venezolana

Hace casi un mes, la Comisión Europea envió un mensaje al Gobierno en el que pedía explícitamente activar una Unidad de Seguimiento para controlar el gasto europeo con expertos independientes. El propio Sánchez prometió a Von der Leyen en febrero buscar perfiles técnicos. El primer nombre que se ha puesto sobre la mesa es el de Santiago Fernández Muñoz, que proviene de la Airef pero también fue concejal en Torrelodones.

A la vez, las informaciones sobre el rescate de Plus Utra, desvelado por Vozpópuli, y el pago de la SEPI a la empresa de infraestructuras Duro Felguera, que en 2009 desembarcó en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para construir la central eléctrica de ciclo combinado Termocentro, han aumentado las alarmas. "Es un ejemplo de libro de lo que no se debe hacer", destacan fuentes en contacto con el equipo de Von Der Leyen.

La cuestión no es baladí porque sin controles externos podrían multiplicarse los casos de favoritismos o directamente de corrupción en el gasto de los fondos europeos. La discrecionalidad de esos rescates y el miedo a que Sánchez actúe sin controles alimenta las peticiones para que por lo menos la Airef tenga un papel en esa distribución de dinero. Y que, sin duda, también vigile la Intervención General del Estado, que habitualmente se encarga de fiscalizar los contratos públicos de la administración.

Corrupción y favoritismo

La Comisión no puede permitirse pasos en falso, so pena de acabar pagando políticamente los platos rotos de la mala gestión de los países miembros. Es cierto que los fondos europeos se repartirán a lo largo de un plazo de cinco años, y que varias fuentes del gobierno y de la oposición comentan que el primer decreto es solo un primer paso en el mecanismo de gasto. "Se irá modificando", señalan.

Pero Sánchez tiene prisa porque la situación económica está tardando en recuperarse y sus planes estratégicos y políticos dependen, como ha adelantado este diario, de la vacunación y el comienzo del repunte económico. Entre ellos, un posible adelanto electoral en 2022 que cada día que pasa gana más fuerza. El hecho de que este año lleguen menos de la mitad de los fondos esperados, como publicó Vozpópuli, ya ha creado cierto nerviosismo en el Gobierno.

"Vamos con un retraso de al menos tres meses", deslizan fuentes conocedoras de la gestión de petición y tramitación de esos fondos. Mientras que en Bruselas no tienen duda: "Les tienen enfilados", concluyen fuentes cercanas a la presidente Von der Leyen para describir cómo en estos días los técnicos económicos están mirando con lupa a España.