El futuro judicial del Emérito, pendiente del fiscal suizo que destapó sus cuentas

El fiscal suizo Yves Bertossa tiene en sus manos el futuro judicial del Rey Emérito. El fiscal jefe del cantón de Ginebra, que arrancó hace poco más de tres años una investigación por las cuentas en el extranjero de Juan Carlos I, tiene pendiente entregar más documentación al Ministerio Público español que indaga si el monarca cometió hasta cuatro delitos con el presunto cobro de comisiones por negocios en Arabia Saudí y la gestión de los fondos fuera de España. La Fiscalía ya ha advertido que la recepción de ese material marcará el futuro judicial del padre de Felipe VI.

En concreto, explicó en una nota este viernes que el contenido de la respuesta que aporte Ginebra permitirá, o bien confirmar los indicios, o bien desecharlos, aunque tampoco se descarta que de su estudio puedan surgir nuevas investigaciones. Hasta la fecha, la Fiscalía del Tribunal Supremo suma tres líneas de investigación relativas todas ellas a las derivadas tributarias del Emérito. Se trata de unas pesquisas que dirige el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, en colaboración con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Precisamente, la primera de ellas nació en el seno de este último organismo a tenor del caso Villarejo. Anticorrupción impulsó unas pesquisas tras las confesiones de Corinna Larsen al comisario jubilado en un encuentro mantenido en Londres en 2015. Entonces la examiga íntima del Rey le reveló que se pagaron importantes comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca en 2011 a un consorcio integrado por empresas españolas. Además también le contó (en una conversación que quedó grabada) que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza que controlaba su primo Álvaro de Orleans.

El caso Villarejo declinó investigar el asunto pero las grabaciones dieron pie a una investigación en Suiza y otra Anticorrupción por las mordidas que se habrían abonado para hacerse con el contrato de 6.736 millones de euros. Mientras las pesquisas en España siguen abiertas y se centran en un posible delito de corrupción en los negocios internacionales, Suiza arrancó unas diligencias que han terminado por destapar la fortuna del Emérito fuera de nuestras fronteras.

Las pistas le llevaron al abogado Dante Canónica y el gestor Arturo Fasana. Los registros acreditaron la existencia de las fundaciones Zagatka (con cuenta en un banco suizo y controlada por Álvaro de Orleans) y Lucum. Esta última canalizó una donación de 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió en 2008 del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz y que acabó cuatro años después en una cuenta de Larsen en Las Bahamas. La gestora alemana dijo que se trató de un regalo por el cariño que le tenía a ella y a su hijo.

Sin embargo, las pesquisas llevaron a una segunda línea de investigación abierta de nuevo ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto uso por parte de Juan Carlos y otros miembros de la Familia Real de tarjetas de crédito a nombre de terceros (el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause) y en la que cargaron gastos personales. Los abonos se produjeron entre los años 2016 y 2018.

La tercera y última línea hasta el momento se inició a tenor de la alerta del Sepblac de un trust que el Emérito abrió en Jersey en 2004. Esta última ya se incoó directamente en el Tribunal Supremo tras haber asumido las anteriores. El objetivo de Campo y su equipo se centró en esclarecer si se produjo comisión de delito contra la Hacienda Pública teniendo en cuenta que en 2014, tras dejar la Jefatura del Estado, perdió su condición de inviolabilidad.

Recabar datos de sus cuentas

En ese contexto, el Ministerio Público remitió una comisión rogatoria el 24 de febrero a la Fiscalía suiza con el fin de incorporar más información que atesora Bertosa. Tal y como avanzaba este jueves El Mundo, en dicho documento se apuntaba al papel de "comisionista internacional" que podría haber jugado el monarca en este tiempo. Tanto es así que apuntó a indicios de comisión de cuatro delitos: contra la Hacienda Pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía aclaró horas después que se trata de una calificación jurídica "inicial y provisional" y que no se está ante un dictamen final, sino que se sigue recabando documentación.

Fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli explican que su finalidad es obtener información de las cuentas relativas a las sociedades que gestionaron terceros para el Rey, de manera que el foco estaría puesto principalmente en la primera de las líneas abiertas por estos hechos. Su abogado, Javier Sánchez-Junco, denunció ayer en un comunicado que la comisión rogatoria no era pública y que contiene "graves afirmaciones e imputaciones" que se realizan sin la más mínima justificación. Al hilo, alertó que se estaba conculcando el principio de inocencia y afectando a su imagen pública.

Se trata del tercer comunicado que emite la defensa del Emérito en los últimos nueve meses. El primero se remonta a diciembre del año pasado cuando se comunicó el pago "sin requerimiento previo" de 673.393, 72 euros para hacer efectiva su regularización fiscal. El segundo también desveló el abono a la Agencia Tributaria de cerca de 4,4 millones de euros que correspondían a las rentas de viajes y servicios de que se costearon a través de la Fundación Zagatka. El objetivo era regularizar la deuda tributaria antes de que la Administración le notificase el inicio de las actuaciones para así evitar el delito.

Doble encuentro de Delgado con Felipe VI

Este comunicado se conoció justo un día después de que se emitiera la comisión rogatoria a Suiza, de la que se ha tenido conocimiento esta semana. La publicación de las tesis del fiscal Campos coincidió además con el despacho mantenido entre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y Felipe VI para entregarle la Memoria de la Fiscalía del ejercicio 2020. El actual Rey no se ha pronunciado sobre este asunto hasta el momento más allá de desvincularse de la Fundación Lucum. Lo hizo renunciando a la herencia al constatar que aparecía como segundo beneficiario.

Se da la circunstancia de que, pese a no haber coincidido en meses en un acto público, el despacho mantenido este viernes no será el único acto que una a Felipe VI y la máxima representante del órgano que investiga a su padre. Este mismo lunes ambos están convocados al acto de apertura del año judicial que preside el Jefe del Estado y en el que intervendrá Delgado además del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.