Desafío soberanista

La Fiscalía culpa a Trapero de que los Mossos actuasen como la “policía del pueblo”

Miguel Ángel Carballo usa la sentencia del Supremo para defender su acusación por sedición contra la cúpula de la policía catalana y abandona la tesis del “golpe de Estado”

Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra, durante una declaración en sede judicial.
Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra, durante una declaración en sede judicial.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha expuesto este lunes su informe de conclusiones finales en el que ha defendido imponer una condena por sedición contra el exjefe de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero, su cúpula política y una intendente del cuerpo autonómico por los hechos ocurridos antes y durante el referéndum del 1-O en Cataluña. A juicio del fiscal Miguel Ángel Carballo, la policía catalana buscó aquellos días preservar su imagen como “policía del pueblo”. “¿De qué pueblo, el que estaba del lado de la Ley o del que no estaba del lado de Ley?”, se ha preguntado.

“Lo que pasó en Cataluña fue un golpe de Estado”. De esta forma tan rotunda defendió la Fiscalía del Tribunal Supremo su acusación por rebelión contra los líderes del 'procés' hace ahora un año. Esta vez, el ministerio público abandonó esa tesis como ya avanzó la semana pasada al rebajar de la rebelión a la sedición su acusación con la alternativa de una pena por desobediencia que abre la puerta a que Trapero y el resto de acusados reciban una condena que ni siquiera implicaría su ingreso en prisión. 

La diferencia entre un relato y otro es precisamente la condena dictada por el Tribunal Supremo que el pasado otoño zanjó que la independencia que se anunció en Cataluña tras el 1-O tan solo era una “ensoñación”. Y esa sentencia dictada por el juez Manuel Marchena se ha convertido este lunes en la principal aliada del fiscal Carballo, que la ha usado como hilo conductor de su exposición. 

La "actuación desleal" de los Mossos en el 1-O

Incluso ha leído extractos textuales de la resolución para defender que los Mossos llevaron a cabo una “actuación desleal”, que los criterios policiales garantizaron la “efectiva realización” del referéndum y que llevaron a cabo un “cínico cumplimiento” de las órdenes judiciales de impedir la consulta. “Estamos enjuiciando los mismos hechos que en el Tribunal Supremo aunque cambien los protagonistas”, ha advertido. Por aquellos hechos fueron condenados todos los acusados a penas de hasta trece años de prisión.

Carballo ha comparado la actuación de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O con el apoyo prestado por el cuerpo autonómico a la Policía Nacional en los disturbios del pasado otoño cuando Barcelona vivió jornadas de violencia en las calles. “La única diferencia eran los responsables políticos y su propio mando operativo más importante, que era Trapero”, ha expresado. El mando policial y el resto de acusados ha escuchado las palabras del fiscal en la sala de vistas de la sede de al Audiencia Nacional en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid). 

Se ha vivido un déjà vu con respecto al juicio en el Tribunal Supremo. La Fiscalía volvió a criticar por insuficiente el plan de los Mossos de mandar apenas una pareja de agentes a cada colegio electoral. También afeó no que no cerrasen ningún colegio o que solo requisasen material del referéndum una vez concluido. Ha recordado que se avisó del riesgo de que hubiera violencia el 1-O, se ha vuelto a diferenciar entre la resistencia pasiva y la activa en los colegios, se ha criticado una vez más la ausencia de antidisturbios, enviados al Camp Nou a proteger un partido que se jugó a puerta vacía. 

“Los acusados se dedicaron a hacer cosas diferentes a las que tendrían que haber hecho. Eso les sitúa en la órbita de autor director. La actuación de los Mossos fue indispensable para dar una apariencia lícita e internacional y que el referéndum no solo se desarrollaba, sino que que contaba con un apoyo institucional”, ha dicho.

Pérez de los Cobos

La figura del coronel Diego Pérez de los Cobos, recientemente cesado por el Ministerio del Interior, también se ha hecho presente en esta sesión del juicio. El mando de la Guardia Civil fue designado coordinador general de todas las fuerzas policiales durante el 1-O y es ya de sobra conocida su enemistad con Trapero. Carballo ha acusado a los mandos de los Mossos que siempre defendieron que la Policía y la Guardia Civil tenía que actuar a petición suya y durante el juicio culpasen al coronel de no haber tomado decisiones: “Se nos dice que Pérez de los Cobos debió de actuar y que la responsabilidad era suya”

El fiscal ha contrastado el escrito que redactaron desde los Mossos quejándose de la designación de ese coordinador y que no hiciesen eso para protestar por la decisión de sus superiores políticos de seguir adelante con el referéndum. De hecho, Carballo ha restado credibilidad al presunto plan de arresto del expresidente de Cataluña y cabecilla del procés Carles Puigdemont, enarbolado por Trapero como una de las principales pruebas de su independencia respecto a los planes de la Generalitat. 

La Fiscalía calificó irónicamente como “curiosa tan poca actuación cuando tenían órdenes expresas y cuando nadie se lo pide actuar de oficio”. Este plan de arresto fue desvelado por Trapero cuando declaró como testigo en el juicio del Tribunal Supremo. Carballo no se lo cree porque nunca antes se lo comunicó a nadie y ha añadido que viene recogido en un informe creado ad hocmeses después de la fuga del propio Puigdemont. Ahí es cuando Trapero “se viene arriba”, según el fiscal que pide para el mando una pena de 10 años por sedición.

La misma pena solicita para sus responsables políticos, César Puig y Pere Soler. Para la intendente Teresa Laplana, solicita cuatro años también por sedición por los hechos ocurridos el 20 de septiembre en torno a la consejería de Economía de la Generalitat cuando decenas de miles de personas se concentraron alrededor del edificio donde la Guardia Civil realizaba un registro relacionado con el 1-O ordenado por un juez. Para todos ellos, la Fiscalía plantea una pena alternativa por desobediencia que acarrea entre 12 y 20 meses de inhabilitación y multas de entre 30.000 y 60.000 euros de multa.

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