Publicado: 30/06/2020 08:46
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que tumbe las querellas interpuestas por varios abogados contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el polémico cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y no abra causa penal contra el mismo.
Las querellas acusan al titular de Interior de cometer delitos de prevaricación, falsedad documental y coacciones, entre otros.
Fue el pasado jueves cuando el Ministerio Fiscal emitió un informe al Alto tribunal en el que sostenía que la destitución de De los Cobos no tiene relevancia penal al tratarse de un cargo discrecional y no existir indicios del resto de delitos.
El escrito, sin embargo, sí que considera que el cese del ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid puede tener consecuencias en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que debería haber tenido una motivación más completa.
No obstante, tal y como informa 'El Español', el Ministerio Fiscal, y en concreto Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo y 'número dos' de la Fiscalía General del Estado al que se le han encomendado los asuntos que implican al Gobierno, no se trataría de prevaricación.
Fue destituido "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil"
El pasado 25 de mayo, Interior cesó al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Este mando era un peso pesado en el organigrama de las Fuerzas de Seguridad desde hace años y llevó a cabo la labor como mando único durante el desafío soberanista del referéndum de Cataluña.
La investigación que su unidad estaba realizando sobre las manifestaciones del 8-M en Madrid y el papel que desempeñó el delegado del Gobierno propiciaron su destitución.
Cesado por no filtrar informaciones
De hecho, un documento reveló días después, y tras haberlo negado Marlaska, que el Ministerio del Interior cesó al coronel de la Guardia Civil por no filtrarle las investigaciones que seguían sus subordinados a las órdenes de un Juzgado en torno a la convocatoria de la manifestación feminista del 8-M en Madrid.
La nota, desvelada por 'El Confidencial', argumentaba en concreto que fue destituido "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".
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