Los padres de una niña que fue sometida en Senegal a la ablación del clítoris cuando tenía tres años, y que le fue detectada años después en el Hospital de Terrassa (Barcelona), se enfrentan este lunes en un juicio en la Audiencia Nacional a una petición del fiscal de seis años de cárcel cada uno.

La Fiscalía, que acusa a la pareja de un delito de mutilación genital, relata en su escrito de conclusiones provisionales que la ablación fue descubierta el 28 de octubre de 2022 cuando la menor fue llevada por la directora del centro escolar Teresa Altet al servicio de urgencias de pediatría del Hospital de Terrassa debido a que presentaba signos de maltrato en el ámbito familiar.

En el hospital fue reconocida por la Médico Forense de guardia, que, además de las lesiones, en la exploración genital realizada detectó la presencia de "cicatriz de características no recientes en la zona del clítoris, compatible con lo acreditado previamente por su pediatra y por ginecología consistente en mutilación genital femenina tipo 1 o clitoridectomía".

La mutilación genital le fue causada en 2018 en Senegal, cuando tenía 3 años, por familiares de los padres de la menor, señala la Fiscalía. En ese país la mutilación genital femenina está sancionada penalmente desde el 29 de enero de 1999.

Pese a ello, la ablación del clítoris de la niña se produjo como consecuencia de los motivos religiosos y culturales imperantes en aquel país.

A pesar de conocer esta costumbre, así como los deseos de los familiares de los acusados y la realidad de que tales mutilaciones se ejecutan sobre las niñas a pesar de estar perseguidas penalmente, los padres de la menor "no adoptaron las medidas de precaución adecuadas respecto a su hija", sostiene el Ministerio Fiscal.

Otros casos de ese tipo han sido juzgados en la Audiencia Nacional, uno de los últimos fue en 2023. En aquella ocasión la acusación se dirigió contra la madre de una niña que fue sometida a una mutilación genital de forma clandestina en Gambia en 2015.

La acusada logró no obstante llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que reconoció los hechos y aceptó una pena de dos años de cárcel para evitar entrar en prisión.

Previamente, el fiscal retiró la acusación contra el padre al acreditar que no era conocedor de que se le había practicado la mutilación durante unas vacaciones en Gambia en 2015, cuando la niña tenía un año y medio.

Antes de llegar al acuerdo, la Fiscalía pedía diez años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad tanto para la madre como para su esposo, radicados en Rubí (Barcelona), por sendos delitos de mutilación genital con la agravante de parentesco.

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