La Fiscalía de Alicante ha abierto diligencias para investigar la vacunación contra la covid-19 de alcaldes y concejales de la provincia a raíz de que dos presidentes de colectivos vecinales de la capital hayan presentado una denuncia en la que solicitaban la posibilidad de inhabilitar a los cargos públicos que no hayan respetado los protocolos.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público, se ha designado como fiscal instructor a Pablo Romero para que estudie cada caso de vacunación "en concreto" y "por separado" y así resolver si existe encaje de tipo penal en alguno de los hechos.

El escrito presentado el pasado 27 de enero ante el ministerio público hace referencia a la vacunación de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives --ambos del PSPV y matrimonio--; el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP); el diputado provincial encargado de la gestión del Dr. Esquerdo, Juan Bautista Roselló (PP); el concejal de Sanidad de Orihuela, el 'popular' José Galiano; el edil de Sanidad de Benejúzar y excomisionado de Salud del Departamento de Torrevieja, José Antonio García Gómez (PSPV) y la concejal de Bienestar Social de Dénia, la única que ha dimitido por tales hechos, Cristina Morera (PSPV).

Ambos dirigentes vecinales califica en el escrito los hechos ocurridos de "vengonzantes" y solicitan que se estudie la posibilidad de aplicar la obligación de inhabilitación para ostentar cualquier cargo público, ya sea actual o en un futuro, para todas las personas que se han saltado la normativa establecida en la provincia sobre el orden de vacunación.

"Hechos alarmantes"

"No sabemos cómo calificar estos actos legalmente, por lo que pedimos a Fiscalía que encuentre la fórmula legal para que estos sucesos vengonzantes no se puedan dar más en un sistema democrático", recoge el escrito presentado por los activistas ciudadanos José Marí Hernández Mata y José Luis Valdés Fernández.

Los denunciantes señalan que estos hechos les han "alarmado totalmente" y subrayan que está "claro" que en la fórmula de gestión establecida por el gobierno central se ha fijado "la primacía de la vacunación por grupos de personas en un orden del grado de edades vulnerabilidad que padecen o por edad por actividades necesarias para mejorar la situación del conjunto de la población", y adjunta un listado de cargos publicados por los medios "que han utilizado su posición política para vacunarse fuera del tiempo en el que verdaderamente le correspondiera"