Uno de los fiscales que investiga al Rey alerta de una laguna legal en la lucha antiblanqueo

José Antonio del Cerro Esteban es uno de los fiscales del Tribunal Supremo que integra el equipo de expertos en delitos económicos dedicado a investigar al rey emérito. Este jurista, experto en delitos económicos, defiende que la redacción en el Código Penal de los artículos sobre blanqueo de capitales dan pie a problemas de interpretación y por ello propone desde hace años una reforma.

Del Cerro Esteban se refiere especialmente al artículo 301 del Código Penal que castiga con penas de hasta seis años de cárcel a quien “adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”. Para este fiscal, el problema está en esa alusión al encubrimiento.

Dice el fiscal Del Cerro que “se puede confundir con el delito de encubrimiento, con el que tiene algunas cosas en común, pero del que es diferente”. “El blanqueo de capitales no es un delito de encubrimiento”, advirtió en un boletín de información del Ministerio de Justicia sobre la armonización del Derecho Penal español y las leyes europeas. 

La tesis del regalo

Precisamente, este fiscal ha recibido ahora el encargo más ambicioso de su carrera: averiguar si el rey emérito cometió algún delito de blanqueo de capitales. De momento, la investigación gira en torno a 65 millones de euros de Arabia Saudí que fueron a parar a la cuenta en un banco suizo de una sociedad panameña de la que era beneficiario el rey y años después acabaron en la cuenta en Las Bahamas de la examante del monarca. 

Lo que tratan de determinar los investigadores es si existe un origen ilícito de este dinero. Una de las tesis que barajan es que se trate de algún tipo de comisión para el rey por sus gestiones en las negociaciones de construcción del AVE a La Meca, adjudicado a un conglomerado de empresas españolas.

De momento, el entorno del rey investigado por un fiscal suizo no han aclarado este punto o afirman que se trata de un regalo de la casa real saudí. Del mismo modo, la examiga íntima de Juan Carlos I insiste en negar que ella actuara de testaferro del exjefe del Estado y afirma que los 65 millones acabaron en una cuenta de su propiedad “por amor y gratitud”. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico advierten de las dificultades de avanzar en estas pesquisas si no se halla algo a nombre del rey y posterior al año 2014 ciando dejó de ser inviolable tras su abdicación. 

"Disimular bienes" en lugar de "encubrimiento"

Para ampliar las herramientas de los investigadores, el fiscal Del Cerro pedía reformar el citado artículo 301 sobre blanqueo de capitales para sustituir la palabra “encubrimiento” por la de “disimular”. “Significa, entre otras cosas, disfrazar u ocultar algo, para que parezca distinto de lo que es. Y eso es precisamente el blanqueo de capitales, dotar de la apariencia de legalidad, disfrazar los bienes de origen delictivo con una vestimenta que exteriorice un origen lícito del que carecen”.

No obstante, el fiscal hizo esta recomendación en aquel Boletín de Justicia que tiene fecha de 2006. Desde entonces el Código Penal se ha reformado varias veces sin que se hayan incluido sus recomendaciones. Sí se introdujo en cambio una nueva denominación para estos delitos económicos, otro de los aspectos que planteaba este fiscal. Anteriormente estaban incluidos en el Capítulo de “la receptación y otras conductas afines”, pero pasaron a llamarse con su denominación actual “la receptación y el blanqueo de capitales”.

Del Cerro Esteban tiene 66 años y ha ejercido como fiscal los últimos 35. A lo largo de su carrera ha estado destinado en las Fiscalías del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la Audiencia Provincial de Toledo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue fiscal especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. 

En mayo de 2015 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, concretamente en la sección Penal, a propuesta de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Ya entonces desempeñaba sus funciones en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ahora, la fiscal general del Estado le ha nombrado para integrar el equipo de fiscales que acompañará a Juan Ignacio Campo Campo en el análisis de la documentación que afecta al rey emérito sobre sus presuntos fondos en el extranjero.