España

Los fiscales piden medidas contra el 'páramo' de la corrupción en Galicia

Las asociaciones coinciden en la necesidad de profundizar la lucha contra la corrupción con un fiscal especializado en ello en La Coruña y Pontevedra. Desde la Fiscalía General del Estado responden que lo están estudiando pero "no hay decisión tomada"

La fiscal general del Estado, María José Segarra
La fiscal general del Estado, María José Segarra EFE

Galicia es una de las comunidades con menor proporción de personas procesadas y causas abiertas por corrupción según datos del Poder Judicial de los últimos dos años. Sin embargo, según las asociaciones de fiscales, el dato no refleja necesariamente que en Galicia haya menos corrupción que en otras comunidades sino, quizá, que allí hay menos recursos para combatirla.

En concreto, las tres asociaciones, con el respaldo del Consejo Fiscal, reclaman que en la comunidad galega se ponga en marcha una figura ya aplicada en grandes comunidades y provincias: la del Fiscal Delegado Anticorrupción (en la provincia de Sevilla, por ejemplo, el número de fiscales delegados anticorrupción asciende a seis).

Piden "de forma urgente" la misma figura para, al menos, las dos provincias gallegas con mayor peso demográfico: La Coruña - la décima provincia más poblada de España con 1,1 millón de habitantes -, y Pontevedra - la decimosexta, con casi un millón de habitantes. En el caso de La Coruña, un acta reciente de Inspección fiscal ya reclama también la figura del fiscal delegado anticorrupción.

"Referente eficaz"

"La del fiscal delegado anticorrupción es una figura clave que actúa como referente en la lucha contra la corrupción en el territorio y hace que la lucha sea más eficaz; existe en todas las comunidades grandes salvo en Galicia", apunta a VozpópuliÁlvaro García, miembro del Consejo Fiscal y de la Unión Progresista de Fiscales. La falta de dicho fiscal delegado ha hecho que "la lucha contra la corrupción" apenas arroje resultados en Galicia, según apuntan a este medio por su parte desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que hacen hincapié en que se trata de provincias grandes con empresas de calado como Inditex, y piden que se aplique allí la figura de un fiscal delegado provincial, como en otras grandes provincias como Valencia, Sevilla, Zaragoza o Madrid.

"Ahora en Galicia la corrupción la investiga el fiscal del juzgado en el que, por geografía, cae en la denuncia, lo que hace que muchas veces se trate de un juez que no puede centrarse en este tipo de delitos. Un fiscal delegado podría centrarse en estos delitos - autoridades, funcionarios, delitos económicos y delincuencia organizada - y centralizar y agilizar denuncias e investigaciones", explica Juan Antonio Frago, de la APIF. 

"La ausencia de resultados en la lucha contra la corrupción es patente: no hay presos por causas de corrupción, ni provisionales ni sentenciados; no hay cultura de recuperación de activos procedentes del delito; no hay una relación destacable con la Policía Judicial, porque tienen un gran número de fiscales a los que dirigirse; no hay protocolos claros de actuación o ciertas decisiones podrían ser tomadas como cuestionables (como mandar a fiscales sustitutos a juicio contra personas que habían sido aforadas hasta que se dirigió la investigación contra ellas); se dilapidan recursos porque la formación, muy específica, se disemina entre compañeros que quizás no vayan a tramitar ninguna de esas causas, etc.", dijo la APIF en un comunicado. 

Según los datos del Poder Judicial, desde el año 2015 comenzó a registrarse un descenso en el número de procedimientos abiertos, y fueron seis en 2016 y apenas dos en 2017. Estos datos han situado a la Comunidad - la quinta más poblada del Estado - entre las diez con menos incidencias del país tanto en el registro de procedimientos abiertos como de personas procesadas.

Decisión del Gobierno

Según García, la decisión inicial la tiene la Fiscalía General del Estado pero la responsabilidad final de convocar una eventual nueva plaza la tendría el Ejecutivo central. "El ministerio fiscal al final no tiene autonomía presupuestaria, es el Gobierno, con cargo a los PGE, el que decide la convocatoria de nuevas plazas; el Fiscal General anterior, José Manuel Maza, dio su visto bueno, pero tras su fallecimiento, todo se detuvo. Dentro de las pocas plazas que se convocan, creemos que la de estos fiscales delegados son imprescindibles". Preguntado sobre el caso de Galicia, García asevera que el Gobierno gallego no puede intervenir materialmente aunque sí que ha podido y puede "influir políticamente" en las decisiones del Ejecutivo Central. 

En caso de que se dé curso a la petición de los fiscales de profundizar la lucha contra la corrupción en Galicia, lo restante sería la forma en que la Fiscalía General del Estado considere oportuno llevarlo a cabo: si bajo la fórmula literal de un fiscal delegado anticorrupción provincial (con acceso a las unidades centrales de Policía Judicial, asunción en exclusiva de asuntos de Anticorrupción y de especialidades relacionadas como delincuencia económica y/o urbanística y medioambiental y visado del Fiscal Jefe Anticorrupción), o a través del sistema de Fiscal autonómico (que no precisaría crear una nueva plaza y supondría una reasignación de funciones a un fiscal del Tribunal autonómico), que sería del agrado de la Asociación de Fiscales pero que la APIF "rechaza por la conexión diaria que suele tener la figura de dicho Fiscal con los altos cargos de las eventuales investigaciones, y el riesgo de que quede en un puesto testimonial y nada ejecutivo".

Consultados por Vozpópuli, desde la actual Fiscalía General del Estado responden que el tema en su conjunto es uno "que se está estudiando pero sobre el que no hay una decisión tomada". 

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