Convocan todas las asociaciones

8.000 jueces y fiscales, a la huelga: "Cobramos menos que un jefe de Policía Local"

El mundo de la Justicia estalla contra el Gobierno en busca de mejoras labores y mayor independencia de los políticos

Jueces y fiscales salen a la calle en protesta.
Jueces y fiscales salen a la calle en protesta. EFE

Más de 5.500 jueces y cerca de 2.500 fiscales de toda España están llamados este martes a una huelga que pretende ser histórica. Se trata de la primera vez que todas las asociaciones de ambos colectivos se unen para protestar contra el Gobierno. Entre las reivindicaciones, destacan la exigencia de una mayor independencia de la Justicia, libre de injerencias políticas, y una reclamación salarial que se arrastra desde el año 2010.

“Mi compañera, jueza de Trujillo, por ejemplo, cobra menos que el jefe de la Policía Local”, quien se queja de esta situación es el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. En declaraciones a Vozpópuli denuncia que este escenario no se produce en otras profesiones de formación similar que precisan de una oposición tan exigente como los abogados del Estado, registradores o notarios.

Lo explica también el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, quien deja claro que en este punto la reivindicación salarial es la misma. “En 2010 se nos bajó más que a nadie. A todo el mundo fue una media del 5%, pero a nosotros además un diferencial de otro 5%, un 10% en total. Se nos dijo que recuperaríamos ese diferencial, pero no se ha producido”, dice.

56 euros por siete días de guardia

Añaden estos colectivos, además, que ser juez o fiscal no permite compatibilizar con otros trabajos como sí ocurre en otros sectores. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, aporta otra cifra: “Un fiscal joven de últimas promociones cobra por una guardia de siete días 56 euros. No parece razonable que esto siga produciéndose”.

Otro punto de coincidencia en el que se fundamenta esta huelga es la exigencia de una mayor independencia que, según los jueces, empieza con la propia elección de su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, recuerda que España se encuentra a la cola de los índices europeos de percepción de la independencia de sus jueces.

“Lo hemos visto en los últimos jueces nombrados en el Tribunal Supremo”, protesta. Se refiere a Vicente Magro, exsenador del PP y expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (que también secunda la huelga), y a Fernando Román, exsecretario de Estado del ministro de Justicia, Rafael Catalá. El propio ministro acudió a su toma de posesión en enero junto al presidente del Tribunal Constitucional o el fiscal general del Estado.   

Pacto de Estado por la Justicia

"Más que una reivindicación en concreto es manifestar el malestar ante la situación de la Justicia y la inacción de los sucesivos Gobiernos, parlamentos y CGPJ. Hace un año se consensuaron por parte de las asociaciones una serie de medidas y, un año después, seguimos igual. Eran medidas a mejorar el funcionamiento de la Justicia. Quizá es que la Justicia no vende o no da votos, lamentablemente", dice el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, que pide un pacto de Estado por la Justicia.

Raimundo Prado ataca directamente al sistema de elección de los 20 integrantes del CGPJ, 12 de ellos a propuesta de las asociaciones de jueces y los ocho restantes por decisión del Congreso y el Senado sin necesidad de que sean de la carrera judicial. El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria dice que de facto la última palabra siempre la tienen los políticos. Ninguno de los encuestados reconoce haber sufrido una presión política de forma directa. “Si tu llevas 20 años siendo de izquierdas o de derechas, cuando alguien te elige para un puesto es por algo”, declara para decir que muchas veces no hace falta una llamada presionando para que la independencia se vea afectada.

Esta huelga pide que la elección la realicen íntegramente los jueces. También reclama unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria para la Fiscalía, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales o la eterna modernización, entre otros objetivos.

"Debe ser histórica"

Desde el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá contesta a estas reclamaciones diciendo que se están estudiando, algunas de ellas en sede parlamentaria. Sin embargo, los afectados dicen que no ven ningún avance. “Debe ser una huelga histórica, es la primera vez que nos unimos las siete asociaciones sin fisuras ni escisiones”, comenta Fernández. “Llevamos mucho tiempo con una serie de peticiones y nadie nos hace caso, ni el Consejo, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo”, añade Prado.

Esta protesta se produce a las puertas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Los jueces y fiscales han visto como, por ejemplo, el colectivo policial sí ha visto satisfechas sus reivindicaciones salariales. No es que hayan llegado tarde, es que no les han hecho caso, según dice Dexeus. “No estamos consiguiendo nada”, lamenta.

Jueces y fiscales llevan realizando paros desde el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes. La semana que viene, las siete asociaciones convocantes se reunirán para analizar el seguimiento de esta huelga y estudiar las siguientes iniciativas a adoptar, según declara Emilio Fernández.



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