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El fiscal del 'caso Villarejo' bajo el foco por los chats internos de Podemos

Ignacio Stampa se ha convertido en protagonista del 'caso Villarejo' tres años después de su inicio. De 47 años, ejerció más de una década en Canarias, donde asumió sus primeros casos de corrupción.

El fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa
El fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa

La Fiscalía General del Estado ha anunciado una investigación interna tras la publicación de unos mensajes del chat que compartían los abogados de Podemos en el caso Villarejo. Analizará hasta dónde llegó el intercambio de información de los letrados del partido, personados en la causa contra el excomisario, y uno de los fiscales anticorrupción, Ignacio Stampa. A la espera de conocer el resultado de esas pesquisas, el polémico Villarejo ya ha cargado desde prisión contra los investigadores que le piden -de momento- más de cien años de cárcel. 

Stampa permaneció 12 años como fiscal en Canarias. Asumió casos de corrupción local que tenían que ver con empresarios, soborno a funcionarios, licencias fraudulentas, urbanismo, delitos contra el Medio Ambiente... Dio el salto a la Fiscalía anticorrupción en Madrid en 2016 y desde entonces ha participado en causas de envergadura, incluida la trama Gürtel. Pero ninguna hasta ahora había tenido para él la repercusión de Tándem

El caso se dio a conocer con el arresto del comisario José Villarejo en noviembre de 2017 y se ha convertido en una macrocausa con más de 20 piezas separadas y decenas de investigados. De nuevo hay empresarios, funcionarios corruptos y banqueros, pero esta vez son algunos de los más importantes del país. Quienes conocen su trabajo destacan el conocimiento profundo de las investigaciones que aborda y el carácter incisivo de sus interrogatorios. Casi desde el principio, denominó a la trama encabezada por Villarejo como un “clan policial mafioso” que “infectó” a la Policía.

Lo que investiga ahora internamente la Fiscalía en los mensajes de los chats de Podemos es si este fiscal de 47 años traspasó la normal relación entre el Ministerio Público y una acusación popular como la que ejerce el partido morado. Es decir, si compartió información confidencial de la causa. En el seno de la Fiscalía anticorrupción muestran en privado su apoyo a Stampa. Sostienen que son conversaciones en las que él no interviene y donde se escucha solo a una de las partes, principalmente a la abogada de Pablo Iglesias.   

Origen de la polémica

Vozpópuli ha tenido acceso a algunos de los mensajes compartidos en esos chats de Podemos que comenzó a publicar El Confidencial. La letrada utilizaba expresiones como “preparaos para la boda”, en referencia a ella y el fiscal. Algunos de esos mensajes están aportados en un Juzgado de Madrid donde se investiga una denuncia de la abogada por acoso sexual contra otro letrado que fue expulsado de Podemos. En esas conversaciones internas, la abogada de Iglesias también reconoce a sus compañeros haber sido “muy bocazas” y haber “dado a entender lo que no es” en relación a Stampa. 

La Inspección Fiscal, que depende de la Fiscalía General del Estado, abrió ya en marzo una investigación interna en torno al fiscal tras recibir la denuncia de una locutora de Canarias que denunciaba los hechos. Este departamento del ministerio público consideró que no se había producido ninguna actuación incorrecta. De su paso por Canarias aún colean algunas causas judiciales que le enfrentaron a medios de comunicación, según recuerdan fuentes jurídicas. El año pasado, la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a un locutor de radio local a pagar 50.000 euros a Stampa por difundir informaciones falsas contra él en relación a una de las causas que investigó. 

El escenario de esta subtrama del caso Villarejo que ha situado al fiscal en el ojo del huracán es la Pieza 10. Tiene que ver con el robo en 2015 de un móvil a Dina Bousselham, la exasesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias. El contenido de ese teléfono acabó publicado en Ok Diario en el verano de 2016. De ahí salieron, por ejemplo, las conversaciones privadas entre dirigentes del partido en las que el actual vicepresidente del Gobierno decía que azotaría hasta sangrar a la presentadora de televisión Mariló Montero. Tuvo que pedir disculpas por ello.

Podemos y "las cloacas" 

Entre las propiedades incautadas a Villarejo, la Policía halló en 2018 un pendrive con los archivos de la tarjeta del móvil robado. Para entonces, Podemos ya estaba personado en la causa como acusación popular, pero de pronto se topó con el hallazgo de una información que le ubicaba como perjudicado directo del comisario. Eso encajaba con otras maniobras policiales denunciadas por Podemos como la elaboración de un informe sobre una presunta financiación iraní del partido, que también se difundió en varios medios de comunicación. 

Luego, la poca consistencia de aquel documento llamado Pablo Iglesias S.A. (PISA) no mereció siquiera que los tribunales abrieran una investigación. Desde la dirección adjunta operativa de la Policía que dirigió el comisario Eugenio Pino durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2012-2016) se hicieron otras investigaciones sobre Podemos sin control judicial. Incluyeron el traslado a Estados Unidos para entrevistarse con opositores al Gobierno venezolano en busca de conexiones entre la formación morada y el chavismo.  

Por eso Iglesias usó esta pieza separada del caso Villarejo para justificar sus denuncias contra lo que denomina “la cloaca” policial. Pero la conocida como Pieza Dina entró en una nueva dimensión cuando la Fiscalía y el juez decidieron hace semanas retirar a Iglesias la condición de perjudicado. La razón es que tardó meses en devolver la tarjeta a su exasesora después de que se la entregase en mano el presidente del Grupo Zeta en enero de 2016. 

Discrepancia con el juez

La tarjeta había llegado a la revista Interviú, propiedad de Zeta. Iglesias se la devolvió a Bousselham presuntamente destruida, según sospecha el juez. El actual vicepresidente lo niega. En este punto existe disparidad de criterio entre el magistrado al frente del caso, Manuel García Castellón, y la Fiscalía. El juez apunta a que Iglesias pudo cometer un delito informático y de revelación de secretos al acceder a la tarjeta y luego destruirla. 

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que para que exista delito es preciso que la asesora se sienta agraviada, pero no es el caso. Bousselham niega cualquier problema con Iglesias y en su última versión dijo que la tarjeta estaba en buenas condiciones. Sin embargo, el juez mantiene la causa abierta. En caso de investigar a Iglesias, sería competencia del Tribunal Supremo al ser aforado.

En medio de estas informaciones ha reaparecido Villarejo por medio de un comunicado desde la cárcel en el que acusa a la Fiscalía de ser el “felpudo” de Podemos. La tesis es que Stampa facilitó al partido de Iglesias el discurso central de su campaña electoral para las elecciones generales de abril de 2019 en las que una y otra vez se presentó como víctima de "las cloacas del Estado". Luego esos argumentos desaparecieron de los discursos de Podemos en la repetición electoral de noviembre. 

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