Filtran nuevos datos del novio de Ayuso en la víspera de la reunión de fiscales sobre su caso

Este martes se han filtrado nuevos documentos relacionados con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un día antes de la reunión de la Junta de Fiscales sobre su caso por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

En el escrito filtrado, fechado el pasado febrero y que han adelantado El País, Cadena Ser y elDiario.es, se recoge una supuesta propuesta de Amador a la Agencia Tributaria en la que habría admitido los presuntos delitos y ofrecido aceptar por ellos una pena de ocho meses de cárcel y un pago de 520.000 euros para evitar el juicio.

"Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y su autoría como administrador único y socia de la sociedad Maxwell", reza el escrito, que, por el contrario, omite toda alusión al delito de falsedad documental del que también le acusa la Fiscalía.

Esta filtración ocurre un día antes de que la Junta de Fiscales de Sala se reúna para debatir si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por un delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos de Amador, realizada desde la propia institución.

En el escrito, según los medios citados, Amador habría asumido "íntegramente los hechos" cometidos entre 2020 y 2021 y propuesto una solución para evitar la vía penal y "la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada", que pasaba por cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos (al ser una pena menor de 24 meses y no contar con antecedentes) y abonar la cantidad defraudada -350.951 euros- junto a los intereses de demora y una sanción del 40% de la deuda a Hacienda, lo que en total ascendería a un importe de 520.000 euros.

La reunión de fiscales decidirá el futuro de esta investigación

Alberto González Amador presentó una querella por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó otra querella pero sin imputar los hechos a nadie en concreto.

Lo hicieron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

Así, la Junta de Fiscales de Sala -en la que está presente toda la cúpula fiscal- se celebrará una vez que la fiscal María de la O Silva, que es la que debe informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico, al no estar de acuerdo con la orden de la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde.

La también teniente fiscal del Supremo le pidió verbalmente que rechazara la querella al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación, que rige el Ministerio Fiscal, ya que no puede haber dos posturas contrarias en relación con dos casos idénticos, pues el fiscal que asumió la otra querella, la del ICAM, ya sentó criterio al sostener que no hay delito, tal y como piensa también Conde.

Practicar diligencias antes del informe

Todo ello porque la fiscal de Madrid quiere practicar una serie de diligencias antes de redactar su informe, en concreto quiere examinar las comunicaciones del fiscal general al respecto.

Por ello, al no estar de acuerdo, la fiscal de Madrid ha invocado el artículo 27 del Estatuto Fiscal que dice que "el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe".

"De proceder la orden o instrucción de este, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".

Y "de proceder de un superior, elevará informe a este, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, este resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".

Al haberse abstenido en esta causa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, corresponderá a su número 2, María Ángeles Sánchez Conde, presidir la Junta, cuya postura no es vinculante para Conde antes de fijar la posición definitiva, si bien fuentes fiscales apuntan a EFE que lo normal es que no se desvíe del criterio de la mayoría.