A pesar de que han pasado cerca de 37 meses desde arranque del procedimiento por los contratos del BBVA a José Manuel Villarejo, los investigadores siguen viendo motivos para alargar la causa. El magistrado Manuel García Castellón la ha prorrogado medio año más a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual ha advertido que hay indicios que apuntan que el expresidente del banco, Francisco González, habría cometido delito de administración desleal al haber utilizado recursos de la entidad para investigar una finca en Mallorca en cuya adquisición se había interesado.

Así lo advierten los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro en un informe remitido a la causa en el que recogen una serie de diligencias pendientes de practicar en esta pieza novena de la macrocausa de espionaje. En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, solicitan que se cite como imputado al responsable de comunicación de BBVA, Paul Tobin, por su participación en la creación del Google Drive elaborado por el banco toda vez que se conoció que había contratado los servicios del policía entre los años 2004 y 2017.

Igualmente proponen al magistrado que llame a declarar a Fernando Alfonso Díaz, el analista forense de GMV que estudió todas las evidencias encontradas en esta carpeta de cuya existencia habló la responsable de seguridad física del banco, Inés Díaz Ochagavia, en su declaración en sede judicial. "Vista la declaración de Inés Díaz y lo aportado por la defensa del BBVA, existe una contradicción que debe ser resuelta y, si no podemos contar con los metadatos, sí al menos debemos de poder da la oportunidad a Tobin de que ofrezca su versión con todas las garantías procesales", explica el magistrado en un auto de este mismo 13 de julio.

Con todo, de entre las diligencias que proponen los fiscales al frente del caso hay una que afectaría al antecesor a Carlos Torres en la entidad. Anticorrupción sostiene que FG –que también propuso alargar esta investigación para esclarecer los contratos con Villarejo- se habría beneficiado de usos del banco para beneficio personal. Al respecto avisan de que podría haber cometido delito de administración desleal y proponen que se le cite a declarar en relación a este asunto concreto.  

Tasación de la finca de Sa Punta

Los fiscales se refieren a una investigación impulsada dentro de BBVA y que quedó recogida en el forensic que el banco encargó a PwC para depurar responsabilidades por los contratos con Cenyt. La auditora identificó unos correos intercambiados entre los días 10 y 18 de septiembre de 2013 en relación con la finca Sa Punta en Mallorca. Las comunicaciones que se giraron el directivo díscolo del banco Antonio Béjar y María Teresa Álvaro Olivan (Servicios Jurídicos) incluía un informe elaborado por la Sociedad de Tasación S.A a solicitud de una firma propiedad de Francisco González.

Los correos analizados demuestran cómo el director de dicha sociedad de tasación remitió documentación a Béjar en relación con la finca de Mallorca así como una factura de estos servicios por importe de 2.000 euros. El 4 de octubre de 2013 Béjar le reenvió la factura a Joaquin Gortari. Precisamente el que fuera director del gabinete de Presidencia de FG y actual jefe de auditoría del banco declara este mismo jueves tras su imputación en el procedimiento, tal y como avanzó Vozpópuli. FG, por su parte, dijo en su declaración que desconocía de quien partió el encargo que gestionó Béjar con el socio de Villarejo, Rafael Redondo.

Además de este extremo, los fiscales hacen especial hincapié en la necesidad de acotar todo lo relativo al Google Drive que se creó en el banco para aglutinar los documentos, facturas y otro material que hubieran encontrado sobre el entramado de Villarejo. Al respecto constatan que lo advertido en sede judicial por Ochagavia no coincide con la documental que aportó la defensa del BBVA a la causa.

"Colaboración aparente, no real"

Nada se dice de los metadatos, esto es, no se ha producido ninguna extracción histórica del contenido, entendiendo por la que englobaría desde la fecha de creación hasta la actualidad, haciendo constar qué personas estuvieron autorizadas para acceder al mismo, si posteriormente hubo personas que se borraron de forma que actualmente no están en drive etc”, apuntan los fiscales, los cuáles sostiene que esto les lleva a concluir que aquí hay una “aparente colaboración y no una colaboración real”.

Al margen de este asunto, los fiscales se hacen eco de una quincena de diligencias todavía pendientes de practicar solicitadas por todas las partes que integran esta investigación. Resaltan las solicitadas por la defensa de Luis Pineda o el propio Béjar, que aguarda acceder a parte de la documental corporativa que reclamó al banco y a la que no ha tenido acceso. Reproducen también las solicitudes formuladas por algunas de las 'víctimas' de estos espionajes, como es el caso de Luis del Rivero (expresidente de Sacyr) o del exministro de Industria Miguel Sebastián, además del que fuera vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas.

Lío con las cuentas de pago

Ambos integraron lo que Villarejo bautizó como Grupo Hostil por su presunta intención de acceder al capital del banco en un movimiento respaldado por el Ejecutivo. Los investigadores sostienen que Villarejo acometió todos estos encargos (por los que el banco desembolsó un total de 10,3 millones de euros) mientras estaba en activo en la Policía y que lo hizo vulnerando los derechos fundamentales de los espiados. Igualmente, siguen existiendo en que se evidencian irregularidades en lo que respecta a las facturas giradas, que se deben esclarecer.

De hecho, cuestionan una documental aportada por la defensa del BBVA, la cual atribuye las contrataciones al que fuera jefe de seguridad, Julio Corrochano. Sin embargo, y tras analizar unos correos que obran en el sumario, los fiscales explican que "debe tratarse de un error" puesto que "en ningún momento" en la documental aportada se afirma que el autorizador de las facturas (que se identifica con un código numérico) sea Corrochano. "Lo que se trataba de averiguar es por qué unas facturas emitidas por una empresa contratada por el BBVA y que eran autorizadas, se abonan contra una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pagos a proveedores", razonan.

De todo ello se hace eco el instructor, el cual concluye que se hace necesario alargar medio año más la investigación que nació en junio de 2018. En su auto apunta a diligencias pendientes de "suma importancia" entre las que destaca la declaración del perito forense que estudió los archivos del Google Drive o las pesquisas policiales que están realizando los agentes de Asuntos Internos sobre la última documental aportada a la causa por el banco. La clave ahora está en determinar el contexto de la apertura de cuentas, el movimiento de los saldos contables, así como la aclaración de la relación de Villarejo con los principales responsables de la entidad.