La exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega cumplirá el próximo 5 de julio tres años al frente del Consejo de Estado. Un periodo como presidenta que inició en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, y en el que el gasto en personal del principal órgano consultivo del Estado ha aumentado en un 14,2%, según han confirmado fuentes del Consejo de Estado, que atribuyen este incremento a una reorganización de la estructura del ente para "favorecer la transparencia" y poder atender "el creciente volumen y la complejidad" de las consultas que llegan al organismo.

El presupuesto inicial para 2021 del Consejo de Estado recoge un gasto total de 10,26 millones en personal para este año, incluidos 998.000 euros solo para altos cargos, según el Portal de Transparencia del organismo y los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un incremento del 14,2% con respecto a los 8,98 millones de gasto de personal, de ellos 874.830 euros destinados al pago de altos cargos, recogidos en los presupuestos de 2018.

Desde que De la Vega ocupa la presidencia del Consejo de Estado, se ha creado una nueva dirección de comunicación y otra de relaciones institucionales e internacionales, se ha ampliado de ocho a nueve el número de consejeros permanentes y se ha creado un nuevo área de Innovación Tecnológica y Ciberseguridad.

La exvicepresidenta y exportavoz del Gobierno, que seguirá al frente del Consejo de Estado con independencia de que el martes el BOE publicase su jubilación forzosa como magistrada del TSJM por haber cumplido la edad legalmente establecida, 72 años, ha nombrado como asesores desde su llegada a varias personas con las que ya trabajó con anterioridad tanto en su etapa en Moncloa como en la ONG 'Mujeres por África'', de la que es presidenta y que cuenta en su patronato con figuras como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, o el presidente de ACS, Florentino Pérez.

Entre estos asesores se encuentra Fernando Fernández Sánchez, actual director de Relaciones Institucionales e Internacionales del Consejo de Estado, un cargo que en 2018 no existía. Su actual responsable trabajó en el pasado como director de relaciones exteriores de diferentes ministerios, incluida la Vicepresidencia Primera del Gobierno que ocupaba De la Vega durante el Gobierno de Zapatero. Además, De la Vega se ha rodeado de dos personas de confianza que trabajaron anteriormente en la ONG 'Mujeres por África'. Se trata de Alicia Cebada Romero y de Pilar López Alonso, actuales directora del Gabinete y jefa de la Secretaría de la presidencia del Consejo de Estado, respectivamente.

Cambio de estructura en el organigrama

Fuentes del Consejo de Estado explican que la creación de las nuevas direcciones de comunicación y de relaciones institucionales e internacionales responden a las necesidades de "una de las instituciones más austeras" del Estado, que cuenta con un presupuesto total de poco más de 13 millones de euros y que hasta ahora no había tenido ni jefe de prensa ni de protocolo en sus casi 500 años de historia.

Las mismas fuentes atribuyen el aumento del gasto del personal a los esfuerzos de la institución por avanzar en la digitalización y la transparencia para poder atender el creciente volumen de consultas y dictámenes solicitados por las instituciones del Estado. Motivo por el cual se creó también un nuevo Área de Innovación Tecnológica y Ciberseguridad.

Si en el año 1980 se registraron 804 expedientes en el Consejo de Estado, en 2019 fueron 1.128 las consultas. "Más allá de la cantidad, también ha aumentado la complejidad y la enjundia de las consultas", explican las fuentes del Consejo de Estado consultadas por este diario.

Primera ampliación de consejeros permanentes desde 1980

Pero el cambio de estructura de mayor calado en el Consejo de Estado desde que Fernández de la Vega ocupa la presidencia del órgano consultivo ha sido la ampliación, mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, de ocho a nueve el número de consejeros permanentes que forman parte del del organismo.

En el Real Decreto 934/2020, de 27 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Sección Novena del Consejo de Estado y el nombramiento de la magistrada emérita del Tribunal Constitucional Adela Asúa como consejera permanente y presidenta de esa sección que cuenta con tres letrados a su cargo y que se encarga de emitir dictámenes sobre cuestiones procedentes de los ministerios de Trabajo y Economía Social; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de Derechos Sociales y Agenda 2030; y de Igualdad. Es el caso, por ejemplo del dictamen aprobado por unanimidad en el pleno de la semana pasada sobre la conocida ley del "solo sí es sí" contra a violencia sexual.

En el mismo decreto, que recogía también el nombramiento como consejera permanente de la catedrática de Derecho Internacional y ex juez 'ad hoc' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Paz Andrés Sáenz de Santamaría tras el fallecimiento de Landelino Lavilla, el Gobierno admitía que la creación de la Novena Sección supone la primera reforma orgánica de la estructura del Consejo de Estado desde la aprobación, en 1980, de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del máximo órgano consultivo del Estado.

"Desde la última actualización que se produjo en 1980 han ocurrido acontecimientos trascendentales como la adhesión a la Unión Europea, con la consiguiente recepción e integración de su Derecho. Por otra parte, la complejidad normativa también resulta de la especificidad de nuevos sectores regulados e interconectados como los de la competencia, de los mercados de la energía eléctrica, audiovisual o protección de datos, cuyo análisis requiere de un elevado grado de conocimiento técnico. En algunos de estos sectores han comenzado a operar las autoridades administrativas independientes con capacidad reglamentaria", destacaba el Real Decreto.

Aumento en las retribuciones

Hasta entonces, el pleno del Consejo de Estado, además de por su presidenta, estaba conformado por ocho consejeros permanentes, once consejeros natos (presidentes de instituciones como la RAE, la Fiscalía General del Estado, el Estado Mayor de la Defensa, el Consejo General de la Abogacía o el Banco de España, entre otros) y diez consejeros electivos (nombrados por el Gobierno por un periodo de cuatro años entre personas que hayan sido senadores, ministros, secretarios de Estado, magistrados, presidentes autonómicos o alcaldes de capital de provincia).

El aumento del gasto en personal se debe a los cambios estructurales explicados por el Consejo de Estado a este diario. Sin embargo, también se ha producido en los Presupuestos Generales del Estado un aumento en las retribuciones de los altos cargos del máximo órgano consultivo por parte del Gobierno de Sánchez.

En la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, el Gobierno aprobó un sueldo anual de 85.196,88 euros para la presidenta del Consejo de Estado, de 107.678,86 euros para los consejeros permanentes, y una retribución máxima mensual de 974,16 euros para los consejeros electivos por asistir a los plenos que no reciben si no asisten a ellos.

Entre 2018 y 2020, la presidencia del Consejo de Estado percibía 80.563,68 euros anuales, los consejeros permanentes 103.204,32 euros anuales y los consejeros electivos un máximo de 974,16 euros mensuales por acudir a los plenos.

El Consejo de Estado aparece descrito en el artículo 107 de la Constitución como “el supremo órgano consultivo del Gobierno”, que tiene como misión la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Su función principal es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante. A través de dictámenes, el Consejo expresa su criterio sobre las cuestiones que le han sido consultadas y puede proponer una solución más "adecuada", aunque en cualquier caso no es vinculante y sus informes solo son públicos si lo autoriza la institución solicitante de la consulta.