Las 16 veces que pudo evitarse el 11-M: los “fallos” policiales y judiciales previos al atentado

El 11-M se podría haber evitado. El mayor atentado de la historia de Europa se benefició de numerosos fallos policiales y judiciales fruto de la mala interpretación de los datos que tenían las fuerzas de seguridad y el CNI y la descoordinación entre cuerpos, tanto nacionales como extranjeros. También por la falta de colaboración de las comunidades musulmanas, que nunca dieron alerta de lo que venían apreciando.

Los atentados de Madrid que conmocionaron al mundo en 2004 cumplirán el próximo jueves 17 años. Ha pasado tiempo suficiente para analizar todo esos errores que facilitaron el camino a los terroristas. A ello se ha dedicado el investigador del Real Instituto Elcano Fernando Reinares, director del programa sobre Radicalización y Terrorismo, que plasma su trabajo en un libro titulado 11-M, La venganza de Al Qaeda (Galaxia Gutemberg). Vozpópuli destaca al menos 16 de esos fallos: 

1) Tanto en la Policía como en la Guardia Civil “conocían de antemano a un buen número de quienes integraron la red terrorista del 11-M”. Eran individuos que huyeron o no fueron detenidos en 2001 en la llamada operación Dátil que desarticuló una célula de Al Qaeda en España encabezada por Abu Dahdah. Entre ese grupo de gente que se reagrupó poco tiempo después estaban el Tunecino, Jamal Zougam, Said Berraj, Rabei Osman o el Egipcio, entre otros. “Los funcionarios de la UCIE (Policía Nacional) sabían sobre esas reuniones que tenían lugar en Madrid porque contaron con al menos dos informantes que acudieron a varias”. 

2) En junio de 2001, la Policía registró el locutorio que regentaba Jamal Zougam, uno de los autores materiales de la matanza. Hallaron abundante propaganda yihadista.

El conocimiento previo que la Policía había acumulado sobre buen número de los individuos que se implicaron en la red del 11-M no bastó

3) Otro confidente en la provincia de Valencia proporcionó noticias sobre Allekema Lamari, otro de los implicados en la matanza y uno de los suicidas en el piso de Leganés unas semanas después. 

4) Lamari salió de prisión en 2002 por la tardanza del Tribunal Supremo en tramitar un recurso y se agotó el máximo de tiempo de estancia en prisión preventiva. No cumplió ninguna de las medidas cautelares que le impusieron, pero la Audiencia Nacional no dictó una orden de busca y captura contra él hasta un año después.  

5) Entre junio y octubre de 2002, los funcionarios de la UCIE tuvieron intervenido el teléfono de Sarhane Ben Abdelmajid, el Tunecino, otro de los suicidas de Leganés. Las escuchas les permitieron saber que contactaba habitualmente con una persona que se llamaba Mustafa Maymouni. Era otro de los seguidores de Abu Dahdah y acababa de alquilar una casa en Morata de Tajuña (Madrid). Esa sería la base logística donde se preparó el 11-M.

6) En enero de 2003, la UCIE intervino dos números de teléfono correspondientes al locutorio que Zougam regentaba en el barrio madrileño de Lavapiés. En enero de 2004 intervino también otro teléfono usado por Said Berraj. Una de las tarjetas de móvil prepago que usaron los terroristas dos meses después para detonar las bombas en los trenes no hizo explosión y permitió llegar hasta el negocio de Zougam rápidamente. No fue hasta este momento cuando la Policía se hizo una idea de quienes estaban detrás de la matanza. Lo sabían por sus conocimientos sobre la red desarticulada en la operación Dátil.

7) Reinares sitúa como cerebro del 11-M a un terrorista llamado Amer Azizi, quien se salvó de ser detenido en la operación Dátil porque se encontraba en Irán. Ya no volvió y “entre mediados de 2003 y 2005 ejerció desde Pakistán como adjunto al jefe de operaciones externas de Al Qaeda. “El conocimiento previo que los funcionarios de la UCIE habían acumulado sobre buen número de los individuos que se implicaron en la red del 11-M no bastó para desbaratar a tiempo ese entramado terrorista. Esto es lo que convirtió el 11-M en un fallo judicial”.

Descoordinación policial

8) En abril de 2007 la Guardia Civil arrestó en Sant Joan Despí (Barcelona) a un destacado miembro de Al Qaeda llamado Ahmed Brahim. Entre su documentación tenía una agenda en la que figuraban los datos de el Tunecino, su contacto en Madrid. Le tenía registrado como “Islamic friend”. En la Guardia Civil no supieron quién era. Entre la Policía y la Guardia Civil no se intercambiaron datos sobre la Operación Dátil. No ataron cabos hasta después de los atentados.

9) La Policía detuvo en julio de 2001 a los asturianos Suárez Trashorras y Toro Castro en la operación Pipol. Fueron los encargados de suministrar el material explosivo a los yihadistas. En los registros les descubrieron un garaje con drogas y explosivos, pero la investigación se saldó sin resultados positivos. La Guardia Civil nunca supo nada de aquello. Pero el Instituto Armado tampoco informó a la Policía de que unos meses antes también habían investigado a ambos en la operación Serpiente, que se había cerrado también sin consecuencias para Trashorras y Toro.

10) Once días antes de los atentados de Madrid, agentes de Tráfico pararon a uno de los cabecillas del grupo, el Chino, por exceso de velocidad a la altura de Burgos. El coche era robado, las matrículas falsas, el terrorista no pudo acreditar que el auto fuera suyo y aportó documentación de identidad falsa. Le dejaron ir tras pagar una multa en el momento y sin hacer ninguna otra comprobación. El Chino iba camino de Morata de Tajuña y venía de recibir los explosivos de manos de Suárez Trashorras en Avilés. 

Resulta difícil pensar que los servicios antiterroristas franceses careciesen, antes del 11-M, de algún otro tipo de información relevante para España

11) Un confidente informó a finales de 2003 o principios de 2004 a la Unidad de la Policía especializada en la investigación de Crimen Organizado y Drogas que individuos de origen magrebí hablaban de poner bombas en trenes. De hecho, esa unidad llegó a estrechar el cerco sobre el Chino y otro de los implicados unos días antes de la matanza. Les permitieron pinchar los teléfonos. En una de sus conversaciones se escuchaba al primero instruir al segundo sobre dónde tenía que acudir para recibir unos vehículos cargados de explosivos.

Fallos judiciales

12) En enero de 2002 la UCIE de la Policía Nacional pidió a la Audiencia Nacional el arresto de el Egipcio por su labor de proselitismo en lugares de culto y por sus relaciones con otros miembros de la red del 11-M. Pero el juez no consideró que hubiera indicios suficientes para detenerle como le pidió la Policía.

13) En la División de Contraterrorismo del CNI no se creó un departamento específico de terrorismo internacional dedicado al yihadismo hasta febrero de 2004, un mes antes del 11-M. Casi tres años después del 11-S en las Torres Gemelas de Nueva York. Los servicios secretos, en cambio, sí conocían a Lamari desde mediados de la década de los noventa. Además, una fuente “sensible” de fiabilidad “media alta” les informó de que tras salir de la cárcel manifestó su deseo de vengarse de “los españoles”, según consta en un documento fechado en 2003.

14) Tras los atentados de Casablanca en 2003, Marruecos arrestó a Maympouni, el que alquiló la finca de Morata de Tajuña. Aunque vivía en España, aquellos hechos le sorprendieron en su país. Tras conocer su arresto, España pidió su entrega porque estaba procesado en una causa en la Audiencia Nacional. Las autoridades de su país se negaron alegando “deficiencias de forma en el trámite”. 

15) En diciembre de 2002 la Audiencia Nacional cursó una comisión rogatoria a Turquía para conocer más datos sobre Berraj y sus vínculos con la célula de Abu Dahdah. Esa documentación confirmó todas las sospechas: su relación con Azizi, cerebro del grupo, un arresto en el 2000 en Estambul y su paso por Afganistán. El problema es que la comisión rogatoria llegó a España horas antes del 11-M. Había pasado un año y cuatro meses desde que se pidió. 

16) La Policía Nacional tenía desde diciembre de 2003 la petición de Francia de que se controlase a Lamari. Tres años antes, habían sido también los franceses los que habían pedido el registro en el locutorio de Zougam en el que se halló abundante documentación. “Resulta difícil pensar que los servicios antiterroristas franceses careciesen, antes del 11-M, de algún otro tipo de información relevante para España”, dice el autor del libro.