Publicado: 23/11/2020 15:54
La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra España y más de una veintena de Estados miembro por su retraso en transponer a la legislación nacional todas las disposiciones de la nueva directiva sobre servicios audiovisuales, a pesar de que el plazo expiraba el pasado mes de septiembre.
En concreto, Bruselas ha decidido iniciar procedimientos de infracción contra todos los países miembro a excepción de Dinamarca, Hungría, Países Bajos y Suecia, que son los únicos Estados miembro que han notificado los detalles de las medidas de transposición a tiempo. También Reino Unido ha sido expedientado a pesar de estar a las puertas del Brexit ya que aún está obligado a cumplir las reglas de la UE.
A partir de ahora, los países incumplidores tienen un plazo de dos meses para responder al Ejecutivo comunitario y ofrecer información detallada sobre la situación de la directiva en su territorio.
Una directiva acordada a mediados de 2018
Si las autoridades no responden satisfactoriamente al requerimiento, los servicios comunitarios podrán dar el siguiente paso en el expediente y enviar un dictamen motivado, equivalente a un ultimátum para resolver la situación antes de llegar a la última fase del proceso, que supondría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva sobre servicios audiovisuales fue acordada a mediados de 2018 y se dio un plazo de dos años a los Estados miembro para que trasladaran las nuevas reglas a sus respectivas legislaciones, algo que no había sucedido aún a fecha de 19 de septiembre en 23 de los Veintisiete ni en Reino Unido.
"Ya es hora de que los Estados miembro trasladen las reglas y que lo hagan bien. La directiva revisada es una pieza clave de la legislación para el pluralismo de los medios", ha declarado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Justicia, Vera Jourova.
Jourova ha asegurado que "estas nuevas normas refuerzan la independencia de los reguladores de los medios, anima a la transparencia de los propietarios de medios y promueve la alfabetización mediática".
La directiva revisada quiso cubrir bajo el mismo marco regulador tanto a los medios tradicionales como a los surgidos de la era de la digitalización, incluidas las plataformas que ofrecen servicios a la carta.
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