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España

Santiago Vidal dice ahora que no investigó la ideología de los jueces catalanes

La declaración el pasado martes de los 'cerebros del procés' ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha puesto de manifiesto el giro de 360 grados que éstos han dado en sus versiones sobre el intento de declarar la independencia de forma unilateral.

Tanto el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal como el catedrático y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Viver, aunque especialmente el primero, han tratar de restar importancia a su trabajo, que según la Guardia Civil fue encaminado a sentar las bases jurídicas de las leyes para lograr la secesión del resto de España.

En concreto, Vidal negó en sede judicial que hubiera investigado la ideología de los jueces destinados en Cataluña, tal y cómo había alegado en diferentes declaraciones públicas: "Aclaro que ese trabajo de campo no existía, sino que fue una evaluación 'elucubrativa' o estimativa delo que yo personalmente pensaba lo que podría ser el pensamiento ideológico de la plantilla judicial que en aquel momento estaba trabajando en Cataluña, por lo tanto era una evaluación estrictamente personal, genérica y de naturaleza, ya digo, estimativa y especulativa, sin más finalidad que eso", puntualizó.

Vidal, que está siendo investigado "por su participación en los trabajos preparatorios para el desarrollo y la redacción de las leyes que se aprobaron en el Parlament de Cataluña para construir las estructuras de Estado", según el juez Ramírez Sunyer, también reculó en relación a sus declaraciones sobre que tenían previsto recibir un préstamo de 6.000 millones de pesetas.

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En este sentido, alegó que la había dicho "en un contexto de un mitin político y ante militantes: trasladé como un hecho una situación especulativa, de debate de ideas, de posibilidades de futuro, que había sido recogida en numerosos medios de comunicación", reconoció el imputado.

A preguntas de su abogada, ya que Vidal no quiso responder al juez y a la Fiscalía, el exsenador de ERC dijo que desconocía la existencia de la 'hoja de ruta' o documento 'Enfocats'. También renegó de sus declaraciones sobre que los secesionistas habían contratado a expertos extranjeros para adaptar la futura administración catalana, de que había un acuerdo para crear un Estado sin Fuerzas Armadas y de la existencia de un hipotético preacuerdo con la OTAN para participar sólo en misiones humanitarias.

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Así, su letrada llegó a preguntarle, de forma concreta, si era verdad que se habían contratado a expertos y que existía un preacuerdo con la OTAN para participar sólo en ayuda humanitaria? "No tengo conocimiento ni constancia de que eso sea cierto", respondió Santiago Vidal.

Denuncia de Vox

La importancia del testimonio de Santiago Vidal se debe a que el juez Ramírez Sunyer abrió la investigación sobre el 'procés', en la que permanecen imputados más de una veintena de altos cargos del Govern por su presunta participación en los preparativos del 1-O, a raíz de las denuncias que presentaron un particular y VOX por las afirmaciones de Vidal en sus conferencias, según informa Efe.

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En esas charlas, Vidal aseguró que el Govern tenía camuflada una partida de 400 millones de euros para preparar el referéndum de independencia y las estructuras de Estado y que estaba recopilando de forma ilegal los datos fiscales de los contribuyentes catalanes.

Precisamente este jueves, la Fiscalía pidió al juez Ramírez Sunyer que prorrogue la investigación por complejidad de la causa, ante la previsión de que las diligencias a practicar se prolonguen durante meses.

Seis meses más

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona dictó una providencia en la que dió traslado de la petición de la Fiscalía al resto de acusaciones y defensas de la causa, para que se pronuncien en relación a la prórroga solicitada.

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La causa que el juez abrió el pasado mes de febrero para investigar los preparativos del referéndum ya había sido declarada compleja una vez transcurridos los seis meses que la ley fija como máximo para que se concluya una instrucción judicial.

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