Tribunales

El Supremo da vía libre a Sánchez para sacar a Franco del Valle de los Caídos

Los jueces han apreciado una justificación de urgencia para avalar el Real Decreto ley del Gobierno que acuerda la exhumación; y ha avisado al juez de Madrid que mantiene paralizadas las obras que no se necesita licencia municipal

Lápida de Franco en el Valle de los Caídos.
Lápida de Franco en el Valle de los Caídos.

El Tribunal Supremo da vía libre a Pedro Sánchez para sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y trasladarlo al Cementerio de El Pardo-Mingorrubio. En la sentencia, recogida por Vozpópuli, los magistrados han señalado el camino al juez de Madrid que había paralizado las obras en el municipio San Lorenzo de El Escorial. "Es legal" y "no necesita licencia municipal", según ha subrayado el Alto Tribunal en la resolución de 53 folios. "Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original", ha puntualizado.

Los magistrados han considerado que "no se infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor la que supone la exhumación según el proyecto presentado por Patrimonio Nacional". Con esta decisión, el Supremo elimina el último escollo del Ejecutivo para dar traslado al dictador.

El juez de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid tendrá ahora que pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas en demanda interpuesta por Leonardo Falcó Rodríguez, del entorno de la familia Franco. Y, según ha señalado el Supremo, tendrá que permitir la exhumación al tratarse de una obra que no infringe la legalidad urbanística

La decisión fue acordada por unanimidad el pasado martes por los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Los jueces desestimaron el recurso interpuesto por los familiares de Francisco Franco en relación con la exhumación propuesta por el Ejecutivo.

Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original

En concreto, en la sentencia se han rechazado los tres motivos alegados por la familia del dictador: la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 10/2018, la ilegalidad de la exhumación y la arbitrariedad de la denegación de la inhumación en la Cripta de la Catedral de la Almudena.

No se lesiona el derecho a la intimidad familiar

Los magistrados no han encontrado razones para dudar de la constitucionalidad del Real Decreto y han apreciado la "existencia de justificación de la urgencia y necesidad exigidas por la Constitución en los términos que ha considerado suficientes el Tribunal Constitucional". 

Aunque comprende el derecho a elegir el destino de los restos familiares, no es un derecho absoluto y puede ser limitado por razones de interés público

En el fallo, los jueces han insistido en que la exhumación "no afecta la libertad religiosa sino que atiende a los cumplimientos de los fines" de la ley y que no lesiona el derecho a la intimidad familiar, ya que "aunque comprende el derecho a elegir el destino de los restos familiares, no es un derecho absoluto y puede ser limitado por razones de interés público".

Asimismo, han estimado que "no puede tacharse de irrazonable considerar factor de riesgo cualificado la inhumación de los restos en el centro de la ciudad". Y han recordado que la vigilancia en la Catedral de la Almudena "es muy superior a la que hay en otros lugares y a la existente en la actualidad en El Pardo-Mingorrubio".

La familia recurrirá

El mismo día que se dio a conocer la resolución, el abogado que defiende a la familia del dictador, Luis Felipe Utrera, aseguró que los nietos de Franco recurrirán el fallo "por una cuestión de dignidad". El Gobierno, por su parte, sacó pecho de la situación y advirtió que intentará ejecutar la sentencia "antes de la campaña electoral".

La sentencia ha tenido lugar tres meses después de que el Alto Tribunal paralizara la exhumación  a raíz de una petición de la familia del dictador, la Fundación y la comunidad de monjes benedictinos de la Abadía del Valle de los Caídos

En aquella ocasión, los jueces alegaron que intentaban evitar "el perjuicio" que se causaría "a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan".

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