El juez que paró la exhumación de Franco reactiva la causa tras interrogar a los peritos

Los peritos arquitectos propuestos por el entorno de la familia de Francisco Franco acudieron el viernes y el lunes al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, cuyo titular es el magistrado José Yusti Bastarreche, para explicar el contenido del dictamen en el que se resaltan los supuestos riesgos arquitectónicos que supondría la exhumación para la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas.

Este dictamen pericial de los arquitectos José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey sirvió de base para que el magistrado, que ha reactivado la causa, aceptara en febrero la paralización cautelar de la apertura de la lápida, ante "el riesgo evidente" de que pudiera haber un accidente.

No obstante, el juez ya había planteado sus dudas sobre los efectos que podría tener sobre el conjunto del Valle de los Caídos "remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilogramos de peso".

Arquitecto municipal

También fue citado al Juzgado, según apuntan a este diario las citadas fuentes jurídicas, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, cuyo Consistorio -ahora en manos de la alcaldesa del PP- ha rechazado emitir valoraciones sobre el proceso de exhumación.

Las convocatorias señaladas se producen después de que la Abogacía del Estado presentara al juez Yusti Bastarreche un informe pericial que defiende la versión contraria a la de los peritos del entorno de la familia de Franco: que las obras de la exhumación no afectarán a la estructura del Valle de los Caídos.

Decisión del Supremo

Las decisiones del juez Yusti Bastarreche se producen en un ámbito competencial al de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que este martes ha acordado por unanimidad desestimar en su totalidad el recurso interpuesto por los familiares de Francisco Franco en relación con la exhumación acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El gabinete de prensa del Alto Tribunal adelantó a los medios la decisión de los magistrados de rechazar la petición de los Franco que reclamaban que, en todo caso, el cuerpo del dictador fuera trasladado a la Catedral de la Almudena, donde compraron una cripta.