En España

Los 'cachorros' de Daesh se hacen mayores: entre la rehabilitación y el radicalismo

Los hay que cuando cumplen los 18 años van a una cárcel de adultos por su nula mejoría, pero también existen casos de jóvenes que se apartan del terrorismo para siempre

Dos gemelos detenidos por la Guardia Civil en 2015 y recientemente expulsados a Marruecos
Dos gemelos detenidos por la Guardia Civil en 2015 y recientemente expulsados a Marruecos Guardia Civil

Los expertos en la lucha contra la desradicalización yihadista entre los menores advierten de que no existe un patrón único a la hora responder a los programas socieducativos. Muchos de los jóvenes que en su día fueron investigados y juzgados por su relación con el terrorismo ya han cumplido la mayoría de edad sin que en algunos casos hayan abandonado las ideas radicales que provocaron su condena. Al mismo tiempo, también hay casos en los que la rehabilitación es efectiva y no vuelven a delinquir. Vozpópuli ha tenido acceso a varios casos reales de menores que permiten analizar la respuesta que se da en España a este problema.

Raúl (nombre ficticio)  fue condenado el 18 de diciembre de 2015 a tres años de internamiento en régimen cerrado y a otros tres años de libertad vigilada con contenido socioeducativo. Por ello fue ingresado en el Centro de Menores L’Alzina de Barcelona. No obstante, el año pasado el propio centro propuso que siguiese cumpliendo su pena en una cárcel convencional. Los expertos que le trataban cada día y que trabajaban con él su rehabilitación concluyeron que no estaba preparado para regresar a la vida en libertad.

De origen sudamericano y converso al Islam, Raúl fue detenido en el marco de la operación Caronte de los Mossos d’Esquadra. Los miembros de la célula con la que se relacionaba acabaron condenados a penas de entre 8 y 12 años de cárcel por pretender atentar en España y matar a un “infiel” y grabarlo en vídeo.

Trasladado a una cárcel de adultos

Cuando un menor cumple los 18 años de edad, como fue el caso de Raúl, la Ley obliga a revisar su internamiento. Cabe la posibilidad de que el condenado siga cumpliendo su pena en un Centro Penitenciario de adultos si no se ha desradicalizado. En ese sentido, el informe del Centro de Menores calificó como “No logrado” el objetivo de “cuestionar de forma crítica y reflexiva valores, ideales y actitudes legitimadoras de la violencia”.

Además decía que el menor “tiende a minimizar la gravedad de los hechos” delictivos cometidos al tiempo que su relato atesoraba “contradicciones y ambivalencias”. “No habla con nadie de su delito y ha cambiado su discurso”, precisaba el centro. El informe destacaba incluso que Raúl tenía una “postura de superioridad moral que le ha generado una cierta idolatración por parte de sus compañeros, especialmente de los más jóvenes que lo toman como un modelo a imitar”. Esta actitud generaba incluso “fervor religioso por parte de los menores de origen magrebí”, según el documento.

“Se relaciona sólo con compañeros árabes sobre los que ejerce una actividad de liderazgo con la finalidad de que cambien sus hábitos religiosos, llevándolos a la interpretación más ortodoxa, incluso en alguna ocasión de forma amenazante”, añade el informe, según el cual, con su actitud animaba a otros menores a no asistir a talleres donde se abordaba el Estado Islámico. Por todo ello, se le tuvo que cambiar tres veces de unidad para impedir que ejerciese malas influencias.

"Nula motivación"

El equipo técnico del juzgado de menores de la Audiencia Nacional dio el visto bueno a estas conclusiones porque, a su juicio, supone un “grave riesgo y pone en evidencia la nula motivación de cambio de estilo de vida y alejamiento de sus creencias radicales”. Por todo ello, Raúl fue ingresado en una prisión de adultos, por orden del juez de menores de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, al menos hasta cumplir los tres años de régimen cerrado que le impusieron en diciembre de 2015.

Casos como este son la cara negativa de los menores yihadistas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado coinciden en que cuando se produce una rápida radicalización es más fácil trabajar con estos adolescentes para reconducir sus actitudes. Son jóvenes que, ya sea en la soledad de su habitación a través de Internet o en el entorno de los centros de culto, experimentan en cuestión de semanas un cambio que se aprecia incluso físicamente o en la forma de vestir.

Menos amenaza representaba para los expertos el caso de Karim (nombre ficticio). La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Melilla detectó que con 17 años de edad y con la intención de ensalzar el yihadismo entre sus compañeros de 4 de la ESO acostumbraba a compartir archivos de audio y de vídeo a través de un grupo de WhatsApp llamado “Al+ Lah Hubark”. Según el relato de la sentencia, en el grupo se proclamaba yihadista, ensalzaba la guerra santa e incitaba a cometer atentados. Por estos hechos, la Fiscalía de Menores abrió una investigación que terminó en la Audiencia Nacional.

Un año de libertad vigilada

El joven Karim, acompañado por sus padres y su abogado acudió en diciembre a la vista ante la Audiencia Nacional donde acabó reconociendo los hechos y aceptando una pena de un año de libertad vigilada que solicitó el Ministerio Público con el visto bueno del Equipo Técnico del Juzgado de Menores. Atendiendo a su perfil y a la “proporcionalidad” de la pena, los expertos no consideraron oportuno una condena mayor. El castigo incluía requisarle el teléfono móvil en el que tenía el contenido yihadista.

Mohammed (nombre ficticio) es el siguiente ejemplo. Este menor residente en Las Palmas fue investigado por la Guardia Civil. También usaba internet, concretamente Facebook, para difundir un ideario radical en el que llegó a justificar los atentados de la sala Bataclan en París. “Así amaneció hoy Francia… Ah, no espera, esto es Siria y a la prensa no le importa”, dejó escrito junto una fotografía de civiles muertos. Ese mismo día publicó otro comentario que decía “Fuck París”. Como el joven anterior, también tenía un grupo de WhatsApp con sus compañeros de instituto en el que se expresaba en términos radicales.

“Yo soy un refuerzo de yihadista”, “me uniría para defender mi religión”, “tendremos que salir todos a la calle a matar”, “le dije (a la Policía): ‘ten cuidado antes de que explote algo al lado tuyo. Si me quieres detener, detenme’“... son algunos de los comentarios que vertió en el chat. El mismo día de los atentados de París, se negó a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio organizado por su instituto. “Ahora que están todos juntos es cuando habría que poner una bomba”, dijo en ese momento.

El ámbito formativo laboral

Todos estos elementos merecieron la atención de la Fiscalía, que abrió un expediente que también acabó en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pidió para él un año de libertad vigilada por enaltecimiento del terrorismo e hizo especial hincapié en “el ámbito formativo/laboral, fundamental para su desarrollo e integración social y fomentar las actividades estructuradas de ocio y tiempo libre". Estas consideraciones contaron con el aval del Equipo Técnico del Juzgado de Menores. Hasta la fecha, no consta que Karim y Mohammed hayan reincidido en sus conductas radicales.

Este mes el Ministerio del Interior procedió a expulsar de España dos hermanos gemelos que fueron detenidos en Badalona (Barcelona) en una operación contra el terrorismo yihadista en 2015, cuando tenían 16 años de edad. Fueron entregados a Marruecos, su país de origen, en virtud de una orden judicial por su radicalización, según el Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido.

Ya son mayores de edad y expertos en la lucha contra la radicalización dudan de la efectividad de estas medidas cuando ya habían completado un proceso de rehabilitación. Temen que decisiones como estas, aunque recogidas en la Ley, contribuyan negativamente a su evolución al arrancarles de su entorno. Apuntan que actualmente expulsar a alguien a Marruecos no reporta un gran avance en términos de seguridad para España ya que regresan con cierta facilidad.

Absuelta tras fugarse a Argelia

Yamila (también nombre ficticio) ni siquiera llegó a tener que someterse a programas de rehabilitación porque fue absuelta. Su caso es particular. Era una menor de Banyoles (Girona), acusada de un delito de auto adoctrinamiento con fines terroristas. La Fiscalía pidió para ella un año de internamiento, suspendido por un plazo de dos años en el que la menor estaría obligada a seguir un programa socioeducativo dirigido a una mayor estabilidad emocional y reforzar la relación con su familia. Con apenas 17 años de edad Yamila cogió un taxi dirección al aeropuerto de El Prat de Barcelona donde tomó un vuelo con destino Argelia.

Temerosos de que pudiese haber ido a alguna zona en conflicto, sus padres alertaron a las autoridades, que procedieron a analizar su ordenador personal. En él encontraron numeroso material yihadista. Finalmente sus padres la hallaron en Marruecos, donde se había desplazado desde Argelia. Al regresar a España, siguió consultando contenidos radicales, ahora ya bajo el foco de los Mossos d'Esquadra. Los investigadores nunca supieron con quién estuvo durante su huida a Argelia, en parte porque las autoridades de ese país no llegaron a remitir la comisión rogatoria solicitada.

Durante el juicio ella declaró que tenía una mala situación con sus familiares y por eso puso tierra de por medio acudiendo al encuentro de un joven al que había conocido por internet y del que no dio más pistas que su nombre. La menor había estado bajo tratamiento psicológico y había protagonizado incluso varios intentos de suicidio. Sobre los vídeos hallados afirmó que era por curiosidad, una característica que acreditó una de sus profesoras, que declaró como testigo. Según dijo, la docente, Yamila llegó a condenar los atentados yihadistas durante un debate que mantuvieron sobre el terrorismo en clase. Teniendo en cuenta todos estos elementos, el juez optó por absolverla.

Por edad están sujetos a un proceso distinto donde la Fiscalía hace la labor investigadora y el Juzgado de Menores de la Audiencia Nacional tiene la última palabra. Las condenas pueden alcanzar un máximo de ocho años en régimen cerrado, pero son raros los casos en los que se imponen penas tan altas. Atendiendo a la proporcionalidad del castigo, se opta por estrategias centradas en trabajar con los entornos familiares sin frenar la formación académica y laboral de los jóvenes.



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