La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado este lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del 'procés' e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Pese a las enmiendas presentadas por el PSOE, finalmente la resolución de Cilevics, en base a su informe '¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?', ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron "desproporcionadas".

Tras la publicación del informe, el Gobierno ha comunicado que "mantiene un reproche general" al documento, además de apreciar "un vicio de origen" e incoherencias, pues cuestiona la libertad de expresión de los políticos en España e insta al Ejecutivo "a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes".

El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del 'procés' y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que "considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos".

"Esto no puede hacerlo el Gobierno"

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que "se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos".

El PSOE había pedido expresamente suprimir este punto. "Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial" y por tanto "sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes", ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. "El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial", ha recalcado.

Tampoco han prosperado las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías.

"España es una democracia sólida, un país descentralizado con tribunales independientes y cuya realidad es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que se muestra en este informe", ha defendido el diputado popular Pablo Hispán.

Reacción de Exteriores

El Ministerio de Asuntos Exteriores explica en un comunicado que el informe avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad. Además, valora que el texto haya evolucionado desde su redacción inicial a posiciones más matizadas y respetuosas con España.

"Varias de sus recomendaciones -añade- forman parte de la política diseñada por el Gobierno desde hace tiempo para encontrar una vía que permita el reencuentro entre catalanes y entre los catalanes independentistas y el resto de los españoles, como son la apertura del diálogo, la concesión de indultos o la revisión del delito de secesión".

No obstante, "persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas", advierte el comunicado.

"Este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator", lamenta el Ministerio de Exteriores.

El departamento que dirige Arancha González Laya advierte de que las recomendaciones que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones, "chocan directamente con el principio básico de la separación de poderes".

Por otra parte, el Ministerio opina que la resolución consolida la línea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, marcada en el debate del pasado 3 de junio, que reconocía a España como "una democracia vibrante, con un Estado de derecho que funciona, con jueces independientes y con un orden constitucional que es preciso respetar".

"Reconocía también que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y que desafió los mandatos del Tribunal Constitucional", concluye Exteriores.