La resolución del TC sobre el estado de alarma amenaza con dejar sin efecto 1,2 millones de multas

El Tribunal Constitucional ha declarado que el confinamiento domiciliario impuesto durante el primer estado de alarma (entre marzo y junio de 2020) fue inconstitucional, ya que se produjo una suspensión de los derechos fundamentales. Por seis votos a favor (incluido el de la vicepresidenta Encarnación Roca) y cinco en contra, los 11 integrantes del tribunal de garantías han declarado inconstitucional el confinamiento domiciliario

La resolución defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez debería haber decretado el estado de excepción y no el estado de alarma como hizo, ya que se trataba de una suspensión de derechos fundamentales y no una simple. Una resolución que, además de suponer un varapalo para la gestión del Gobierno, también se traduce en un problema para las comunidades, que ahora tendrían que revertir las miles de multas tramitadas, y algunas ya pagadas, a la ciudadanía por saltarse el confinamiento o realizar traslados entre regiones cuando no estaba permitido.

En concreto, se declaran inconstitucionales y nulos los apartado 1, 3 y 5 del artículo 7, relativo a la limitación de la libertad de circulación de personas. Los magistrados tumban los preceptos en los que se apoyó el Gobierno para restringir la salida a la calle en plena lucha por la pandemia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez limitó estas salidas a siete casos concretos: adquisición de alimentos, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar del trabajo y bancos, retorno al lugar de residencia, cuidado a mayores y por causa de fuerza mayor.

Durante esos meses se impusieron 1,2 millones de sanciones, que tras esta declaración pasarían a quedar automáticamente anuladas, incluso si ya tenían sentencia firme, tal y como señaló el magistrado del sector conservador del Tribunal Constitucional Pedro Trevijano.

Además, la resolución decidida en el alto tribunal avala los cierros de comercio, asumiendo que no se aceptarían reclamaciones por los posibles perjuicios económicos que hubieran sufrido comercios, industrias y particulares al detener su labor, pero deja en duda qué pasará con todos aquellos que ingresaron en prisión por saltarse sistemáticamente el confinamiento.

Sólo 7.408 acabaron en sanción

La Policía Nacional tramitó 286.980 propuestas de sanción, la Guardia Civil 337.866 y los cuerpos autonómicos y locales 517.281. En total, 1.152.127. Pero de esas, sólo 7.408 terminaron en multa para los ciudadanos. Valencia (842), Las Palmas (777), Tenerife (609), Granada (384) y Cáceres (341) son las provincias en las que más sanciones se interpusieron. En el extremo contrario se ubican Madrid (17), Zaragoza (15), La Rioja (8), Sevilla (5), Jaén (4), Málaga (1) y Castellón (ninguna).