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Así serán los pasos contra España si Bruselas objeta la reforma del CGPJ

El Gobierno se arriesga a que la Comisión Europea le abra un procedimiento de infracción y ser condenado en el TJUE, que podría imponer una multa económica hasta que se modificase la ley. También podría perder el derecho de voto en el Consejo

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el presidente español, Pedro Sánchez; y la canciller alemana, Angela Merkel
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el presidente español, Pedro Sánchez; y la canciller alemana, Angela Merkel EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez se puede enfrentar a un tortuoso camino en las instituciones europeas si prospera su reforma exprés del Poder Judicial. Tanto la Comisión Europea como el Consejo tienen mecanismos punitivos para los Estados miembros que infringen la normativa comunitaria con su legislación nacional.

España se podría topar con dos caminos que conducen a sanciones. El más común pasa por las manos de la Comisión, que en todo caso no se podrá pronunciar de forma taxativa hasta que la nueva ley esté en vigor. Tanto PSOE como Podemos coinciden en que las modificaciones en la ley del Poder Judicial podrían entrar en vigor en dos meses.

En ese momento, el Ejecutivo comunitario analizaría si la ley española es compatible con la normativa europea. Es decir, si incumple alguna directiva o norma de la UE. En el caso de que Bruselas observase una vulneración de la misma, mandaría una primera carta al Gobierno español conminándole a modificarla en un plazo determinado de tiempo, que suele ser de varios meses.

Si España no contestase a la misiva o persistiese en su empeño, entonces Bruselas enviaría una segunda carta que en el argot comunitario se conoce como "opinión razonada". El Ejecutivo comunitario indicaría entonces dónde están las vulneraciones de la normativa europea y recomendaría a Madrid el contenido que hay que cambiar. En este caso también se le daría un plazo determinado para ello.

En el caso de que el Ejecutivo de Sánchez persistiese en su empeño, la Comisión Europea podría abrir entonces un procedimiento de infracción contra España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), órgano con sede en Luxemburgo que, en último término, tendría la potestad de imponer sanciones económicas por cada día que pase el Estado miembro sin adecuar su legislación a la normativa europea.

Polonia pregunta a la Comisión Europea si también sancionará a España por el proyecto de reforma del CGPJ
Polonia pregunta a la Comisión Europea si también sancionará a España por el proyecto de reforma del CGPJ Europa Press

Bruselas ha abierto varios procedimientos de infracción contra Polonia y Hungría por cuestiones relacionadas con el Poder Judicial. En mayo de este año, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, anunció el cuarto procedimiento contra Polonia por atentar contra el Estado de derecho. El nuevo expediente cuestionaba la reforma judicial introducida en febrero pasado por el Gobierno polaco que lidera el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) y que, según Bruselas, atentaba contra la independencia de los jueces. Varsovia recibió un plazo de dos meses para tomar medidas y enmendar la reforma.

"La nueva ley sobre el poder judicial socava la independencia judicial de los jueces y es incompatible con el derecho primario de la UE", resumió la comisaria checa al referirse a una ley criticada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

A juicio del Ejecutivo comunitario, la norma polaca del PiS impide a los jueces aplicar determinadas disposiciones de la legislación de la UE para proteger la independencia judicial. Un ejemplo era la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea ya llevó a Polonia ante el TJUE en 2019 por el régimen disciplinario aplicable a los jueces del Tribunal Supremo y otras instancias.

La mayor parte de las condenas judiciales de España en Luxemburgo ha sido por temas medioambientales. Nuestro país ha tenido el dudoso honor de encabezar durante varios años el ranking de infracciones abiertas por este motivo. A inicios de este 2020, antes de la pandemia, España era el segundo país más infractor por detrás de Grecia con 24 casos. En 2018 llegó a tener hasta 32 contenciosos abiertos con la Comisión Europea.

El artículo 7 del Tratado

La segunda vía es la activación del artículo 7 del Tratado de la UE cuando un país no cumple el artículo 2 en el que se enumeran los principios de libertad, Derechos Humanos y Estado de Derecho que rigen en toda la Unión Europea. Este camino es excepcional, para casos extremos, y el país señalado puede quedarse sin derecho de voto en la toma de decisiones del Consejo de la UE, el órgano que forman los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. En la práctica, supone una suspensión de facto de ese Estado miembro.

La activación de dicho artículo parte de la Comisión Europea -como fue en el caso polaco- o del Parlamento Europeo -caso húngaro-. En ambos casos se pasa por una votación de la Eurocámara, que tiene la potestad de instar al Consejo a que actúe contra un Estado miembro ante la existencia de un claro riesgo de vulneración de los derechos comunitarios. Antes de hacerlo, los ministros deben escuchar a las autoridades nacionales concernidas.

La pérdida del derecho de voto requiere que estén a favor de ello 4/5 de los Estados miembros sin contar el país afectado. Es decir, 22 de 27 socios

Ambos casos están ahora en manos del Consejo, es decir, de los países europeos que tendrán que decidir y votar, en último término, si constatan la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en esos países. Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de 4/5 de los Estados miembros sin contar el país afectado. Es decir, 22 de 27 socios, según recordaba Efe. Los países también pueden optar por hacer recomendaciones al país destinadas a hacer frente a los peligros para los valores fundacionales de la Unión Europea.

Según el primer informe sobre el Estado de Derecho publicado por la Comisión Europea el pasado septiembre, las reformas judiciales en Polonia han sido desde 2015 "una fuente importante de controversia, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, y han suscitado graves dudas, varias de las cuales persisten".

Las reformas de Varsovia han afectado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Además, han aumentado la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el sistema judicial y, por lo tanto, han debilitado la independencia judicial.

En 2019 y 2020, la Comisión puso en marcha dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial y el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo en asuntos disciplinarios que implican a jueces.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Efe

En cuanto a Hungría, la independencia judicial en este país centroeuropeo también es fuente de "preocupación" para las instituciones europeas. Ya en 2018, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existía un riesgo de violación del Estado de Derecho.

A eso se sumaba la negativa del Gobierno de Viktor Orban a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y expresión, la aprobación de las leyes sobre control de las ONG y sobre universidades, que ponía obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa.

Las nuevas normas permiten la designación para el Tribunal Supremo de miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el Parlamento, fuera del procedimiento normal, y rebajan los requisitos de admisibilidad para el presidente del Tribunal Supremo, algo parecido a lo que el Gobierno de Sánchez quiere introducir ahora para la elección de miembros del CGPJ.

"Nada que ver con España"

El exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, en la actualidad eurodiputado del PSOE, no cree que sean equiparables los casos de Polonia y Hungría con el que se empieza a plantear con España. "Es una falacia que la ultraderecha en Polonia y Hungría quiera equiparar el señalamiento de sus atropellos a las minorías parlamentarias, en sus respectivos países, con una iniciativa legislativa adoptada de acuerdo con la Constitución y con el apoyo del PSOE y de Podemos en el Congreso, que no suman juntos mayoría absoluta y necesitan integrar a otras minorías para poder alcanzarla", subrayó a Vozpópuli.

El procedimiento del artículo 7 contra Varsovia y Budapest "en ningún caso se puso en marcha", advirtió Aguilar, "porque aprobasen una ley, sino porque en el corto espacio de tiempo sacaron cuatro o cinco que volvieron del revés todas las instituciones del Estado".

El eurodiputado socialista insistió en que ambos países dieron sus respectivos pasos infractores con el apoyo únicamente de la mayoría absoluta que apoyaba al Ejecutivo. Es decir, "sin contar con nadie más". "Nada que ver con lo que pasa en España", concluyó.

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