El Gobierno da el primer paso para crear un gran fondo de pensiones público

El Consejo de Ministros ha analizado en primera vuelta el anteproyecto de ley reguladora de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y de planes de pensiones de empleo simplificados. Se trata de la gran proyecto del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que quiere fomentar los planes de pensiones de empresa, ahora sólo el 25% del total, frente a los individuales y de sumar al Estado como promotor, en línea con el modelo de otros países como Reino Unido, y que forma parte de la segunda parte de la reforma de las pensiones que quiere acometer en 2022, según se ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación. Para Escrivá, esta situación es "anómala". Los planes colectivos estaban lastrados por procesos complejos, ha explicado, y ha subrayado que los planes individuales se elegían principalmente por las rentas altas.

El ministro prevé que esta ley, que revoluciona el escenario de planes de pensiones en España y que tiene de momento el rechazo frontal de patronal y sindicatos, esté en vigor en junio. La norma quiere propiciar que trabajadores de pymes, rentas bajas, autónomos y Administraciones Públicas accedan al plan. Con este fin, se quiere reforzar la negociación colectiva, que se simplifica a un paso frente a los siete pasos que tiene que dar ahora, con una plataforma digital común que facilita la portabilidad.

Los planes de empleo son los que promueven empresas e instituciones para sus empleados para complementar la pensión que reciben de la Seguridad Social al jubilarse. El proyecto de Inclusión plantea una comisión máxima del 0,5%, muy inferior a los límites legales que hay ahora, de entre el 1,05% y el 1,7%, con tutela pública. Escrivá ha apuntado que se fijará cuando se liciten y que estará muy por debajo de los límites actuales, en línea con su coste. El objetivo es "fomentar la creación de la nueva previsión social incardinada en las empresas y facilitar el acceso a los planes de empleo colectivos que, hasta ahora, encuentra dificultades para acceder a los mismos". En España, además, suscriben planes de pensiones sólo el 10% de la población ocupada, porcentaje muy por debajo de de países de nuestro entorno, que se sitúan entre el 25% y el 90%.

Escrivá quiere atraer a los más de un millón de autónomos que han suscrito planes de pensiones con comisiones elevadas y rebajas fiscales decrecientes. La promoción de los planes de empleo empezó en los Presupuestos de 2021, en lo que se rebajó de 8.000 a 2.000 euros la cantidad máxima de las aportaciones que puede desgravarse en el IRPF, e incrementó la de los planes de empresa hasta los 8.000, con un tope conjunto de 10.000 euros. Este acoso a los planes privados lo mantienen las Cuentas de 2022, que reducen la cuantía a 1.500 euros y elevan la de los de empresa a 8.500, con el mismo límite.

En el proyecto de Presupuestos de 2022 se dice que el incentivo fiscal de 8.500 euros será aplicable a todos los planes de empresa, pero el borrador que hasta ahora manejaba el Ministerio no aclaraba la fiscalidad de los nuevos planes que desarrolla. Escrivá ha dicho que los asalariados que se acojan a este propuesta podrán beneficiarse del tope conjunto de 10.000 euros. Para los autónomos, sin embargo, el tope baja a 5.750, ya que no habrá aportación de la empresa.

Intervención pública

El proyecto tendrá un alto grado de intervención pública, con una Comisión Promotora y de Seguimiento designada por el Ministerio y formada por cinco funcionarios, que aprobará los nuevos fondos y establecerá directrices, realizará un seguimiento y tendrá derecho de veto sobre las decisiones de los gestores. Así, la gestión se externalizará en un procedimiento abierto y competitivo a entidad privadas, en principio con patrimonio gestionado superior a los 1.000 millones. en el caso de entidades depositarias, más de 10.000 millones de activos. Habrá una Comisión de Control Especial para supervisar la gestión del dinero aportado con representantes de Ministerio (9), y cuatro de sindicatos y patronal, respectivamente. La cuestión es que aunque se establece que el objetivo de las inversiones deberá ser la rentabilidad, se mencionan criterios sociales de transición energética y vivienda social, requisitos que pueden resultar conflictivos.