Cada agente que forme parte de la escolta del expresidente catalán Carles Puigdemont en Bruselas podría tener un sueldo cercano a los 75.000 euros al año. Los Mossos d'Esquadra serían los escogidos para realizar esta labor si reciben la autorización del Ministerio del Interior ya que con la ley sobre la mesa no podrían desempeñarla esta función al desarrollarse fuera de Cataluña. El dispositivo de seguridad de Puigdemont constaría de cuatro agentes como mínimo y ascendería a más de 300.000 euros para las arcas públicas debido a las dietas que se cobran en el extranjero, según informan fuentes policiales a Vozpópuli.
Las fuentes consultadas subrayan a este diario que los Mossos no podrían realizar este trabajo de escolta de Puigdemont porque no tienen competencia fuera de Cataluña. No obstante, todo parece indicar que recibirán finalmente la autorización para poder desempeñar esta labor.
Un agente de los Mossos cobra un mínimo anual de 43.000 euros brutos. Este trabajo en Bruselas conllevaría un incremento de 209 euros al día en concepto de dieta internacional. Descontando días libres y vacaciones tendría un salario anual de unos 74.500 euros. El dispositivo de escolta de Puigdemont debería contar mínimo con cuatro efectivos. El montante total se elevaría a una cantidad cercana a los 300.000 euros que debería aportar Cataluña. No es descartable que esta acción recaiga en manos de la Policía Nacional o la Guardia Civil aunque no es la preferida por las partes actoras de todo el dispositivo.
Un prófugo con escolta
Consultado sobre este asunto, el sindicato Jupol ha considerado a Vozpópuli que esta situación sería una "contradicción y una aberración". "Que los contribuyentes españoles tengan que hacerse cargo de la escolta de una persona huida de la justicia e investigado por delitos muy graves, incluso el de terrorismo", indican fuentes de la entidad.
Desde JUPOL instamos a Puigdemont a que "si cree que está comprometida su seguridad a quien debería solicitar la protección sería a las autoridades belgas, ya que es donde reside actualmente o bien a los servicios de seguridad del Euro Parlamento en su calidad de eurodiputado".
La polémica sobre este asunto saltó a la palestra este martes cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el Ministerio del Interior tramitará la petición del expresidente catalán Carles Puigdemont de tener escoltas: "Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber".
Dudas con la escolta en Bruselas
Un día antes, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, volvió a pedir por carta al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que ponga escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la "peligrosidad y el riesgo hacia su persona" detectado "desde hace algunas semanas".
Sin embargo, fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat consultadas por EFE recordaron que los Mossos d'Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica requieren de la autorización del Ministerio de Interior que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.
Precisamente, sobre este asunto, el departamento de Fernando Grande Marlaska ha dejado el balón en el tejado de la Genetalitat. Afirman que son ellos quienes deben responder a la petición de Puigdemont de tener escoltas de forma inmediata.
La polémica escolta de Puigdemont
Defienden que el Gobierno catalán será el encargado de decidir si el expresidente cumple con los "criterios técnico-policiales" para tener escolta. Desde Interior afirman que si este operativo se desarrolla en el extranjero el país debería autorizar la entrada de los agentes para defender la integridad de Puigdemont.
l servicio de escolta a Puigdemont ha generado desde su huida de España en 2017 diferentes polémicas.
La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente. En abril de 2018, según EP, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont, rechazando así la petición que le hizo al Gobierno el exjefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra.