Los guardias civiles estallan contra su director general por el nuevo reparto en la equiparación salarial

La asociaciones de la Guardia Civil han estallado contra el director general del cuerpo, Félix Azón, por el resultado de las últimas reuniones para terminar de apuntalar el reparto del presupuesto que se destinará a la equiparación salarial del Instituto Armado y la Policía Nacional con los agentes de Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes conocedoras del contenido del encuentro celebrado el pasado miércoles, se ha acordado un nuevo reparto de los porcentajes a repartir entre los dos cuerpos de seguridad nacionales. Según aseguran las asociaciones, la Guardia Civil recibirá 2,5 millones de euros menos de lo acordado, que irá a parar a los bolsillos de los policías.

Los representantes de los agentes apuntan que Azón “no tiene capacidad para decidir qué porcentaje corresponde a cada cuerpo” ya que el acuerdo firmado establece que cada director general “proponer a la Secretaría de Estado de Seguridad el criterio de reparto de las cantidades entre los funcionarios” y no de manera unilateral, como aseguran que ha pasado.

Según las asociaciones, este cambio “se basa exclusivamente en criterios de oportunidad política”. Los guardias civiles van más allá en sus duras críticas a Azón y afirman que se “ha atribuido” la capacidad de negociar en nombre y representación de los agentes.

Interior afirma que cobrarán en abril

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la semana pasada que los policías y los guardias civiles empezarán a cobrar en la nómina de abril la subida salarial correspondiente a 2019, según se aprobó en el acuerdo de equiparacióncon las policías autonómicas.

El anuncio lo realizó en la Comisión de Interior, donde ha explicado que los 250 millones de euros comprometidos en 2019 serán cobrados en abril a pesar de que no hay Presupuestos Generales del Estado, utilizando para ello el Decreto Ley 24/2018 que el Gobierno aprobó en diciembre y que el Congreso convalidó el 22 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.